España pasó décadas construyendo algunas de las mejores infraestructuras de Europa. Autovías, líneas de alta velocidad, aeropuertos y grandes obras que transformaron el país. Pero levantar una infraestructura es solo la mitad del trabajo. La otra mitad consiste en mantenerla. Y las últimas tragedias evidencian una necesidad urgente.
La inversión pública en estas redes se desplomó un 63% en términos reales entre 2009 y 2024 y, según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), habrían hecho falta al menos 17.000 millones de euros adicionales para compensar la pérdida de valor acumulada. El país que aprendió a construir a gran escala tiene ahora por delante una tarea menos vistosa y cada vez más costosa: conservar lo construido.
Las tragedias ferroviarias de este año han colocado la seguridad de las infraestructuras en el centro del debate, aunque sus causas deberán determinarse en las investigaciones correspondientes. Las fuentes empresariales y técnicas consultadas por ElConfidencial reconocen la delicadeza del momento y piden discreción para evitar que sus advertencias se interpreten como oportunismo. Pero también insisten en que el problema viene de lejos. "Llevamos décadas avisando de que los puentes, las vías, las carreteras o algunos aeropuertos han alcanzado un grado de madurez que compromete su fiabilidad", advierte un alto directivo de una compañía de infraestructuras.
El cambio de ciclo es evidente. Entre 2015 y 2024, solo en carreteras, el Estado destinó 10.542 millones de euros al programa de creación de infraestructura y otros 10.518 millones a conservación y explotación, según los datos oficiales del Ministerio de Transportes. El reparto fue prácticamente idéntico, aunque con una evolución muy diferente. En 2015, las inversiones en creación superaban en un 60% a las de conservación. Diez años después, el gasto en conservación era un 78% superior al de creación.
El cambio de prioridades no ha bastado para cerrar la factura pendiente. La Asociación Española de la Carretera cifra en unos 13.500 millones de euros el déficit acumulado de conservación de la red viaria. Y las empresas especializadas, agrupadas en Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX), calculan que las administraciones deberían invertir 5.000 millones anuales para mantener las carreteras en condiciones adecuadas, frente a los 3.057 millones destinados en 2024. La diferencia ronda los 2.000 millones al año. España gasta más en conservar sus carreteras que hace una década, pero todavía no alcanza el esfuerzo que el sector considera necesario.
El problema va mucho más allá del asfalto. Los estudios de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), que agrupa a compañías como Ferrovial, ACS, Sacyr y Acciona, estiman en más de 407.000 millones de euros las necesidades de inversión en infraestructuras durante la próxima década. De esa cantidad, unos 127.000 millones corresponden a conservación y mantenimiento. Es decir, prácticamente uno de cada tres euros deberá destinarse a cuidar lo que ya existe, antes incluso de abordar otras necesidades de modernización y ampliación de las redes.
Fuentes empresariales advierten de que España afronta una contradicción difícil de resolver. Dispone de una de las mayores dotaciones de infraestructuras de Europa, pero mantenerlas exige un esfuerzo financiero creciente. Y cada nueva autovía, línea ferroviaria o instalación hidráulica incorpora obligaciones de conservación durante décadas. El sector reclama, por tanto, que las administraciones no solo incrementen los presupuestos, sino que prioricen las actuaciones más necesarias y garanticen su financiación a largo plazo.
Quince años de recortes
La explicación de este desequilibrio se remonta a la crisis financiera. España invirtió 34.800 millones de euros en infraestructuras públicas en 2009. Quince años después, apenas destinaba 13.000 millones. La caída alcanza el 62,7% en términos reales, según un informe publicado en marzo de 2026 por el Instituto de Estudios Económicos. Pese a la recuperación de los últimos ejercicios, el esfuerzo inversor sigue muy lejos de los niveles anteriores a la crisis de 2008.
El ajuste fue prolongado. La inversión tocó fondo en 2018, cuando cayó hasta algo más de 9.000 millones de euros. Desde entonces ha recuperado terreno, impulsada también por los fondos europeos, pero no ha conseguido revertir el retroceso acumulado. Durante buena parte de ese periodo, España siguió utilizando y ampliando unas redes cuya renovación exigía recursos que no siempre llegaron.
