No es la primera ley valenciana que el Gobierno de España recurre ante el Tribunal Constitucional, pero sí una de las de mayor carga política porque permitió a Juanfran Pérez Llorca arrancar a Vox el apoyo a sus primeros presupuestos de la Generalitat. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana.
Se trata de la llamada Ley de Acompañamiento que, con su aprobación en julio, se convirtió en la primera norma española en introducir uno de los principales lemas de Vox, el de la "prioridad nacional". Si el PP valenciano negó en un primer momento que pudiese ir en una norma presupuestaria, al final acabó aceptando la exigencia de Vox con el matiz del "arraigo" para el acceso a la vivienda pública o las ayudas sociales.
"La Ley introduce criterios de arraigo y un genérico principio de 'prioridad nacional' que condicionan el acceso al origen del solicitante", confirman fuentes del Ministerio de Política Territorial. El Ejecutivo central considera que este planteamiento vulnera el artículo 14 de la Constitución, así como el mandato de igualdad material efectiva del artículo 9.2, "tanto en relación con los extranjeros como con nacionales, cuando el arraigo se fija por la Comunidad".
La "prioridad nacional", en todo caso, no es el único tema que cuestiona el Gobierno. Según fuentes del departamento de Ángel Víctor Torres, de los 200 artículos de la Ley, se impugnan un total de 20. También el que tiene que ver con la igualdad de las personas LGTBI en el ámbito educativo, al entender que degrada "el carácter imperativo de la promoción de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en los centros educativos, sustituyéndolo por una previsión potestativa".
En este caso, el artículo de la Constitución que se vulneraría sería el 149.1.30ª, pues la promoción de la igualdad y la no discriminación es una obligación "imperativa" en la normativa estatal básica.
En cuanto a los derechos de la infancia y la adolescencia, "la norma aprobada por PP y Vox extiende el alcance de la obligación de protección del derecho a la vida a los no nacidos", lo que para el Gobierno contradice el artículo 15 de la Constitución. Además, insisten fuentes gubernamentales, "altera el régimen jurídico de la personalidad jurídica, que se adquiere con el nacimiento, lo que supone la invasión de la competencia estatal".
En este sentido, también se vulneran los artículos 149.1.1ª y 16ª, en la medida en que ordena a la Generalitat garantizar y proteger el derecho a la vida de los no nacidos cuando exista riesgo o amenaza, "introduciendo un régimen susceptible de restringir u obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo".
A juicio del Gobierno de Pedro Sánchez, también invade la competencia exclusiva del Estado en materia de extranjería, pues establece como prioridad la reagrupación familiar de las personas menores de edad tuteladas "sin sujetarla a procedimiento y a garantías establecidas en la ley estatal". "Al incidir sobre el régimen jurídico de los menores extranjeros no acompañados y sobre las decisiones relativas a su permanencia o retorno, vulnera el artículo 149.1.2ª de la Constitución", sostiene el Gobierno.
Otra de las objeciones es la relativa a la prohibición del burka en los espacios públicos. La Ley valenciana introdujo la obligación de mantener el rostro descubierto en el transporte público, la función pública, la sanidad, la educación y los espectáculos públicos, con las correspondientes infracciones administrativas asociadas a su incumplimiento. En este caso, insiste el Gobierno, "invade la competencia estatal sobre seguridad pública, transporte, función pública básica o sanidad, según el caso, y la lesión del artículo 14 de la Constitución por el efecto disuasorio y discriminatorio".
La invasión de competencias estatales es el argumento que usa también el Gobierno para recurrir los proyectos estratégicos de energías renovables. En este caso, se alude a competencias en materia de medio ambiente, régimen energético y planificación general de la actividad económica.
Por último, el Ejecutivo de Pedro Sánchez considera que se vulneran igualmente los artículos 23.2 y 14 de la Constitución al exigir a los funcionarios de otras administraciones -para acceder a puestos de la Dirección Pública Profesional- una antigüedad mínima de 10 años. "No resulta equivalente ni equiparable a lo que se exige a los funcionarios de la propia Generalitat", según fuentes gubernamentales.
Respuesta de la Generalitat
La respuesta por parte del Gobierno valenciano no ha tardado en llegar. El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha acusado a Pedro Sánchez de "hipocresía" por su decisión, al tiempo que ha avanzado que la Generalitat defenderá la ley ante el Constitucional "con todos los argumentos jurídicos".
"Sánchez no recurre una ley, ataca a los valencianos. Recurre lo que han decidido sus representantes en las Cortes Valencianas. Perdió la Comunidad Valenciana en las urnas y ahora quiere gobernarla desde los tribunales. Lo que no gana con votos lo intenta ganar con recursos", ha afirmado Barrachina en un comunidado.
El portavoz del Ejecutivo valenciano ha recordado que es la segunda Ley de Acompañamiento de la Generalitat que el Gobierno lleva al Constitucional en apenas nueve meses, después del recurso que el Consejo de Ministros acordó el 24 de febrero contra la Ley 5/2025. "Una vez puede ser un error. Dos veces en nueve meses es una estrategia. Cada vez que los valencianos deciden algo que no le gusta, Sánchez manda a sus abogados", ha señalado.
"Es hipocresía de manual. El mismo Gobierno que amnistió a quienes quisieron romper España se pone ahora la toga de constitucionalista para recurrir una ley valenciana. A los independentistas les perdona todo; a los valencianos nos lleva a juicio. Para Sánchez, la Constitución es un traje a medida: se la pone cuando le conviene y se la quita cuando le estorba", ha subrayado Barrachina.
El consejero valenciano, de hecho, ha vuelto a defender la "prioridad nacional" vinculada al "arraigo real, duradero y verificable" porque el padrón se puede inflar y las ayudas tienen que llegar a quien de verdad vive, trabaja y contribuye aquí". En palabras de Barrachina, "pedir arraigo no es discriminar: es justicia con quien cumple". El portavoz del Consell, además, ha insistido en que la ministra y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, no defiende los intereses de la Comunidad Valenciana. "Viene a defender a Ferraz", ha sentenciado.