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Lunes, 16 de noviembre de 2026
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El Gobierno permitirá a los maquinistas parar trenes por seguridad y dará protección a los que denuncien riesgos
Reforzará las inspecciones de la AESF, extenderá los coeficientes reductores de jubilación y creará la figura del Defensor de las Víctimas de Accidentes
El Gobierno ha aprobado este martes un decreto-ley con medidas para el refuerzo de la seguridad ferroviaria. Una norma que busca dar respuesta a las reivindicaciones de los sindicatos en medio de un noviembre de huelgas entre el personal ferroviario tras el accidente de Urda (Toledo), que ha dejado 69 fallecidos.
Entre otras cosas, el decreto-ley faculta a los maquinistas a detener trenes por razones de seguridad, les brinda mayor protección frente a represalias laborales, refuerza las facultades de supervisión e inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y extiende coeficientes reductores para la jubilación anticipada a más trabajadores del sector.
Detención de trenes y protección
La norma introduce la llamada “cultura justa”, que busca que los trabajadores puedan alertar de posibles fallos o situaciones de peligro sin miedo a sufrir represalias. Para ello, podrán comunicar los riesgos a través de canales internos o sistemas públicos que garanticen su confidencialidad. Además, no serán sancionados si informan previamente de una conducta irregular, ponen fin a ella y colaboran plenamente con la investigación.
El decreto reconoce a los trabajadores la posibilidad de actuar ante un “riesgo grave e inminente” para la seguridad, adoptando medidas para evitarlo o limitarlo. Esto incluye poder “parar un tren o no iniciar la marcha” si consideran que existe un peligro, aunque deberán comunicarlo inmediatamente a los responsables correspondientes.
Asimismo, la norma les protege frente a posibles “represalias laborales o sanciones” tanto por alertar de riesgos como por intervenir para garantizar la seguridad. Esta protección, no obstante, no se aplicará cuando exista dolo, mala fe o negligencia grave.
Delimitación del tiempo de conducción
El proyecto precisa qué actividades y periodos deben computarse como tiempo de conducción. Así, se incluyen las maniobras que impliquen el manejo del vehículo ferroviario en movimiento y las interrupciones durante las que el maquinista siga siendo responsable del vehículo, con atención a la circulación ferroviaria o a las maniobras.
También se computará la totalidad de cada periodo inferior a 45 minutos comprendido entre el cese de una actividad de conducción y su reanudación por el mismo maquinista, informa el Ministerio en un comunicado.
Estos periodos se contabilizarán "íntegramente", incluso cuando el maquinista haya quedado relevado de la responsabilidad del vehículo, no deba prestar atención a la circulación, no realice ninguna actividad o sea destinado a otras tareas, como también se considerarán tiempo de conducción las interrupciones de 45 minutos o más que se produzcan durante pruebas, ensayos, auscultaciones o verificaciones.
La modificación contempla igualmente el cómputo de los periodos de los tiempos de conducción del maquinista realizados en otras redes diferentes a la Red Ferroviaria de Interés General y, en los supuestos excepcionales en los que la conducción se realice por parejas de maquinistas, el tiempo de conducción computará simultáneamente y de la misma manera para ambos, señala.
Refuerzo de las inspecciones
El decreto refuerza las competencias de supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). Para ello, obliga a las personas y entidades sometidas a una inspección a facilitar a sus supervisores el acceso a sus instalaciones y equipos. Las empresas ferroviarias también deberán permitir la entrada a sus instalaciones, trenes y material técnico cuando sea necesario para realizar estas actuaciones.
De este modo, la Agencia podrá llevar a cabo sus inspecciones sin que la titularidad de los trenes, instalaciones o equipos suponga un obstáculo, incluso cuando pertenezcan a una empresa ferroviaria distinta de la que está siendo supervisada.
Jubilaciones
El Real Decreto-ley extiende el régimen de Seguridad Social previsto en el artículo 3 del Real Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre, al personal de las empresas ferroviarias que operan en líneas interoperables y/o en la Red Ferroviaria de Interés General.
Esta medida permite garantizar la igualdad de trato en materia de coeficientes reductores de la edad de jubilación para los profesionales ferroviarios que desempeñan las mismas funciones, en el marco de las actividades excepcionalmente penosas o peligrosas integradas en el Régimen General de la Seguridad Social.
Además, se iniciará un procedimiento de revisión de los coeficientes reductores con el objetivo de estudiar la inclusión de otras categorías profesionales ferroviarias expuestas a trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres. Este procedimiento contará con participación sindical.
El Defensor de las Víctimas de Accidentes
El Consejo de Ministros también ha aprobado la creación del Defensor/a de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo. Esta nueva figura será estable y permanente y coordinará la atención a las víctimas y a sus familiares, dando continuidad en el tiempo al trabajo de todos los que intervienen tras un accidente, según ha informado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo a través de un comunicado.
El Defensor/a será una figura diferenciada dentro del Ministerio, con rango de subsecretario. Este rango le dará el peso institucional necesario para coordinar, pedir información y reclamar respuestas a otros organismos. Su objetivo es garantizar a las víctimas una asistencia psicológica, social y jurídica continuada, y proteger así sus derechos, su dignidad y sus necesidades.
El nuevo Defensor, en el plazo de tres meses desde su nombramiento, presentará, con la participación de las asociaciones un proyecto de mejora del marco normativo de atención a las víctimas. Este proyecto abordará, entre otras cuestiones, la estructura institucional de atención y las formas de colaboración entre administraciones y entidades. "Así se podrán integrar las lecciones de los recientes accidentes y de otros anteriores en todos los modos de transporte, y estudiar con detalle las cuestiones que exigen una norma con rango de ley", han señalado desde el Ejecutivo.