La vivienda se encarece muy por encima de los salarios desde 2015
Los cálculos de KSNET y Daleph sitúan entre 1.622 y 2.321 euros brutos mensuales el ingreso necesario para una persona sola en las áreas metropolitanas analizadas.
Los cálculos de KSNET y Daleph sitúan entre 1.622 y 2.321 euros brutos mensuales el ingreso necesario para una persona sola en las áreas metropolitanas analizadas.

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Entre 2015 y 2025, los salarios crecieron un 28% de media, frente al 80% del precio de compra por metro cuadrado y al 87% del alquiler. La comparación de Esade, basada en encuestas del INE y registros de Idealista, refleja la distancia entre los ingresos y el coste de la vivienda que está en el centro de las reivindicaciones de la huelga.
El informe Salario de vida 2026, de KSNET y Daleph, estima los ingresos necesarios para que una persona que trabaja a jornada completa cubra sus necesidades básicas en cinco áreas metropolitanas. La media para los distintos tipos de hogar es de 2.061 euros brutos mensuales en Madrid, 1.891 en Barcelona, 1.680 en Valencia, 1.668 en Sevilla y 1.645 en Bilbao. El cálculo incluye alquiler, suministros, alimentación, transporte, ropa, educación, salud, ocio e imprevistos; no equivale al salario mínimo ni al umbral de pobreza. Para las familias monoparentales con un hijo, la estimación asciende a entre 2.196 y 2.949 euros al mes. El Gobierno anunció elevar el salario mínimo un 5,3%, hasta 1.286 euros, desde los 1.221 vigentes.
El País sitúa el inicio de la movilización social el 23 de septiembre, con el desahucio de una mujer de 87 años. Las reivindicaciones de los colectivos de inquilinos se ampliaron después a salarios, precios y servicios públicos. Las manifestaciones del miércoles cerraron la jornada de paro con la vivienda como eje.
La huelga general anterior fue la de 2012, convocada por CCOO y UGT contra la reforma laboral y los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy. La del 11N, la octava en democracia, partió del Sindicato de Inquilinas y sumó después a los sindicatos mayoritarios, sin dirigirse contra una medida legislativa concreta. Tuvo una particularidad política: el Gobierno respaldó sus motivos y llamó a movilizarse, mientras el PP la calificó de preventiva y electoral.
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