El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, pidió este lunes al presidente, Karol Nawrocki, que no vete una nueva versión de la ley sobre servicios digitales, después de que el jefe del Estado rechazara el viernes una reforma vinculada al Reglamento de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea. En un vídeo difundido en redes sociales, Tusk dijo que está dispuesto a acudir a diario al Palacio Presidencial para explicar su posición. El Gobierno, afirmó, seguirá intentando aprobar una norma que permita actuar con más rapidez frente a contenidos ilícitos en internet.
Tusk ilustró su argumento con el caso hipotético de una niña de 12 años acosada en el colegio y cuyas fotografías se manipulan para mostrarla desnuda. Según el primer ministro, los familiares pueden denunciar las imágenes ante las plataformas, pero quizá deban esperar días, semanas o meses para que decidan si las retiran. La policía puede investigar a quienes las difundieron, añadió, pero no ordenar que desaparezcan de internet. El jefe del Gobierno sostuvo que el proyecto vetado habría dado a las autoridades instrumentos para acelerar esa retirada.
El primer ministro también relató que, tras el atentado de Cracovia, se publicó en internet un comentario que lamentaba que el autor no hubiera podido continuar con el ataque. Tusk afirmó que el mensaje fue denunciado a Meta y que la empresa respondió que no infringía sus normas, por lo que siguió visible. Presentó el episodio como otro ejemplo de la dificultad para retirar publicaciones dañinas y mencionó además el uso de inteligencia artificial para emplear imágenes de personas conocidas en anuncios o contenidos falsos.
La controversia se centra en las facultades que la reforma habría concedido a la Oficina de Comunicaciones Electrónicas (UKE) para ordenar bloqueos o retiradas de publicaciones. El Palacio Presidencial objeta que funcionarios pudieran decidir sobre contenidos sin una resolución judicial previa y que las competencias previstas fueran más amplias de lo exigido por el DSA. Adam Andruszkiewicz, vicejefe de la Cancillería Presidencial, ha sostenido que corresponde a los tribunales determinar si una conducta constituye delito. La objeción incluye los contenidos relacionados con el artículo 119.1 del Código Penal, que castiga la violencia o las amenazas por motivos como la nacionalidad, la etnia, la raza, la política o la religión.
Nawrocki justificó el veto alegando que la ley permitiría al Gobierno y a organismos subordinados ejercer un control excesivo sobre lo que se publica en internet, incluso bloquear servicios sin autorización judicial previa. También sostuvo que el Estado ya dispone de herramientas para perseguir delitos en la red. El viceministro de Digitalización Dariusz Standerski, por su parte, confirmó que el Gobierno volverá a presentar la norma: argumenta que la policía y otros organismos pueden perseguir a los autores, pero no retirar con rapidez el contenido. El Ejecutivo niega que el texto otorgue capacidad para censurar críticas políticas y defiende que busca proteger a los usuarios, en particular a los menores.
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