La Fiscalía Europea ha abierto de oficio una investigación por un posible fraude en el uso de fondos europeos destinados a renovar la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. La actuación, iniciada este viernes, se suma a las pesquisas judiciales sobre el accidente de Urda, en Toledo, que el 28 de octubre dejó 69 muertos y varias decenas de heridos.
El Ministerio Público europeo quiere determinar cómo y dónde se emplearon más de 110 millones de euros concedidos por Bruselas a España en 2024 para la renovación de esa línea. La investigación del accidente continúa también en manos de una jueza de la provincia de Toledo. El Gobierno considera que la apertura europea entra dentro de la normalidad, mientras la oposición ha advertido de sus consecuencias.
Carlos Cuerpo, que asumió temporalmente las competencias de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente, recibió este viernes a representantes de las víctimas. Estos le trasladaron 11 peticiones con medidas para los afectados por los accidentes de Adamuz y Urda. Cuerpo se comprometió a crear una oficina de atención y una figura de defensor de las víctimas, además de revisar los protocolos de los seguros y la relación con los medios de comunicación.
Puente dejó el Ministerio el martes, después de una semana en la que había rechazado apartarse y tras comparecer ante la Diputación Permanente del Congreso. Justificó su decisión en que un ministro no podía seguir en el cargo después de dos accidentes de esa gravedad en menos de un año, incluso sin responsabilidad directa, y apeló a la «dignidad política, coherencia y empatía con las víctimas». El siniestro de Adamuz, en enero, causó 46 muertos; ambos accidentes suman 115 fallecidos en diez meses.
La renuncia del presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, siguió a la del ministro. Cuerpo explicó que Marco de la Peña había alegado motivos «similares» a los de Puente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había pedido al ministro que permaneciera en el cargo y mantuvo su «respaldo absoluto» tras el accidente. Una vez anunciada la dimisión, sin embargo, la describió como un gesto de empatía con las víctimas y como una forma de reconstruir la confianza en la alta velocidad.
En el PSOE han defendido la salida como una asunción de responsabilidad política y la han convertido en argumento de precampaña para las generales del 29 de noviembre. Pedro Sánchez ha contrapuesto la dimisión a la gestión de crisis del PP con la frase «no todos los servidores públicos somos iguales». Mar Espinar, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, defendió que Puente se marchó «sin culpa jurídica» y evocó el Yak-42, el Prestige y el 11-M. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, respondió que, siguiendo esa lógica, también debería dimitir Sánchez.
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