El cambio, previsto para el 23 de octubre, reserva esta medida a situaciones de «urgencia vital». Las sociedades científicas piden instrucciones claras y más recursos asistenciales.
La Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM) y una veintena de sociedades autonómicas han rechazado la aplicación del artículo 13 bis de la Ley 4/2026, que entrará en vigor el viernes 23 de octubre y limita los ingresos psiquiátricos involuntarios a los casos de «urgencia vital». En un comunicado, consideran que el cambio se aprobó sin un debate suficiente y puede dejar sin respuesta algunas crisis graves. La comisionada de Salud Mental, Belén González, dijo a El Mundo que la reforma busca reforzar los derechos de los pacientes y dar mayor seguridad a los profesionales.
Los firmantes cuestionan que la ley contenga dos definiciones distintas de urgencia vital: una que incluye la protección de la vida y la integridad de la persona, y otra referida solo a la vida. También sostienen que el nuevo límite choca con la Ley de Autonomía del Paciente, que permite actuar ante un riesgo grave para la integridad física o psíquica. Alertan, además, de que la reforma del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se aplaza un año y de que, mientras tanto, cada juzgado podría aplicar un criterio distinto. Por ello, reclaman instrucciones de la Fiscalía General del Estado y coordinación con los juzgados.
La sociedad científica advierte de que podrían quedar fuera de la medida pacientes con psicosis y abandono del autocuidado, episodios maníacos graves, trastornos alimentarios con riesgo progresivo o ideación suicida de alto riesgo sin un plan inmediato. También critica las nuevas obligaciones de documentación para el psiquiatra de guardia, que deberá registrar el riesgo, las alternativas voluntarias ofrecidas y agotadas, los apoyos consultados y la información sobre derechos. Cada contención deberá notificarse y analizarse como incidente de seguridad, según el comunicado. Los firmantes temen que esas tareas agraven la carga de unos servicios que consideran ya desbordados.
Las sociedades alertan asimismo de más altas desde urgencias y reingresos en peores condiciones, y de que las familias puedan quedar sin ayuda hasta que la situación ponga en peligro una vida. Señalan que los equipos comunitarios, la hospitalización a domicilio y los centros de crisis que podrían ofrecer alternativas no existen en número suficiente. Piden una reforma orgánica que contemple el riesgo grave para la vida o la integridad, la necesidad de tratamiento y la falta de capacidad para decidir, siempre con control judicial.
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