El comité de ADIF avisó por carta de que el estrés por las averías afectaría a la «seguridad»
El Gobierno y el Ministerio de Transportes han puesto su foco en el personal del centro de control de ADIF en Atocha como culpables del fallo humano que,
El Gobierno y el Ministerio de Transportes han puesto su foco en el personal del centro de control de ADIF en Atocha como culpables del fallo humano que,

El Gobierno y el Ministerio de Transportes han puesto su foco en el personal del centro de control de ADIF en Atocha como culpables del fallo humano que, según su versión, provocó el accidente entre trenes de alta velocidad en Urda (Toledo). Sin embargo, fue la propia plantilla de los centros de control la que advirtió a la dirección de ADIF, a través de su comité de empresa, de que tenían una «sobrecarga» de trabajo derivada de las complicaciones técnicas de la red y que esa situación estaba afectando a la «salud mental» del personal de los Centros de Regulación de la Circulación.
El aviso, que reproduce a continuación THE OBJECTIVE, llegó en una carta dirigida al presidente de ADIF, Luis Pedro Marco, y a la directora del área de Personal del gestor ferroviario, Concepción Casillas, unos días después del accidente de Adamuz el pasado enero. La situación no se resolvió en los meses posteriores, a la vista de que los últimos avisos al ministerio de Óscar Puente en ese sentido se repitieron poco antes del segundo accidente mortal de este 2026.
La misiva, fechada el 23 de enero de 2026 y registrada oficialmente a las 12.43, está firmada por el Comité General de Empresa de ADIF. El documento trasladaba, por parte de los representantes de la plantilla, la «más profunda preocupación por la situación de sobrecarga laboral que origina un elevado nivel de estrés que afecta a la salud mental de las personas trabajadoras que prestan sus servicios en los diversos Centros de Regulación de la Circulación (CRC) en todo el ámbito de la RFIG».
El comité vinculaba directamente ese incremento de la presión laboral a las consecuencias de los accidentes ferroviarios registrados en Adamuz y Gelida, pero también al aumento de las limitaciones de velocidad que se estaban comunicando en la red debido a su mal estado y a las frecuentes averías. La aplicación de estas restricciones, derivadas de las incidencias y los problemas de las infraestructuras, obligaba a los trabajadores de los centros de control a gestionar un volumen cada vez mayor de comunicaciones y decisiones operativas. Sin refuerzo de plantilla.
La carta advertía textualmente de que la situación se había «agravado intensamente» por la «continua comunicación y establecimiento de numerosas limitaciones de velocidad». Estas estaban provocando una «presión constante en la continua toma de decisiones» a la que se enfrentaban los responsables de regular el tráfico ferroviario. Al caer la red, las decisiones debían tomarlas muchas veces sin apoyo de la tecnología necesaria.
Los representantes de los trabajadores advertían de que esta presión podía tener consecuencias sobre las condiciones de quienes desempeñan funciones esenciales para la seguridad de la circulación. En concreto, señalaban que podía afectar a las «condiciones psicosociales y psicofísicas del personal que desempeña funciones críticas y esenciales para la seguridad ferroviaria».
El documento también denunciaba que ADIF no había adoptado medidas inmediatas para aliviar esa situación. «Las personas trabajadoras de los CRC están asumiendo estas circunstancias en un contexto productivo ya de por sí exigente, sin que se hayan adoptado por parte de ADIF medidas inmediatas y eficaces que permitan aliviar las tensiones producidas por el aumento de la carga de trabajo».

Ante este escenario, el comité reclamaba un refuerzo de las plantillas, mejores medios técnicos y una mayor formación para los trabajadores. «Es absolutamente prioritario saber incrementar y reforzar los recursos humanos, dotar de los medios técnicos necesarios, mejorar el grado y la calidad de la formación y garantizar un entorno laboral seguro y saludable».
La advertencia más relevante de la carta llegaba al relacionar la falta de respuesta de la empresa con un posible deterioro de la seguridad ferroviaria. «Esta falta de respuesta de la empresa está deteriorando de forma continuada la moral y la confianza de estos trabajadores/as afectando correlativamente a la seguridad en la circulación», denunciaba el Comité General de Empresa, que instaba a la dirección a adoptar medidas «de manera urgente, eficaz y precisa».
