La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha incorporado a la investigación sobre las finanzas del PSOE el examen de la campaña de primarias en la que Pedro Sánchez obtuvo el liderazgo del partido, según publicó este sábado El Confidencial. El diario sostiene que la campaña se organizó a través de una entidad que permitía ocultar la identidad de los donantes. La causa, que sigue bajo secreto, está dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.
Los investigadores contrastan los fondos declarados por el partido con el dinero que Ferraz habría movido para cubrir gastos ordinarios y electorales. Este jueves, agentes de la UCO acudieron de nuevo al Tribunal de Cuentas por orden del magistrado y acompañados por una letrada de la Administración de Justicia. La visita se produjo tras detectar discrepancias al cotejar la documentación disponible. Los agentes ya habían solicitado información al organismo en septiembre.
Fuentes jurídicas citadas por El Confidencial calculan que quedan al menos cuatro meses de diligencias y que la investigación podría prolongarse hasta seis. Ese plazo situaría su horizonte en la primavera de 2027, aunque no es una fecha fijada por el juzgado. La complejidad de las comprobaciones y la documentación económica pendiente de analizar dificultan, según esas fuentes, que se levante próximamente el secreto de las actuaciones.
El Tribunal de Cuentas registró donaciones de personas físicas al PSOE por 158.879 euros en 2018 y 275.616 en 2019. En 2020, cuando José Luis Ábalos estaba al frente de la Secretaría de Organización, la cifra ascendió a 837.506 euros, el máximo de esos tres años y superior a la de cualquier otro partido, según el organismo fiscalizador. Los importes reflejan los ingresos registrados y no acreditan por sí solos una infracción.
El organismo detectó también 405 cuentas bancarias del PSOE sin fiscalizar en 2020, con un saldo conjunto de 702.372 euros. En 2019 había identificado 232 cuentas, con 182.389 euros. El Tribunal define las cuentas no fiscalizadas como depósitos que las entidades financieras no le habían comunicado. También señaló que el partido no había facilitado la conciliación correspondiente, lo que limitaba la fiscalización; esa circunstancia, por sí sola, no demuestra un origen irregular de los fondos.
La pieza separada de la Audiencia Nacional surgió de las dudas sobre pagos en efectivo al exministro Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García. En dispositivos incautados a García en febrero de 2024, los agentes encontraron una fotografía de un sobre con membrete del PSOE y conversaciones sobre entregas de dinero en la sede del partido. Moreno pidió la relación y los justificantes de los pagos en metálico entre 2017 y 2024, incluidos los abonados a cargos, empleados, simpatizantes y voluntarios. La presidenta del Tribunal de Cuentas declaró en el Senado que la fiscalización no permite detectar las cajas B y que el organismo no puede obligar a un partido a rendir cuentas. La investigación no ha acreditado judicialmente una financiación ilegal.
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