La investigación sobre la posible financiación irregular del PSOE se complica y amenaza con prolongarse durante varios meses más bajo secreto. La acumulación de diligencias, el volumen de documentación económica pendiente de analizar y los nuevos interrogantes que van surgiendo a medida que avanzan las pesquisas alejan la posibilidad de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno levante próximamente la reserva que pesa sobre las actuaciones. Según confirman a ElConfidencial fuentes jurídicas, los cálculos apuntan a que serán necesarios al menos otros cuatro meses de investigación, un plazo que podría ampliarse hasta seis, lo que situaría el horizonte de la causa en la primavera de 2027.
Las previsiones responden a la creciente complejidad de una investigación que, lejos de agotarse con las primeras comprobaciones, ha ido incorporando nuevas líneas. Cada avance en el análisis de las cuentas del partido obliga a realizar contrastes adicionales, solicitar documentación complementaria o esclarecer operaciones económicas que no encuentran una explicación inmediata en los registros disponibles. La investigación avanza así de forma encadenada, con diligencias que dan lugar a nuevas verificaciones y dificultan establecer una fecha aproximada para su conclusión.
La última muestra de esta situación se produjo este jueves, cuando agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil regresaron al Tribunal de Cuentas por orden del magistrado. Los investigadores, acompañados por una letrada de la Administración de Justicia, acudieron al organismo fiscalizador para obtener nueva información sobre las donaciones recibidas por el PSOE después de detectar discrepancias al cotejar la documentación disponible. No era la primera visita de los agentes al Tribunal de Cuentas, al que ya habían reclamado información en septiembre.
La dimensión que ha adquirido la investigación explica que las fuentes jurídicas consultadas no contemplen un levantamiento inmediato del secreto. El instructor deberá seguir acordando, en su caso, las correspondientes prórrogas mediante resoluciones motivadas, pero los cálculos sobre el trabajo pendiente sitúan las pesquisas varios meses más allá del calendario inicialmente previsible.
La pieza secreta nació de las sospechas detectadas por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente durante la investigación contra el exministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García. Los informes de la Guardia Civil reflejaron pagos en metálico efectuados por el PSOE a ambos que planteaban dudas sobre su justificación y correspondencia con los gastos supuestamente adelantados en el desempeño de sus funciones.
Las explicaciones ofrecidas por los responsables de la administración de Ferraz no terminaron de despejar esas incógnitas. El Supremo tomó declaración al exgerente socialista Mariano Moreno y a la empleada Celia Rodríguez, vinculada a la gestión de los reintegros, para esclarecer el funcionamiento de la caja del partido y la entrega de cantidades en efectivo.
Las dudas del instructor acabaron desembocando en la apertura de una pieza separada en la Audiencia Nacional. El juez Ismael Moreno reclamó entonces al PSOE la relación completa de los pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024, así como sus correspondientes justificantes. El requerimiento no se circunscribió a Ábalos y Koldo García, sino que se extendió a los abonos efectuados a todos los cargos, empleados, simpatizantes y voluntarios durante ese periodo.
El foco en las donaciones
El examen de las donaciones constituye otro de los puntos de especial interés en la investigación. La UCO ha ido incorporando a sus comprobaciones la información que el PSOE presentó ante el Tribunal de Cuentas, con el propósito de contrastar las aportaciones declaradas con los datos obtenidos por los agentes. La reciente visita de los investigadores al organismo fiscalizador responde precisamente a las discordancias detectadas. Al comparar diferentes documentos, la Guardia Civil ha comprobado que determinadas cantidades o conceptos no coinciden, circunstancia que ha obligado a solicitar información adicional para esclarecer el origen de las diferencias.
A los movimientos económicos del partido se ha sumado otra línea de investigación derivada de las declaraciones del empresario Víctor de Aldama, considerado uno de los principales protagonistas de la trama de corrupción vinculada al antiguo Ministerio de Transportes.
Operaciones vinculadas a PDVSA
El empresario aseguró disponer de documentación comprometedora relacionada con una supuesta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista. En concreto, afirmó que había recibido de la dirigente venezolana Delcy Rodríguez un sobre con información de operaciones vinculadas a la petrolera estatal PDVSA que, según su versión, permitirían acreditar la existencia de una vía de financiación procedente de Venezuela.
Otro de los antecedentes que alimentaron las sospechas sobre los movimientos de efectivo en la sede socialista fueron las declaraciones de la empresaria Carmen Pano, investigada en el procedimiento sobre el fraude de los hidrocarburos. Pano aseguró ante la Justicia que había trasladado 90.000 euros en metálico a la sede nacional del PSOE, repartidos en dos entregas de 45.000 euros realizadas en octubre de 2020. Según su relato, actuó siguiendo indicaciones de Aldama y el dinero procedía del entorno empresarial vinculado a la trama de los hidrocarburos.