El Tribunal de Cuentas alertó a Adif de irregularidades en firmas del expediente del AVE de Toledo · Vozpópuli · El Autómata
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El Tribunal de Cuentas alertó a Adif de irregularidades en firmas del expediente del AVE de Toledo
El organismo fiscalizador cuestionó los poderes de representación de los firmantes de documentos de dos contratos adjudicados a Thales por más de 95 millones de euros
El Tribunal de Cuentas alertó a Adif de irregularidades en el expediente del AVE de Toledo Foto: vía Vozpópuli
El Tribunal de Cuentas alertó a Adif de irregularidades en la documentación de dos adjudicaciones a la francesa Thales por más de 95 millones de euros para renovar los sistemas de señalización y seguridad de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en cuyo tramo de Urda (Toledo) se produjo el accidente ferroviario del pasado 28 de octubre. El organismo fiscalizador identificó deficiencias en la acreditación de los poderes de representación de quienes suscribieron determinadas declaraciones exigidas para la gestión de fondos europeos, según recoge en un informe de fiscalización de los procedimientos de control y gestión de Adif y Adif Alta Velocidad, de diciembre de 2025. La documentación revela que las observaciones afectan tanto al contrato de modernización de la señalización, adjudicado por 77,55 millones de euros, como a otro expediente para renovar los circuitos de vía por aproximadamente 17,82 millones, ambos concedidos a la multinacional gala.
La fiscalización, que examinó 194 expedientes de contratación vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, identificó dos contratos de Thales entre aquellos en los que no había podido acreditarse suficientemente la capacidad de representación de los firmantes de determinados anexos. En concreto, documentos exigidos a las empresas adjudicatarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asociadas a la financiación comunitaria, entre ellos, las declaraciones de ausencia de conflicto de interés, identificación de los perceptores de fondos y compromisos de cumplimiento de los principios del Plan de Recuperación. Las observaciones no cuestionan la autenticidad de las firmas ni acreditan un conflicto de interés efectivo, sino la suficiencia de los poderes de quienes actuaban en representación de las sociedades contratistas.
Ante ello, Adif reconoció que, en los dos contratos de Thales, los firmantes de las declaraciones no figuraban en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) con poderes de representación suficientes para vincular a la empresa. El administrador ferroviario aseguró haber solicitado la subsanación de la documentación. El informe definitivo mantiene la referencia a ambos expedientes entre los que presentaban problemas de acreditación. Vozpópuli ha preguntado al respecto a Adif, a Thales y su sucesora, Hitachi, pero no ha obtenido respuestas.
Los reparos cobran relevancia en un momento de creciente escrutinio sobre la gestión de los fondos europeos destinados a las infraestructuras ferroviarias. Como ha publicado este jueves Vozpópuli, el Tribunal de Cuentas ha cuestionado la transparencia de la información facilitada por el Gobierno sobre la ejecución del Plan de Recuperación, al advertir de una “notable carencia” en la exactitud de los datos suministrados y considerar incumplidas determinadas recomendaciones dirigidas a mejorar su desglose. Adif figura entre los mayores beneficiarios de las ayudas comunitarias, con más de 5.800 millones de euros asignados a proyectos de infraestructura ferroviaria. De esa cantidad, aproximadamente 2.898 millones corresponden a actuaciones de alta velocidad.
La oferta inicialmente anormalmente baja de Thales
El principal de los dos contratos de Thales relativos a la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla que suscitaron alertas del Tribunal de Cuentas fue adjudicado por Adif Alta Velocidad en 2021 para modernizar la señalización, renovar enclavamientos e implantar el sistema europeo de protección ferroviaria ERTMS. Como publicó Vozpópuli tras el accidente de Toledo, Thales consiguió hacerse con el encargo tras presentar una oferta de 77.547.716,95 euros, sin IVA, que suponía una rebaja del 28,45% respecto al presupuesto de licitación. La propuesta fue inicialmente considerada anormalmente baja por el administrador ferroviario, que solicitó explicaciones a la multinacional antes de continuar con la adjudicación. Al concurso también concurrieron Siemens Rail Automation y CAF Signalling, con descuentos del 7% y del 5,07%, respectivamente. Las tres compañías superaron la evaluación técnica, en la que Thales obtuvo 39,87 puntos sobre 40.
