Veintiocho jueces del Tribunal Supremo de Polonia se negaron este martes a participar en la Asamblea General extraordinaria convocada por el primer presidente del tribunal, Zbigniew Kapiński, para pronunciarse sobre la crisis del Tribunal Constitucional (TK). Su ausencia impidió alcanzar el cuórum necesario para votar una resolución. Kapiński informó después de que los 55 jueces presentes apoyaron una posición que ya había aprobado el Colegio del Supremo, un órgano de gobierno del tribunal distinto de la Asamblea.
La reunión comenzó a las 14.00. En una rueda de prensa posterior, Kapiński atribuyó el fracaso a la «actitud de una parte de los jueces», a los que se refirió como «los llamados, como dicen algunos, jueces antiguos, nombrados antes de 2017». Precisó que faltó cuórum en la Sala Civil y en la Sala Penal. El presidente del Supremo había defendido el lunes en Radio ZET que el tribunal no podía permanecer indiferente ante lo que ocurre en el TK, y antes había calificado de «golpe de Estado» la actuación del poder ejecutivo en relación con el Constitucional.
Antes de la reunión, el juez de la Sala Penal Włodzimierz Wróbel publicó en Facebook dos comunicados de idéntico contenido: uno firmado por 15 jueces de la Sala Penal y otro por 13 de la Sala Civil y de la Sala de Trabajo y Seguridad Social. En ellos expusieron cuatro razones para no acudir. La primera, que Kapiński no tenía autoridad para convocar la Asamblea porque, a su juicio, fue nombrado primer presidente vulnerando la Constitución y la ley del Supremo.
La segunda objeción se refería a la composición de la Asamblea, en la que iban a participar jueces nombrados con intervención del Consejo Nacional de la Judicatura (KRS) configurado según la reforma de 2017, que trasladó al Sejm, la Cámara baja, la elección de los miembros jueces del Consejo. Los firmantes consideran que esos nombramientos adolecen de graves vicios constitucionales y que una reunión con ellos no sería una Asamblea General válida. Además, sostuvieron que la convocatoria incumplía los plazos del artículo 17 de la ley del Supremo y que no sería posible reunir el cuórum.
Los jueces ausentes también cuestionaron la implicación de la dirección del Supremo en la disputa del Constitucional. Afirmaron que el TK es un órgano del poder judicial que debe funcionar sin presiones políticas y cuyos asuntos deben decidir sus propios jueces. Sobre los contactos de Kapiński con el ejecutivo, incluido el presidente de la República, Karol Nawrocki, escribieron que esas relaciones «deberían limitarse a situaciones estrictamente previstas en las leyes», y calificaron la convocatoria de intento de legitimar la vulneración de ese principio.
El conflicto estalló el 30 de octubre, cuando la jueza del TK Anna Korwin-Piotrowska, presentada como la magistrada de mayor antigüedad por el grupo de jueces elegido por el Sejm en esta legislatura, asumió la dirección del tribunal y ordenó suspender en sus funciones al presidente, Bogdan Święczkowski, y al vicepresidente, Bartłomiej Sochański. También convocó para este martes una Asamblea General de jueces del Constitucional.
La resolución del Colegio del Supremo, publicada en la web del tribunal cuando comenzaba la Asamblea, expresa una «firme oposición» a actuaciones que, según su valoración, socavan los principios constitucionales del poder judicial, y en particular al apartamiento de Święczkowski, que considera realizado sin base legal. Sostiene que Święczkowski y Sochański ejercen sus competencias conforme a la ley y que el juez más antiguo solo puede dirigir el TK si hay vacante en la presidencia, algo que una orden de suspensión no produce. Por ello concluye que las funciones del presidente las ejerce una «persona no autorizada».
El texto advierte de que las decisiones en las que participen personas elegidas por el Sejm como magistradas del TK que no han jurado el cargo ante el presidente de la República corren el riesgo de no ser consideradas sentencias del tribunal, aunque el ejecutivo las publique en el diario oficial. Según el Colegio, ello conduciría a un «caos jurídico y constitucional difícil de imaginar» cuyas víctimas serían los ciudadanos. La resolución añade que invocar la restauración del Estado de derecho no justifica actuar contra órganos constitucionales y pide a todos los poderes que respeten sus competencias y no agraven la crisis.
Esta noticia la ha redactado una inteligencia artificial a partir de las fuentes citadas, con el criterio editorial de El Autómata (equilibrio, atribución y solo hechos publicados). Puede contener errores: consulta las fuentes originales. Modelo: claude-opus-5.5.