El texto aprobado modifica el cómputo de los tiempos de conducción de los maquinistas, refuerza las competencias de inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) e incorpora la cultura justa al marco legal del sector. También amplía la protección social de determinados profesionales ferroviarios mediante la extensión de los coeficientes reductores de la edad de jubilación a trabajadores de empresas que operan en líneas interoperables y en la Red Ferroviaria de Interés General.
La aprobación llega después de que el accidente de Urda haya reabierto el debate sobre las condiciones de seguridad y trabajo en el ferrocarril. La norma recoge parte de las reivindicaciones planteadas por las organizaciones sindicales y se articula en cuatro ámbitos: los tiempos de conducción, la supervisión de la seguridad, la protección de los trabajadores que comuniquen riesgos y las condiciones de jubilación del personal.
Cambios en el cómputo de los tiempos de conducción
Uno de los principales cambios afecta a la jornada de los maquinistas. El Real Decreto-ley precisa qué actividades deben contabilizarse como tiempo de conducción e incluye las maniobras que impliquen el manejo de un vehículo ferroviario en movimiento, así como las interrupciones durante las que el profesional siga siendo responsable del tren y de la atención a la circulación.
También se contabilizarán íntegramente los periodos inferiores a 45 minutos entre el final de una actividad de conducción y su reanudación por el mismo maquinista, pese a las quejas de las operadoras privadas. Esto será así incluso cuando el trabajador haya sido relevado de la responsabilidad sobre el vehículo, no tenga que prestar atención a la circulación, no realice ninguna actividad o sea destinado a otras tareas. La norma incorpora igualmente las interrupciones de 45 minutos o más que se produzcan durante pruebas, ensayos, auscultaciones o verificaciones.
El nuevo criterio tendrá en cuenta, además, los tiempos de conducción realizados en redes distintas de la Red Ferroviaria de Interés General. La medida afecta, por ejemplo, a trabajadores que cuentan con licencia de conducción y también están habilitados como operadores de vehículos de maniobras o de maquinaria de infraestructura. En los casos excepcionales en los que la conducción se realice por parejas, con un maquinista habilitado para el vehículo y otro para la infraestructura, el tiempo computará de forma simultánea para ambos.
Más competencias de inspección para la AESF
El segundo bloque de medidas refuerza las facultades de supervisión e inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Las personas físicas y jurídicas sometidas a una actuación de supervisión estarán obligadas a facilitar al personal de la Agencia el acceso a sus instalaciones y equipos. La obligación se extiende también a las entidades ferroviarias cuando sea necesario acceder a sus instalaciones, trenes o equipamientos para desarrollar una inspección. De esta forma, la AESF podrá examinar los medios necesarios para sus actuaciones aunque pertenezcan a una empresa distinta de la que está siendo directamente supervisada.
El Real Decreto-ley incorpora un capítulo específico sobre cultura justa en la Ley 38/2015, del Sector Ferroviario. El nuevo marco regula la comunicación de riesgos para la seguridad operacional y establece mecanismos para proteger a los trabajadores que informen de posibles incidencias. El personal con responsabilidades en materia de seguridad podrá comunicar los riesgos detectados a través de canales internos de las empresas o de sistemas públicos de notificación que garanticen la confidencialidad de los informantes.
La norma contempla que no se impongan sanciones cuando el trabajador comunique previamente la situación, cese la conducta infractora y colabore plenamente con la investigación. Esta protección no se aplicará en casos de actuación dolosa, mala fe o negligencia grave. Además, reconoce el derecho de los profesionales a adoptar medidas necesarias y proporcionadas ante situaciones de riesgo grave e inminente.
Entre ellas figuran la posibilidad de interrumpir la marcha de un tren o de no iniciar el servicio, siempre que se informe sin demora a los agentes correspondientes. El texto establece asimismo una protección frente a posibles represalias laborales o sanciones para quienes comuniquen riesgos o adopten medidas destinadas a preservar la seguridad.
Extensión de los coeficientes reductores de jubilación
El último bloque amplía la protección social de determinados trabajadores ferroviarios. En concreto, extiende el régimen previsto en el artículo 3 del Real Decreto 2621/1986 al personal de empresas que operan en líneas interoperables y en la Red Ferroviaria de Interés General. El objetivo es equiparar el acceso a los coeficientes reductores de la edad de jubilación de profesionales que desempeñan las mismas funciones, dentro de las actividades consideradas excepcionalmente penosas o peligrosas y encuadradas en el Régimen General de la Seguridad Social.
Por otra parte, el Gobierno iniciará un procedimiento para revisar los coeficientes reductores conforme al Real Decreto 402/2025. El proceso analizará la posible incorporación de nuevas categorías profesionales ferroviarias cuyos trabajos estén expuestos a condiciones penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres y contará con participación sindical.
Defensor de las Víctimas
Por otra parte, se aprobó la creación del Defensor de las Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, una figura permanente que dependerá del Ministerio de Transportes y tendrá rango de subsecretario. Su cometido será coordinar la atención a los afectados y sus familiares a medio y largo plazo, también una vez desmantelados los dispositivos de emergencia, y actuar como interlocutor ante las administraciones y organismos implicados. Podrá requerir información y reclamar respuestas, además de supervisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada organismo.
La nueva figura abarcará los accidentes de transporte colectivo de competencia estatal, incluidos el ferrocarril, la aviación comercial, el transporte marítimo de pasajeros y los autobuses. Las asociaciones de víctimas participarán de forma permanente en sus trabajos y colaborarán en la elaboración de una propuesta de reforma del marco normativo de atención a los afectados, que deberá presentarse en un plazo de tres meses desde el nombramiento del Defensor. Entre sus funciones también estarán el asesoramiento sobre derechos, ayudas y reclamaciones, la coordinación de la asistencia psicológica, social y jurídica y la elaboración de informes sobre la atención prestada tras cada accidente.
Qué se validó la semana pasada
Estas medidas se suman al paquete de ocho propuestas que el Consejo de Ministros examinó la semana pasada para reforzar la seguridad de la alta velocidad tras los accidentes registrados en el corredor Madrid-Sevilla. Aquel informe, del que el Gobierno tomó conocimiento, planteaba actuaciones en tres ámbitos, pero no suponía la aprobación ni la puesta en marcha inmediata de las medidas. Entre ellas figuraban el desarrollo de un nuevo software para los centros de control, la incorporación de inteligencia artificial y un gemelo digital de la red para detectar anomalías y anticipar incidencias, así como la finalización del despliegue del ERTMS de nivel 2 en la línea Madrid-Sevilla. Hasta entonces, el Ejecutivo prevé reducir las frecuencias en este corredor.
El documento también recogía cambios en los protocolos de circulación en situaciones degradadas, de modo que las decisiones de los centros de control deban contar con la validación de un segundo controlador, además de una revisión de la normativa por parte de la AESF. En el ámbito laboral, proponía reforzar las plantillas y la formación de los controladores, adaptar sus descansos a los periodos de mayor carga de trabajo y extender los protocolos de control de fatiga a otros perfiles profesionales.