El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, un Real Decreto-ley de medidas urgentes para el refuerzo de la seguridad operacional en el transporte ferroviario en plena huelga de maquinistas de Renfe.
Se trata de medidas para dar respuesta a las reivindicaciones que los sindicatos llevan días trasladando al nuevo ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, y con las que se espera frenar los paros que seguirán este 11 de noviembre por la huelga general y el 12 de noviembre.
Entre ellas destaca la de precisar el cómputo de los tiempos de conducción de los maquinistas, así como crear el Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo.
En el apartado operacional, se incluyen en este cómputo las maniobras que impliquen el manejo del vehículo ferroviario en movimiento y las interrupciones durante las cuales el maquinista siga siendo responsable del vehículo, con atención a la circulación ferroviaria o a las maniobras.
Así, las pausas de menos de 45 minutos entre dos viajes contarán siempre como conducción. Así nadie podrá alargar la jornada encadenando servicios con huecos cortos.
Estos periodos se contabilizarán íntegramente, incluso cuando el maquinista haya quedado relevado de la responsabilidad del vehículo, no deba prestar atención a la circulación, no realice ninguna actividad o sea destinado a otras tareas.
Asimismo, se computan las pausas de 45 minutos o más durante ensayos, pruebas o verificaciones, la conducción en redes distintas a la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) para personal habilitado y el tiempo conjunto en los casos de conducción en pareja.
Defensor de las víctimas
En paralelo, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crea el Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo.
Esta nueva figura será estable y permanente y coordinará la atención a las víctimas y a sus familiares, dando continuidad en el tiempo al trabajo de todos los que intervienen tras un accidente.
El defensor será una figura diferenciada dentro del Ministerio, con rango de subsecretario.
Este rango le dará el peso institucional necesario para coordinar, pedir información y reclamar respuestas a otros organismos.
Su objetivo es garantizar a las víctimas una asistencia psicológica, social y jurídica continuada, y proteger así sus derechos, su dignidad y sus necesidades.
El nuevo Defensor, en el plazo de tres meses desde su nombramiento, presentará, con la participación de las asociaciones un proyecto de mejora del marco normativo de atención a las víctimas.
Este proyecto abordará, entre otras cuestiones, la estructura institucional de atención y las formas de colaboración entre administraciones y entidades.
Así se podrán integrar las lecciones de los recientes accidentes y de otros anteriores en todos los modos de transporte, y estudiar con detalle las cuestiones que exigen una norma con rango de ley.
Agencia de seguridad
Asimismo, otras medidas aprobadas suponen la dotación a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria de potestades de supervisión e inspección, teniendo acceso obligatorio a instalaciones, material rodante y equipos, con independencia de si pertenecen a la entidad supervisada o a otra entidad ferroviaria.
Se incorpora a la Ley del Sector Ferroviario un marco que permite notificar riesgos de seguridad operacional mediante canales confidenciales internos o públicos sin temor a sanciones, siempre que se colabore y no haya dolo o negligencia grave.
Además, se reconoce el derecho del personal a adoptar medidas ante un riesgo grave e inminente, incluida la detención del tren o no iniciar la marcha, notificándose con inmediatez.
También se pretende garantizar la igualdad de trato en materia de coeficientes reductores de la edad de jubilación para los profesionales ferroviarios. Es decir, la jubilación anticipada que hoy tiene el personal ferroviario de los operadores públicos se extiende a quienes hacen el mismo trabajo en las demás empresas.
De igual modo, se abre un procedimiento con participación de los sindicatos para evaluar la inclusión de otras categorías sometidas a trabajos penosos, peligrosos o tóxicos.
La norma entra en vigor con su publicación en el BOE. La única excepción son los tiempos de conducción, que se aplicarán a los seis meses para que las empresas puedan reorganizar los turnos.