La comparación con la economía española permite dimensionar el problema. Entre 2012 y 2024, el PIB creció un 23,3%, mientras que la inversión pública en infraestructuras se redujo un 13,5%. El país generó más actividad económica, transportó más viajeros y mercancías y aumentó las exigencias sobre sus redes. Pero el esfuerzo inversor no acompañó esa expansión.
Son 12.100 millones menos, una caída del 2,5% en términos reales. El problema se entiende mejor con un ejemplo cotidiano. Un edificio necesita reparar la fachada, cambiar los ascensores y renovar las tuberías para seguir funcionando durante décadas. Con las infraestructuras sucede lo mismo. Las carreteras necesitan asfalto nuevo, las vías ferroviarias deben sustituirse y las redes de agua requieren inversiones constantes. Si esas actuaciones se retrasan, las instalaciones envejecen y pierden valor.
La factura sigue creciendo. Los expertos cifran en 12.000 millones de euros cada año para compensar el desgaste de sus infraestructuras. La realidad es que, entre 2018 y 2024, la inversión media anual en mantenimiento fue de unos 10.500 millones, según el IEE. La diferencia respecto a las necesidades estimadas alcanza los 1.500 millones al año, unos cuatro millones de euros diarios.
Para ponerlo en perspectiva, esa cantidad equivale a casi todo el presupuesto del Ministerio de Cultura y Deporte en 2023, que ascendía a unos 1.700 millones. Y todo ello en un país que encadena tres ejercicios con los Presupuestos Generales del Estado de 2023 prorrogados. España necesita seguir construyendo, pero también encontrar los recursos para conservar unas infraestructuras cuyo desgaste no se detiene cuando faltan nuevos presupuestos.
El ferrocarril y la paradoja de la alta velocidad
España ha construido una de las mayores redes de alta velocidad del mundo. Pero el tren que más utilizan los españoles no es el AVE. Solo Cercanías registró 446 millones de viajes en 2025, frente a los 44,5 millones de la alta velocidad comercial, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Diez veces más. La comparación resume una de las grandes contradicciones del modelo ferroviario. Mientras España dedicaba décadas a extender las líneas de alta velocidad, las redes utilizadas diariamente para ir al trabajo, estudiar o desplazarse por las grandes ciudades seguían acumulando necesidades de modernización.
El reparto de las inversiones ilustra las prioridades del sistema. En 2024, Adif y Adif Alta Velocidad ejecutaron 4.492 millones de euros: 2.459 millones en la red de alta velocidad y 2.033 millones en la convencional. Es decir, aproximadamente el 55% frente al 45%. Ambas partidas incluyen construcción, renovación y mejoras, por lo que no equivalen a una división entre obra nueva y mantenimiento. Pero permiten comprobar el peso que sigue teniendo la alta velocidad en el esfuerzo inversor, pese a que Cercanías concentra la mayor parte de los viajes ferroviarios.
La comparación internacional añade otra perspectiva. Según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), España destinó una media de 45,5 millones de euros al mantenimiento por cada 1.000 kilómetros de vía entre 2019 y 2024, frente a los 80,6 millones de los países europeos utilizados como referencia. Un 44% menos por kilómetro. El organismo calcula que igualar ese promedio exigiría unos 570 millones de euros adicionales cada año. Son cifras correspondientes a otro periodo y metodología, por lo que no deben compararse directamente con el gasto de 2025 comunicado por Adif.
Los compromisos pendientes muestran las dificultades para convertir los presupuestos en mejoras efectivas. El plan de Rodalies de Cataluña alcanzó una ejecución del 72% entre 2020 y 2025, lo que significa que parte de las actuaciones previstas seguía pendiente al finalizar ese periodo. En el Corredor Mediterráneo, diseñado para conectar la frontera francesa con Algeciras recorriendo todo el este y sur de España por tren, apenas un tercio del trazado se encontraba en servicio, según la información del Ministerio de Transportes de abril de 2026.
Las mercancías ofrecen otra muestra de las limitaciones del sistema. El ferrocarril transporta menos del 4% de las mercancías, frente al objetivo del 10% fijado para 2030. Un lastre para el uso de la vía y un castigo para el uso de la carretera que evidencia las dificultades del tren para competir con el camión. No basta con construir corredores ferroviarios. También hacen falta terminales, conexiones con puertos y centros logísticos, capacidad disponible y servicios fiables que permitan a las empresas utilizar el tren como una alternativa real.
