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España · Seguridad ferroviaria

El accidente de Urda reabre el debate sobre el mantenimiento de la alta velocidad

Los forenses han identificado a 66 de los 69 fallecidos mientras sindicatos y operadores piden a la Agencia de Seguridad Ferroviaria medidas cautelares sobre Adif. El Gobierno defiende que la inversión ha crecido y aprueba este martes las primeras ayudas.

Foto: vía 20minutos

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El accidente de Urda y la inversión ferroviaria
69Fallecidos
41Heridos ingresados
16En la UCI
170Caídas del LZB este año (millones no)
1.370Gasto previsto en mantenimiento 2026 (millones de euros)

Según RNE, el Ministerio de Transportes y el ministro Óscar Puente. Gráfico de El Autómata con los datos de las fuentes.

Claves

  • Los forenses han identificado a 66 de los 69 fallecidos en Urda; 41 heridos siguen ingresados, 16 en la UCI.
  • CCOO, Iryo y Semaf piden a la AESF limitar a 40 km/h la circulación tras caídas del sistema de señalización.
  • Puente afirma que la inversión de Adif pasó de 1.700 millones en 2017 a 5.200 millones y que el mantenimiento llegará a 1.800 millones en 2030.
  • Según la Comisión Europea, solo el 16% del gasto en alta velocidad se destinó a mantenimiento entre 2018 y 2022.

El accidente ferroviario de Urda (Toledo), ocurrido la semana pasada en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, ha reabierto el debate sobre la inversión en mantenimiento y la seguridad de la red, menos de un año después del siniestro de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas el 18 de enero. Los forenses han identificado ya a 66 de los 69 fallecidos —las tres víctimas pendientes son extranjeras—, y 41 personas siguen ingresadas en hospitales de Castilla-La Mancha y Madrid, 16 de ellas en la UCI. Algunos medios elevan a 70 el número de muertos.

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, dijo el domingo por la noche en RNE que «es muy posible que todas las personas vayan a salir adelante». Los equipos de rescate siguieron trabajando en la zona después de que la jueza instructora pidiera acelerar las labores y destinar operarios para que las grúas pudieran operar también de noche. El PP y Vox han anunciado que se personarán en la causa judicial.

El Consejo de Ministros aprobará este martes las primeras ayudas para los afectados. El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecerá después de la reunión y, por la tarde, ante la Diputación Permanente, mientras crecen las peticiones de dimisión. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitió el viernes que hay «una confianza quebrada en el sistema de alta velocidad».

En el origen del accidente figura el fallo del sistema de señalización LZB, que guía los trenes en la línea Madrid-Sevilla. Puente cifró el viernes en 170 las caídas del sistema en lo que va de año y sostuvo que esa cifra «entra dentro de la normalidad». CCOO, sindicato mayoritario en Adif, ha pedido por carta a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) que, al amparo del artículo 19.4 del Real Decreto 929/2020, imponga medidas temporales por «riesgo grave». Iryo y el sindicato de maquinistas Semaf reclaman, entre otras cosas, que tras una caída del LZB o del ERTMS los trenes circulen a 40 kilómetros por hora hasta recuperar la señal, y que la distancia entre trenes no dependa solo de comunicaciones verbales. Ouigo también se ha dirigido por escrito a la agencia.

El Gobierno defiende su gestión con cifras de inversión. Según Puente, entre Adif y Adif Alta Velocidad se pasó de 1.700 millones de euros invertidos en 2017 a 5.200 millones el año pasado. «¿De quién es la culpa, de quién invierte 5.000 millones o de quién invirtió 1.700 millones sin dejar un proyecto encima de la mesa?», dijo en el Senado. El ministro añadió que el gasto previsto en mantenimiento para 2026 es de 1.370 millones, el doble que en 2011, y que el acuerdo con los sindicatos firmado tras Adamuz lo elevará hasta 1.800 millones en 2030.

Otros datos matizan esa evolución. Un informe de la Comisión Europea de 2025 sitúa a España como el gran país de la UE que menos destina a conservar su alta velocidad: entre 2018 y 2022, de un promedio anual de 1.500 millones, solo el 16% fue a mantenimiento. Según la CNMC, los servicios comerciales de alta velocidad transportaron 39,6 millones de viajeros en 2024, un 77,2% más que en 2019, tras la entrada de Iryo y Ouigo. Con datos del ministerio, la CNMC y Adif, elDiario.es calcula que el gasto en mantenimiento por kilómetro se ha mantenido estable en la última década, mientras que por viajero y por plaza ofertada ha bajado.

ABC publica, citando cuatro fuentes de Adif, que a finales de 2025 el presidente del gestor, Luis Pedro Marco de la Peña, rechazó una petición del director general de Operaciones y Explotación, Raúl Míguez, de duplicar hasta 1.000 millones el gasto en mantenimiento de la alta velocidad, que había caído por debajo de los 400 millones anuales, y aceptó solo la mitad. Míguez fue cesado tras el accidente de Rodalies en Gélida (Barcelona), que causó un muerto y 37 heridos el 20 de enero, y pasó a un puesto de rango inferior.

El debate se extiende al conjunto de las infraestructuras. Según el Instituto de Estudios Económicos, la inversión pública en infraestructuras cayó un 62,7% en términos reales entre 2009 y 2024, de 34.800 a 13.000 millones, con un mínimo en 2018. La patronal Seopan estima en más de 407.000 millones las necesidades de inversión de la próxima década, de los que unos 127.000 corresponderían a conservación.

El accidente llega a 27 días de las elecciones generales. Varias encuestas publicadas este lunes apuntan a un descenso del PSOE tras el siniestro.

Así lo contó la radio

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Cómo lo cuentan

  • ABCderecha: Destaca que el presidente de Adif rechazó duplicar el gasto en mantenimiento antes de Adamuz y relegó al técnico que lo propuso.
  • elDiario.esizquierda: Subraya el aumento de la inversión total y examina el efecto de la liberalización sobre el gasto por viajero.
  • El Mundocentroderecha: Se centra en la presión de trabajadores, operadores y maquinistas para que la AESF intervenga en Adif.
  • El Confidencialcentro: Enmarca el accidente en quince años de caída de la inversión pública en infraestructuras.

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