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Economía · Refinería lituana

Orlen advierte de que podría cerrar la refinería de Mažeikiai

La compañía vincula el riesgo a la falta de financiación para terminar una unidad de procesado de petróleo. Lituania estudia un impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas y aún no ha articulado las ayudas prometidas al proyecto.

Foto: vía Puls Biznesu

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El presidente del grupo polaco Orlen, Ireneusz Fąfara, ha advertido de que la compañía podría cerrar la refinería de Mažeikiai, en Lituania, si no encuentra financiación para completar una unidad de hidrocraqueo de residuos. La planta pertenece a Orlen Lietuva, la filial del grupo en el país, y alrededor del 20 % de los trabajos de esa instalación siguen pendientes, según la empresa.

La obra quedó sin terminar tras la quiebra de Petrofac, su contratista principal. La inversión se calculó inicialmente en más de 1.000 millones de euros. Para completar lo que falta se necesitarían alrededor de 500 millones, según una estimación citada por PAP Biznes. El primer ministro lituano, Mindaugas Sinkevičius, dijo que en la visita a la planta les hablaron de más de 800 millones ya invertidos y de la posibilidad de necesitar hasta otros 500 millones.

Lituania había comprometido ayudas de hasta 54 millones de euros para la instalación. Un memorando firmado en marzo de 2025 por cuatro ministros del Gobierno de Gintautas Paluckas contemplaba incentivos fiscales y otras medidas, pero el mecanismo para concederlos sigue pendiente y todavía no se han establecido sus condiciones.

La advertencia coincide con el debate en Lituania sobre un impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. Sinkevičius afirmó que el Gobierno había informado a Orlen de sus planes y que la compañía le había comunicado que un gravamen adicional afectaría a sus inversiones. Los ministros de Energía y de Economía, Lukas Savickas y Edvinas Grikšas, no descartaron que el aviso estuviera relacionado con esa discusión.

La ley lituana no impide por sí sola que una empresa estratégica detenga la producción, pero prevé mecanismos de intervención si se venden o liquidan activos estratégicos. Evaldas Dūdonis, socio del despacho Sorainen, explicó que el Estado puede tener derecho preferente de compra sobre la compañía o esos bienes y que, en determinados casos, podría impedir su venta. La norma no equivale, por tanto, a una prohibición automática de cerrar la planta.

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