Los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) han devuelto la seguridad ferroviaria al centro del debate. Las investigaciones deberán determinar sus causas y responsabilidades, sin que los déficits generales de inversión permitan anticiparlas. Pero las tragedias han reabierto una discusión que llevaba años pendiente. España ha construido una red ferroviaria de referencia internacional. La cuestión es si está dedicando suficientes recursos a conservarla y a modernizar las líneas que millones de ciudadanos utilizan cada día.
Alerta en la carretera
"La carretera me preocupa más que la vía ferroviaria", detalla un experto en infraestructura que prefiere no salir en el artículo. Poner al día las carreteras españolas exige una inversión de 13.500 millones de euros, según la Asociación Española de la Carretera. Es una factura equivalente a más de cuatro años de lo que todas las administraciones gastaron en conservación durante 2024. El problema no se limita al asfalto. También afecta a puentes, túneles, señalización y taludes.
La presión sobre la red viaria, además, sigue creciendo. El país registró 478,6 millones de desplazamientos de largo recorrido en 2025, un 3,4% más que el año anterior y un récord histórico, según la Dirección General de Tráfico (DGT). La carretera concentra, además, más del 96% del transporte terrestre de mercancías, medido en toneladas-kilómetro, según los datos de 2023 del Observatorio del Transporte y la Logística.
Su conservación resulta, por tanto, fundamental tanto para la movilidad de los ciudadanos como para el abastecimiento de las empresas. Las compañías especializadas, agrupadas en ACEX, calculan que sería necesario invertir 5.000 millones de euros anuales en conservación, frente a los 3.057 millones destinados en 2024. ACEX estima que el Ministerio debería renovar 2.600 kilómetros de firme cada año, más de seis veces la distancia entre Madrid y Valencia. No para construir nuevas autovías, sino para conservar las existentes.
Y aunque la siniestralidad ha mejorado, la seguridad continúa siendo una exigencia fundamental. En 2025 fallecieron 1.119 personas en vías interurbanas, una cifra que se mantiene más o menos constante en los últimos años. El dato preocupante es que, del total, 821 personas perdieron la vida en carreteras convencionales, donde más se reclama mantenimiento y mejoras.
¿Quién pagará la factura?
La factura de las infraestructuras no cabe en una legislatura. Según Seopan, uno de cada tres euros debería destinarse a cuidar lo que ya está construido. El próximo 29 de noviembre se celebran elecciones, pero las carreteras, los ferrocarriles y las redes de agua seguirán necesitando inversiones con independencia de quién gobierne.
La comparación europea tampoco invita a la complacencia. Entre 2019 y 2024, la inversión pública española representó de media el 2,7% del PIB, frente al 3,4% de la Unión Europea, según el Instituto de Estudios Económicos (IEE). Igualar ese esfuerzo habría exigido invertir unos 10.500 millones de euros adicionales cada año. No es una cantidad menor, equivale a destinar casi 29 millones de euros más al día a inversión pública. El desafío no consiste únicamente en encontrar dinero, sino en decidir qué proyectos son prioritarios, cuáles pueden ejecutarse y quién asumirá su coste durante décadas.
Las grandes constructoras defienden recuperar la colaboración público-privada para movilizar inversiones sin concentrar todo el desembolso inicial en los presupuestos. Fuentes empresariales señalan que la actividad concesional ha perdido peso durante los últimos años y reclaman revisar las condiciones que dificultan nuevos proyectos, entre ellas las derivadas de la Ley de Desindexación de 2015.
Pero la financiación privada no convierte las infraestructuras en gratuitas. Alguien acaba pagando. Los usuarios mediante tarifas o peajes, las administraciones mediante compromisos futuros o una combinación de ambos. Y si los contratos reparten mal los riesgos, la factura puede terminar regresando al contribuyente.
Durante décadas, el éxito de las infraestructuras se midió en kilómetros de autovía, estaciones de alta velocidad y grandes obras inauguradas. Ahora toca afrontar la renovación de vías, reparación de carreteras, modernizar redes de agua y adaptar puertos y aeropuertos a nuevas exigencias. Son inversiones que rara vez ofrecen una fotografía electoral tan atractiva como una inauguración, pero de las que depende que los servicios sigan funcionando.
España ha demostrado que sabe construir. El reto pendiente es demostrar que también puede conservar lo construido. Porque cortar la cinta de una inauguración no pone fin a la factura. Es cuando empieza a llegar.