La empresa francesa justificó su oferta por el conocimiento acumulado de la infraestructura durante casi tres décadas y por la posibilidad de aprovechar desarrollos técnicos existentes. Entre los ajustes planteados figuraba un ahorro de 1,42 millones de euros al modificar el software de tres centrales LZB en lugar de las diez inicialmente previstas. Adif aceptó las explicaciones y permitió que la propuesta continuara en el procedimiento, que terminó con la adjudicación a Thales. El visto bueno al informe que respaldó la justificación económica contó con la intervención de Eugenio Nasarre Serrano, entonces director técnico, y de Ángel Contreras Marín, director general de Conservación y Mantenimiento -cuyo nombreha aparecido en informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civilsobre el caso Koldo-. La conformidad final correspondió a Juan Pablo Villanueva Beltramini, entonces director general de Adif Alta Velocidad, también salpicado luego por el ‘caso Koldo’.
La adjudicación se produjo después de que Adif tuviera que anular un procedimiento anterior para renovar la señalización de la misma línea. El primer concurso quedó frustrado en noviembre de 2020 por una contradicción entre los pliegos, que exigían mantener operativo el sistema LZB durante las obras, y una aclaración posterior que permitía soluciones técnicas alternativas. Thales recurrió aquella anulación, pero el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales respaldó la decisión en marzo de 2021. Meses después, en octubre de ese mismo año, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hizo pública una sanción de más de 127 millones de euros al conjunto de empresas participantes en un cártel de señalización ferroviaria, entre ellas Thales, por acuerdos de reparto de licitaciones durante años.
El mantenimiento pasó a una UTE vinculada a Hitachi
La ejecución de las actuaciones volvió a situarse bajo el foco público tras el accidente de Urda. El contrato de modernización contemplaba un plazo de 52 meses y la sustitución progresiva de los sistemas antiguos por el ERTMS, manteniendo la operatividad del LZB durante el proceso. Sin embargo, el nuevo sistema seguía sin estar plenamente implantado cuando se produjo la tragedia. La entrada en servicio del ERTMS, prevista inicialmente para 2026, se ha desplazado hasta 2027, después de que Adif modificara el calendario de los trabajos.
Ya en enero de 2024, Adif adjudicó por 72,16 millones de euros más IVA el mantenimiento de las instalaciones de control de tráfico de las líneas Madrid-Sevilla, Córdoba-Málaga y el ramal La Sagra-Toledo a una UTE integrada mayoritariamente por GTS Transportation Spain, entonces perteneciente a Thales. El negocio ferroviario de la multinacional francesa pasó a manos de Hitachi Rail en mayo de 2024. Como informó este diario, el Consejo de Ministros autorizó la víspera del accidente una modificación de ese contrato de mantenimiento por otros 11,5 millones de euros. El contrato incluye el mantenimiento del sistema LZB y de las instalaciones atendidas desde el Centro de Mantenimiento de Urda, en cuyo ámbito se encuentra el punto kilométrico 118 donde ocurrió la colisión. Ni el ministerio de Transportes ni Adif han respondido a las preguntas de este diario, al tiempo que desde Hitachi han declinado hacer cualquier comentario mientras se prolongue la investigación del accidente.
La continuidad de Hitachi al frente de instalaciones ferroviarias españolas ha cobrado también relevancia por otros antecedentes. Como publicó este periódico esta semana, la Audiencia Nacional consideró acreditadas deficiencias de mantenimiento de Hitachi Rail España en la línea Madrid-Barcelona, relacionadas con inspecciones insuficientes de soldaduras, problemas de estanqueidad en motores de desvío y retrasos en la atención de averías. La sentencia, dictada el pasado 5 de junio, confirmó penalizaciones impuestas por Adif por incidencias registradas durante 2023, cuyo importe acumulado ascendía a 737.862,44 euros.
Las investigaciones sobre la contratación ferroviaria han dado un nuevo paso este jueves con la personación de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede de Adif Alta Velocidad para requerir documentación sobre contratos bajo sospecha, dentro de una nueva pieza separada y secreta del caso Koldo. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acordó las diligencias tras recibir un nuevo informe policial sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones de obra pública durante la etapa de José Luis Ábalos al frente de Transportes. La operación, en la que también participa la Fiscalía Anticorrupción, ha incluido actuaciones en la sede de Azvi en Sevilla, en la casa de Ábalos en Valencia y en Adif Alta Velocidad, saldándose con seis detenciones, entre ellas, la de la novia de José Luis Ábalos, Andrea de la Torre; el exchófer de Pedro Sánchez Cristian Corvillo y su hermano. Las actuaciones se han sucedido en la misma semana en la que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha presentado su dimisión, y en la que el presidente de Adif, Marco de la Peña, ha dejado su cargo tras verse con el sucesor de Puente, Carlos Cuerpo.