El Consejo de Ministros acordó este martes pedir al presidente del Gobierno que presente ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra veinte disposiciones de la ley que acompaña a los presupuestos de la Generalitat para 2026. Las Corts Valencianes aprobaron el texto en julio con los votos de PP y Vox. El acuerdo ministerial no significa que la impugnación se haya registrado ya ante el tribunal.
Uno de los puntos cuestionados permite vincular la adjudicación de vivienda pública al arraigo en la comunidad. El Ejecutivo considera que aplicar ese criterio puede vulnerar la igualdad reconocida en los artículos 14 y 9.2 de la Constitución, tanto para españoles como para extranjeros. También pretende impugnar las reglas que sancionan ocultar el rostro en transportes, dependencias públicas, centros sanitarios y educativos y espectáculos. Alega que la regulación afecta a competencias estatales y puede resultar discriminatoria.
En materia educativa, el Gobierno objeta que la norma convierta en optativa la promoción de la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBI en los centros, cuando la legislación básica estatal la establece como obligación. Otro cambio extiende a los no nacidos la protección del derecho a la vida. El Ejecutivo sostiene que contradice el artículo 15 de la Constitución y podría limitar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
El recurso incluiría asimismo la disposición que establece como prioritaria la reagrupación familiar de menores tutelados. Según el Gobierno, la norma no respeta el procedimiento ni las garantías estatales, que incluyen la participación de la Administración General del Estado y el Ministerio Fiscal. El Ejecutivo cuestiona además que funcionarios de otras administraciones deban acreditar diez años de antigüedad para optar a puestos directivos valencianos, así como la regulación autonómica de proyectos estratégicos de energías renovables, por considerar que invade competencias estatales.
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