El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes, 20 de octubre, un real decreto-ley con cambios en varias prestaciones sociales. La norma deberá ser convalidada por la Diputación Permanente en el plazo de un mes, según El País. En paralelo, el Gobierno dará luz verde a una inversión de 45 millones de euros para residencias universitarias; Pedro Sánchez anunció este lunes que permitirá crear cerca de 2.000 plazas en una primera fase.
El borrador contempla ampliar la incapacidad temporal para mujeres con patologías asociadas a la menopausia y para víctimas de violencia de género. Según los detalles publicados por El País y recogidos por elDiario.es, la prestación sería del 60% de la base reguladora hasta el día 20 de baja y del 75% a partir de entonces. La empresa abonaría el salario del primer día y la Seguridad Social asumiría el pago desde el siguiente. La reforma de la ayuda para cuidar a menores con cáncer o enfermedades graves permitiría que ambos progenitores la percibieran de forma alterna o simultánea, y prolongarla más allá de los 26 años en determinados casos de discapacidad o dependencia de grado III.
El texto también abriría el acceso a la pensión de viudedad a convivientes no casados ni inscritos como pareja de hecho que tengan hijos en común y acrediten dos años de convivencia ininterrumpida inmediatamente anteriores a la solicitud, según la versión descrita por El País. 20minutos añade que el empadronamiento serviría para demostrar esa convivencia y que quienes cumplan los requisitos podrían pedir la prestación si el fallecimiento ya se produjo, o solicitar la revisión de una denegación, durante los doce meses siguientes. El mismo medio informa de que las pensiones extraordinarias para víctimas del terrorismo tendrían un mínimo de 2.442 euros mensuales.
Los 45 millones se repartirían entre siete proyectos: 13,36 millones para la Universidad Autónoma de Madrid; 8,19 para el campus de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha; 6,5 para la Pablo de Olavide; 5,94 para la Universidad de Burgos; 4,45 para la Jaume I; 3,56 para la Universidad de Jaén, y 2,97 para el Ayuntamiento de Lleida. El Consejo también prevé aprobar un nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario, que actualizará la norma de 2010 e incluirá medidas sobre salud mental, conciliación y protección de estudiantes con discapacidad, según elDiario.es.
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