Seis de los ocho integrantes del Consejo de la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos de Polonia han renunciado tras discrepar del comunicado de la junta directiva sobre la suspensión temporal de funciones del presidente del Tribunal Constitucional (TK), Bogdan Święczkowski, y del vicepresidente, Bartłomiej Sochański. En el Consejo permanecen su presidenta, Danuta Przywara, e Ireneusz Cezary Kamiński. El presidente de la junta, Maciej Nowicki, defendió este martes el pronunciamiento y dijo que lamenta la marcha de la mayoría.
Los dimisionarios son Hanna Machińska, Henryka Bochniarz, Andrzej Rzepliński, Mirosław Wyrzykowski, Wojciech Sadurski y Ewa Woydyłło-Osiatyńska. Machińska explicó el lunes que la mayoría del Consejo consideraba que la base jurídica de las decisiones de la jueza Anna Korwin-Piotrowska estaba claramente definida. También reprochó a la junta que no analizara las causas de la crisis del tribunal ni buscara colaborar con el Consejo.
El comunicado de la junta, publicado el sábado, cuestionó que Korwin-Piotrowska, la jueza con mayor antigüedad del Constitucional, pudiera suspender de sus funciones a los dos responsables. La fundación sostuvo que solo podía sustituir al presidente si el puesto estaba vacante o este no podía delegar sus funciones, circunstancias que, a su juicio, no concurrían.
En una entrevista con Wirtualna Polska, Nowicki calificó de «dudosa» la base jurídica y advirtió de que la incertidumbre podría llevar a que futuras decisiones del tribunal fueran impugnadas. Afirmó que las diferencias con el Consejo se limitan a cómo restablecer el Estado de derecho y defendió que la fundación mantendrá su independencia política. También dijo que la junta no consulta sus comunicados con el Consejo, una práctica que, según señaló, no se sigue desde que se incorporó a la dirección en 2011.
Nowicki añadió que, conforme a los estatutos, los dos miembros que permanecen en el Consejo podrán incorporar a otros por cooptación. Propuso modificar la elección de los magistrados del Constitucional, exigir una mayoría cualificada y repartir la competencia entre el Sejm, el Senado y el presidente de la República. También planteó renovar la composición del tribunal con mandatos de distinta duración, una opción que reconoció como poco realista.
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