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España · Voto exterior

El Supremo estudia ampliar a 189.678 hijos la suspensión del voto

La Sala ha pedido a las partes que se pronuncien sobre la solicitud de Vox e Iustitia Europa. La medida vigente afecta a 163.355 nacionalizados que no acrediten que sus ascendientes fueron exiliados.

Foto: vía El Español

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El Tribunal Supremo ha abierto un trámite para que las partes se pronuncien sobre la petición de Vox e Iustitia Europa de extender a 189.678 hijos mayores de edad la suspensión cautelar del voto aplicada a nacionalizados por la ley de nietos. La apertura no modifica la medida vigente: la Sala de lo Contencioso-Administrativo decidirá después si la amplía antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Los dos recurrentes sostienen que esos hijos no habrían obtenido la nacionalidad española sin que sus progenitores la consiguieran previamente mediante esa norma. Consideran que no es coherente impedir provisionalmente el voto de los padres que no acrediten que sus ascendientes fueron exiliados y permitir que sus descendientes permanezcan en el censo electoral y puedan votar.

El Supremo acordó el 10 de septiembre suspender cautelarmente el derecho a votar de quienes obtuvieron la nacionalidad al amparo de la ley de nietos y no acrediten que sus ascendientes se exiliaron. El Gobierno entregó el miércoles a la Sala el listado nominal de 163.355 personas, dentro del plazo que vencía a las 15.00. La Abogacía del Estado ha pedido que la relación quede reservada por incluir datos personales sensibles. De las personas incluidas, 901 han presentado en los consulados certificaciones de su condición de descendientes de exiliados y podrán votar el 29 de noviembre.

Los 189.678 potencialmente afectados por la nueva petición son hijos mayores de edad que adquirieron la nacionalidad por esa vía, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores. El Gobierno sostiene que se acogieron al procedimiento previsto en la Ley de Memoria Democrática de 2022 y que los requisitos fueron idénticos a los aplicados tras la Ley de Memoria Histórica de 2007, que se utilizaron con normalidad en procesos electorales. La Oficina del Censo Electoral deberá determinar cuántos de los 163.355 incluidos figuran en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y comunicarles las condiciones para votar.

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