Las actuaciones policiales durante la huelga general del 11N abrieron un frente político. Emilio Delgado, cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid, pidió el miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que destituya al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Sostuvo que debe dejar el cargo tanto si ordenó las intervenciones como si perdió el control de las fuerzas de seguridad. Irene Montero, candidata de Podemos, reclamó su dimisión y que Sánchez lo retire de las listas del PSOE para las elecciones del 29 de noviembre.
Montero acusó al Gobierno de enviar a la Policía contra piquetes y manifestantes y pidió la libertad de los detenidos. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, difundió un vídeo en el que un agente le solicita identificarse mientras apoyaba un piquete; ella le pide que muestre su número de placa.
CCOO de Madrid anunció una denuncia penal por el uso de gas pimienta en una carga contra un piquete en Mercamadrid. Su secretaria general, Paloma López, cifró en 13 las personas heridas y en una los detenidos. El secretario general del sindicato, Unai Sordo, dijo que el aerosol afectó a 15 trabajadores y que estudian otras acciones legales. En el Parque Tecnológico de Zamudio, sindicatos y el Sindicato de Inquilinas denunciaron un uso excesivo de la fuerza durante la detención de un sindicalista.
Fuentes del mando policial que dirigió el dispositivo defendieron en la COPE que los agentes emplearon la fuerza mínima necesaria y que el gas pimienta es el recurso menos lesivo de los protocolos de la Unidad de Intervención Policial. Afirmaron que actuaron siguiendo una orden de Interior para impedir piquetes violentos. El ministerio sostuvo que la jornada fue pacífica en general y que los incidentes se limitaron a grupos reducidos que rebasaron la legalidad.
La movilización también cuestionó al Ejecutivo en plena campaña electoral. El Mundo informó de que el Sindicato de Inquilinas presentó la huelga como una protesta contra gobiernos de todos los colores, mientras miembros del Gobierno la habían interpretado como una presión dirigida a la oposición. El Ejecutivo había respaldado las reivindicaciones de vivienda y salarios.
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