La misiva también incluía una reclamación por las filtraciones de las comunicaciones internas de los trabajadores después de los accidentes. El comité solicitaba una investigación para esclarecer el origen de la difusión de las grabaciones y reclamaba que se depurasen las responsabilidades correspondientes. Consideraba que esas filtraciones suponían «una grave vulneración del derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales» de los empleados.
El escrito advertía asimismo de que la exposición pública de esas conversaciones podía aumentar la presión sobre una plantilla que ya soportaba una carga extraordinaria. La gestión de los accidentes, señalaba, debía realizarse «desde la responsabilidad, la transparencia y el respeto a las personas trabajadoras», evitando prácticas que incrementasen «la presión mediática y el desgaste emocional» de quienes trabajaban en situaciones críticas.
Según ha podido saber TO de fuentes sindicales, las condiciones denunciadas en enero han continuado en los centros de regulación durante los meses posteriores. Los representantes de los trabajadores sostienen que la sobrecarga y la falta de recursos no se han corregido en los meses que han transcurrido entre los accidentes de Adamuz y Urda, pese a las advertencias trasladadas a la dirección del gestor ferroviario y a los organismos dependientes del Ministerio de Transportes.
De hecho, la plantilla trasladó nuevos avisos a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), dependiente del departamento de Óscar Puente. Como publicó este periódico este sábado, el organismo recibió al menos cuatro comunicaciones sindicales que alertaban del riesgo de que la fatiga mental y la presión diaria acabasen provocando errores humanos en los centros de control. El primero de esos escritos fue enviado el 27 de enero, cuatro días después de la carta del Comité General de Empresa y nueve días después del accidente de Adamuz.
El Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) alertó entonces del «riesgo añadido de poder cometer algún error humano debido a la fatiga mental», como consecuencia de la «saturación de cargas de trabajo, la presión diaria y el estrés en los CRC». La organización también señalaba el aumento exponencial de los telefonemas de limitación de velocidad y la falta de personal de refuerzo, que impedía a los responsables de circulación disponer de descansos durante su jornada. El sindicato Alferro insistió posteriormente en otras tres ocasiones, el 25 de febrero, el 19 de abril y el 15 de junio.
Las reclamaciones no se limitaban a pedir más trabajadores. Alferro solicitaba modificar la instrucción técnica interna de ADIF sobre los tiempos de actividad del personal de control de tráfico y establecer límites expresos a las jornadas continuadas, las pausas y los periodos de descanso. La organización consideraba que la regulación existente no concretaba suficientemente los parámetros de seguridad operacional exigidos por el artículo 38 del Real Decreto 929/2020. Los cuatro avisos fueron anteriores al accidente de Urda, en el que fallecieron 69 personas.
La situación del centro de mando de Atocha, además, también estaba condicionada, según fuentes sindicales, por las presiones para evitar retrasos e incidencias en la circulación. Representantes de los trabajadores han denunciado que los responsables del centro recibían presiones políticas y empresariales para mantener el tráfico ferroviario sin interrupciones. Esas exigencias, según las mismas fuentes, se transmitían mediante llamadas y comunicaciones verbales, y podían llegar a los operadores a través de los distintos niveles jerárquicos del centro.
Los sindicatos sostienen que esta situación debe tenerse en cuenta al investigar las decisiones adoptadas el día del accidente de Urda, cuando la caída del sistema LZB dejó sin cobertura automática un tramo de más de 60 kilómetros. Los representantes de los trabajadores reclaman aclarar tanto el origen de esa incidencia como las circunstancias en las que se ordenó a varios convoyes recuperar su velocidad habitual. Una investigación que, a su juicio, no puede limitarse a señalar al último trabajador que transmitió las instrucciones a los maquinistas.
Texto de The Objective tal como lo publicó, leído de su página y mostrado aquí con el formato de El Autómata. El original, en theobjective.com · Volver a la noticia de El Autómata