La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil requirió este jueves a Adif y a Adif Alta Velocidad documentación sobre expedientes de contratación de obra pública ferroviaria, entre ellos contratos de alta velocidad. Los investigadores sospechan que hubo adjudicaciones manipuladas durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro de Transportes y que se pagaron comisiones a cambio de favorecer a empresas de su entorno.
Adif confirmó que recibió el requerimiento y que lo atendió con «total colaboración». Según fuentes de la compañía, no se practicó ningún registro en sus instalaciones: la actuación consistió en una petición de información y la empresa entregó por la mañana lo que los agentes solicitaron. Algunos medios y programas hablaron de registro en la sede, y Onda Cero indicó este jueves que la UCO salió de las oficinas con varios expedientes de contratación. No han trascendido los contratos concretos afectados.
El requerimiento forma parte de una pieza separada y secreta del caso Koldo que instruye en la Audiencia Nacional el juez Ismael Moreno. El magistrado la abrió el martes, tras recibir un nuevo informe de la UCO, según fuentes jurídicas citadas por EFE. La pieza se desgaja de la rama que investiga presuntas mordidas en contratos de obra pública, por la que Moreno investiga a una quincena de personas, entre ellas Ábalos, la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirigente socialista Santos Cerdán. Ábalos está en prisión por la parte del caso ya juzgada en el Tribunal Supremo.
El operativo se desplegó en Madrid, Córdoba, Valencia y Sevilla y terminó con seis detenidos, según fuentes del caso. Entre ellos están Cristian Corvillo, empresario cercano al PSOE al que el PP señala como chófer de Pedro Sánchez durante las primarias socialistas de 2017, y Andrea de la Torre, pareja de Ábalos. Los agentes registraron el domicilio de Corvillo en Córdoba y una vivienda en Valencia vinculada a Ábalos, y tomaron declaración a De la Torre. Los investigadores estudiarían además un posible delito de blanqueo.
Corvillo está vinculado al comisionista Víctor de Aldama, condenado a cuatro años y medio de prisión en la parte del caso Koldo que juzgó el Supremo. La condena de Aldama está suspendida por su colaboración con la justicia, por lo que no ha ingresado en prisión.
Días antes, la UCO y la Fiscalía Europea ya habían pedido documentación sobre los contratos de mantenimiento de la línea Madrid-Sevilla por un presunto delito de malversación. Esas pesquisas se centran en el entorno de Adamuz (Córdoba), donde en enero un accidente ferroviario causó 46 muertos. Según avanzó El Economista, se quiere determinar si hubo fraude o desvío de la subvención de 111,6 millones de euros de fondos FEDER que la Comisión Europea concedió en junio de 2024 para actuaciones en esa línea.
Se trata, por tanto, de dos líneas de investigación diferenciadas: una sobre presuntos amaños y comisiones en adjudicaciones de la etapa de Ábalos y otra sobre posible malversación en el mantenimiento de la Madrid-Sevilla. La pieza abierta por el juez Moreno sigue declarada secreta.
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