La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga si adjudicaciones de Adif presuntamente amañadas por la trama Koldo están relacionadas con las vías de los accidentes de Urda (Toledo) y Adamuz (Córdoba). Los agentes retiraron el jueves documentación de Adif y del Grupo Azvi y practicaron seis detenciones en Córdoba, Valencia, Madrid y Sevilla. Los arrestados quedaron en libertad, según informó Radio Nacional a las 9.00. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno abrió el martes una pieza separada del caso Koldo tras recibir un informe sobre presuntas comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública.
Azvi integró una unión temporal de empresas que renovó el tramo C entre Guadalmez y Córdoba, donde se encuentra Adamuz. Las dos fases de las obras, que incluían la renovación de desvíos, se adjudicaron por 21 y 26,8 millones de euros. La agenda de Koldo García recoge tres reuniones con representantes de la constructora entre febrero y junio de 2021; la primera fue un mes antes de la licitación. La UCO examina si hubo ofertas anormalmente bajas y un mantenimiento con soporte técnico insuficiente. La investigación no ha establecido que esos contratos causaran los accidentes.
El Tribunal de Cuentas señaló deficiencias en la acreditación de los poderes de representación de quienes firmaron documentos de dos contratos de Adif adjudicados a Thales por más de 95 millones de euros. Uno, de 77,55 millones, correspondía a la modernización de la señalización; el otro, de unos 17,82 millones, a la renovación de circuitos de vía en la línea Madrid-Sevilla. El organismo revisó 194 expedientes relacionados con el Plan de Recuperación. Adif reconoció que algunos firmantes no tenían poderes suficientes registrados y dijo haber solicitado subsanar la documentación. Las observaciones no cuestionan la autenticidad de las firmas ni acreditan conflictos de interés.
Adif trabaja desde 2019 en digitalizar los telefonemas, las órdenes reglamentarias que los centros de control transmiten a los trenes y que ahora se anotan a mano en libros de papel. El gestor describió entonces el sistema como «susceptible de posibles errores y/o manipulación». El proyecto, que El País cifra en 2,9 millones de euros destinados a tres contratos, tiene otro expediente en licitación. El diseño prevé comprobar cada orden antes de enviarla y advertir si contradice el reglamento o el estado de ocupación de la vía. La prueba piloto está prevista para 2027 y el despliegue completo, para después de ese año.
La transmisión de un telefonema está bajo análisis por el accidente de Urda. Desde el centro de control de Atocha se indicó al maquinista del AVE de Renfe la orden LZB4, de marcha normal, aunque había otro tren en el tramo; para esa situación correspondía la LZB3, que exige avanzar a velocidad reducida y a la vista. El tren de Iryo había pasado una revisión en profundidad dos días antes del choque, a cargo de personal de Hitachi Rail en talleres de Renfe. La inspección incluyó el sistema LZB embarcado y tuvo un resultado favorable, según fuentes próximas a la operadora. La caída del sistema afectó a 63 kilómetros de la línea y detuvo automáticamente siete trenes.
En Adamuz, los peritos judiciales que estudian el accidente han alertado de tres deformaciones en el balasto en puntos próximos al lugar del siniestro, según informó la COPE este viernes. El tramo, de acuerdo con esa información, había sido reforzado por Adif 30 días antes. El ingeniero Iñaki Barrón de Angoiti pidió precisar qué tipo de anomalías se han detectado y señaló en la emisora que no tienen por qué haber causado un accidente.
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