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España
Seguridad · Accidente de Urda

El comité de Adif avisó de que la sobrecarga afectaba a la seguridad

Una carta del Comité General de Empresa, fechada el 23 de enero, alertaba del estrés en los centros de regulación de la circulación. El Gobierno sostiene que el accidente de Urda se debió a un error del centro de control de Atocha.

Foto: vía The Objective

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Claves

  • El Comité General de Empresa de Adif avisó el 23 de enero de que la sobrecarga en los centros de regulación afectaba a la seguridad en la circulación.
  • El comité pedía más plantilla, mejores medios técnicos y más formación; según fuentes sindicales, las condiciones no cambiaron hasta el accidente de Urda.
  • Puente sostiene que el centro de control de Atocha autorizó al AVE a circular con normalidad y que los operarios no estaban estresados antes de esa orden.
  • Las peticiones de dimisión de Puente continúan y el ministro comparecerá el martes 3 de noviembre en la Diputación Permanente del Congreso.

El Comité General de Empresa de Adif advirtió a la dirección del gestor ferroviario, el 23 de enero, de que la sobrecarga de trabajo en los Centros de Regulación de la Circulación (CRC) estaba «afectando correlativamente a la seguridad en la circulación». The Objective ha publicado la carta este domingo. El texto se envió unos días después del accidente de Adamuz (Córdoba), cuando todavía no había ocurrido el de Urda (Toledo), en el que murieron 69 personas el miércoles 28 de octubre.

La misiva, registrada a las 12.43 y dirigida al presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y a la directora de Personal, Concepción Casillas, expresa la «más profunda preocupación» de los representantes de la plantilla por un nivel de estrés que, según el comité, afecta a la salud mental de los trabajadores de los CRC. Los representantes vinculan esa presión a los accidentes de Adamuz y Gelida y a la comunicación continua de limitaciones de velocidad por el estado de la red y las averías, que obliga a gestionar más avisos y decisiones.

El comité sostenía que la situación se había «agravado intensamente» y que podía afectar a las «condiciones psicosociales y psicofísicas del personal que desempeña funciones críticas y esenciales para la seguridad ferroviaria». Denunciaba también que Adif no había adoptado «medidas inmediatas y eficaces» para aliviar la carga. Pedía reforzar la plantilla, dotarla de más medios técnicos y mejorar la formación, y reclamaba actuar «de manera urgente, eficaz y precisa». La carta incluía además una queja por la filtración de las comunicaciones internas de los trabajadores tras los accidentes, que el comité consideraba «una grave vulneración del derecho a la privacidad» y cuya investigación solicitaba.

Según fuentes sindicales citadas por The Objective, esas condiciones han continuado desde enero. El mismo diario publicó el sábado que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), dependiente del Ministerio de Transportes, recibió al menos cuatro comunicaciones sindicales de advertencia antes del accidente de Urda.

El Ministerio de Transportes mantiene otra lectura de lo ocurrido. El ministro, Óscar Puente, sostiene que los indicios apuntan a un fallo del centro de control de Adif en Atocha. Tras la caída del sistema de protección LZB, hacia las 8.30, habría autorizado a un AVE de Renfe a reanudar la marcha con normalidad aunque un tren de Iryo seguía detenido más adelante. Según el Reglamento de Circulación Ferroviaria y la consigna COI 01/25 de Adif, difundidos por Transportes, en esa situación solo cabe la marcha a la vista, con un máximo de 40 kilómetros por hora. Puente dijo que antes de transmitir la orden los operarios no estaban en una situación de estrés, que el operario tenía experiencia y que estaba acompañado por un auxiliar, un supervisor y otra persona. También aseguró que no utilizará «a ningún trabajador como escudo» y que no prejuzgará responsabilidades antes de que concluya la investigación. El ministro afirmó que este año el LZB se ha caído 170 veces, la mayoría de forma puntual.

The Objective añade que el Comité General de Seguridad en la Operación (CGSO), creado en 2017 por el Consejo de Administración de Adif para prevenir accidentes, no se reúne desde diciembre de 2024. El último informe de gestión de la empresa, de marzo de 2026, recoge cuatro reuniones en 2023, otras cuatro en 2024 y ninguna en 2025, un hecho que la compañía atribuye a «cambios organizativos». Según ese diario, la AESF mantiene desde principios de 2025 un condicionamiento grave en la autorización de seguridad de Adif.

Las peticiones de responsabilidades políticas continúan. Vox las reclamó de nuevo este sábado, y el PP y la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, piden la dimisión de Puente, a quien el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene en el cargo. Los sindicatos CGT, CCOO, UGT y SEMAF han denunciado falta de personal y un fuerte aumento de la circulación. El Gobierno prepara medidas tecnológicas que podría presentar el martes 3 de noviembre, cuando Puente comparecerá en la Diputación Permanente del Congreso. Renfe y Adif trabajan, según RNE, en un protocolo para las pérdidas de datos del LZB. La línea Madrid-Sevilla sigue paralizada.

Entre los especialistas consultados por Público, el catedrático emérito de la Politécnica de Madrid José María Goicolea considera que infraestructura y material móvil son seguros y comparables a los de países vecinos, pero propone un «plan de choque» de mantenimiento. El presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Ricardo Martín de Bustamante, pide «una revisión inmediata en la gestión del sistema ferroviario español». Según el Observatorio del Transporte y la Logística, en 2024 España tenía más accidentes significativos por millón de trenes-kilómetro que Italia, Alemania y Francia, pero desde 2022 registra el indicador de muertos y heridos graves más bajo de los cuatro.

Vozpópuli recuerda, a partir de la resolución 260/2021 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que Adif canceló en noviembre de 2020 la primera licitación del sistema ERTMS para la línea Madrid-Sevilla por admitir soluciones contrarias a los pliegos. La puesta en servicio pasó de 2024 a 2025. El diario precisa que ello no demuestra relación con el accidente ni que un ERTMS más temprano lo hubiera evitado.

Así lo contó la radio

Onda Cero · Julia en la onda · 08:38 · abrir en Radiohop

Cómo lo cuentan

  • The Objectivederecha: Destaca que la plantilla de los centros de control avisó de la sobrecarga antes de que el Gobierno señalase a los trabajadores.
  • infoLibreizquierda: Se centra en el papel del centro de control de Atocha y en los protocolos que, según Transportes, no se cumplieron.
  • Vozpópulicentroderecha: Subraya el error de Adif en la licitación del ERTMS que retrasó un año la renovación de la señalización.
  • Públicoizquierda: Recoge a expertos que no cuestionan la base técnica del sistema pero reclaman más recursos y una revisión de la gestión.

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