El Tribunal Supremo ha decidido abrir un trámite de alegaciones en relación con la petición de los partidos Iustitia Europa y Vox de ampliar la suspensión cautelar del derecho al voto a los 189.678 nuevos nacionalizados españoles que son los hijos mayores de edad de los llamados 'nietos'.
El pasado 10 de septiembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo acordó suspender cautelarmente el ejercicio del voto de los más de 163.000 nacionalizados españoles al amparo de la 'ley de nietos' que no hayan acreditado que sus ascendientes se vieron obligados a exiliarse de España por motivos políticos durante el franquismo, tal como estableció la Ley de Memoria Democrática.
Los 'nietos' lograron la nacionalidad -y, con ella, el derecho de sufragio activo- gracias a una Instrucción del Ministerio de Justicia que, en contra de lo que exigía la Ley de Memoria Democrática, ordenó a los encargados consulares que "presumieran" el exilio de los padres y abuelos que abandonaron España entre 1936 y 1955.
Se ha introducido, así, en el censo electoral de residentes en el extranjero (CERA) a personas que no deberían figurar en él.
El Tribunal Supremo apreció un "peligro fundado, real y serio" de que se haya producido una "alteración del censo electoral" por la vía de miles de inscripciones realizadas en el censo electoral de españoles residentes en el extranjero que pueden ser ilegales.
Para la Sala, "la limpieza y pulcritud en la relación de electores incluidos en el censo, en este caso en el CERA, constituye un valor supremo del que deben despejarse las más mínimas dudas de oscuridad o irregularidad".
Vox y Iustitia Europa, que interpusieron sendos recursos contra la negativa de la Junta Electoral Central a 'depurar' el censo CERA, han pedido ahora al alto tribunal que extienda la medida cautelar a los hijos de los 'nietos' dada la, a su juicio, estrecha conexión entre ambos grupos de nacionalizados: los hijos no podrían haberse hecho españoles si sus padres no lo hubieran conseguido antes gracias a la, presumiblemente ilegal, Instrucción del Ministerio de Justicia.
Según los recurrentes, no sería coherente que se haya suspendido provisionalmente el ejercicio del voto de los 'nietos' incorporados al CERA de forma irregular y que, en cambio, sí se permita a sus descendientes permanecer en el censo y votar.
La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022 establece distintas vías de adquisición de nacionalidad que la Instrucción desarrolló mediante cuatro anexos. De ellos, solo el anexo primero y el tercero afectan al contencioso del que se ocupa el Tribunal Supremo.
El anexo 1, con más de 163.000 personas, es de los llamados 'nietos': los extranjeros nacionalizados gracias a la presunción de exilio de sus abuelos o padres. Podrán votar el próximo 29-N solo si los encargados consulares certifican que, en su momento, acreditaron realmente esa condición de exiliados de sus ascendientes.
Pero sucede que el anexo 3 es aún más numeroso que el 1. Según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, son 189.678 personas que han obtenido la nacionalidad por ser hijos (mayores de edad) de aquellas personas a las que se ha reconocido la condición de españoles en virtud de la Ley de Memoria Democrática de 2022 (la 'ley de nietos') y de la Ley de Memoria Histórica de 2007.
Según Iustitia Europa y Vox, a estos 189.678 nacionalizados tampoco se les debería permitir votar en las elecciones generales del 29 de noviembre salvo que acrediten que sus progenitores no lograron la nacionalidad en virtud de la 'presunción' de exilio de sus ascendientes, sino que acreditaron que éstos tuvieron que abandonar España realmente por motivos políticos.
Solo 901 certificados
La Abogacía del Estado envió ayer al Tribunal Supremo, dentro del plazo otorgado por la Sala, el listado nominal de los más de 163.000 'nietos' tras la revisión de los expedientes en las oficinas consulares.
La cifra inicial de 163.020 ha crecido en 335 personas, por lo que los nacionalizados por la 'ley de nietos' son un total de 163.355 (anexo 1).
Los encargados de los registros consulares han certificado que 901 de ellos acreditaron el exilio de sus padres o abuelos, por lo que no serán retirados del CERA y podrán votar si lo desean.
El resto deberá ser retirado del censo electoral provisionalmente.
Respecto al bajo número de certificaciones, fuentes del Gobierno explican que se han expedido las relativas a los expedientes en los que figuraba la acreditación del exilio, pero "la mayor parte de los peticionarios no aportó esa documentación porque se aplicaba la presunción".
Fuentes jurídicas consideran que, una vez identificados los 163.355 'nietos', puede ser asequible conocer los nombres de sus hijos, es decir, los nacionalizados que integran el anexo 3.