"Es una cuestión de enorme trascendencia que afecta directamente a nuestra ciudad" declara a EL ESPAÑOL Kissy Chandiramani Ramesh, vicepresidenta segunda y consejera de Hacienda de la ciudad autónoma de Ceuta, sobre el nuevo informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF).
"El Gobierno de España debe explicar qué información tenía, desde cuándo y por qué no se trasladó al Ejecutivo local" añade.
El contenido de dicho informe, que apunta a una actuación planificada y coordinada entre distintas estructuras de seguridad del país vecino, se ha dado a conocer tras ser remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón la semana pasada.
En dicho informe, el organismo identificó a 18 altos cargos civiles y policiales marroquíes presuntamente implicados en los movimientos que facilitaron la entrada masiva de personas a la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio como agentes "dinamizadores" de la entrada masiva de alrededor de 100.000 personas a la ciudad.
Entre los responsables identificados figuran el wali o gobernador de la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas, Younes Tazi, o el wali al amn o prefecto de Policía de Tetuán, Mohamed El Oualidi, entre otros.
Según la investigación policial, ambos estuvieron presentes en Castillejos durante las jornadas del 30 y 31 de julio.
Esto ratifica la información detallada en el primer informe del CENIF al que tuvo acceso la jueza Tardón, desvelado por EL ESPAÑOL, que ya constataba que hubo un "guiado activo" de los migrantes por parte de agentes marroquíes, tanto uniformados como de paisano.
El CENIF se ratifica en este informe en que se produjeron "actitudes o comportamientos indiciariamente de interés para la investigación (inactividad, guiado, control, etc.) desplegados por miembros de diferentes estructuras de seguridad (Fuerzas Auxiliares, gendarmes, policías, personal civil, etc.)" de Marruecos.
El ejecutivo local asegura haberse enterado de los nuevos detalles de la investigación a través de los medios de comunicación, a pesar de que la información del informe es de vital importancia para la ciudad, en la que continúan miles de inmigrantes.
Desde el Ejecutivo presidido por Juan Jesús Vivas consideran que lo publicado reviste “una extraordinaria gravedad” ya que "todo apunta a una actuación planificada y coordinada entre distintas estructuras de las autoridades marroquíes para facilitar la invasión de nuestra ciudad”, sostiene la consejera.
El Gobierno local advierte de que, de confirmarse los indicios recogidos en el informe policial, se trataría de “una actuación deliberada contra la integridad territorial de España”, cuyas consecuencias, subraya, “seguimos soportando los ceutíes”.
En este sentido, reclama que la investigación judicial llegue hasta el final y permita esclarecer quién estuvo detrás de lo ocurrido.
“Ceuta merece conocer toda la verdad: quién organizó lo ocurrido, quién lo facilitó y qué medidas se van a adoptar para impedir que vuelva a suceder”, señala Chandiramani, que asegura respetar las diligencias abiertas por la Audiencia Nacionaly reclama que se determinen todas las responsabilidades.
Una respuesta diplomática
La reacción del Gobierno ceutí va más allá del ámbito judicial.
Preguntado por las posibles consecuencias que esta información debería tener en las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos, el Ejecutivo local considera que el Gobierno central debe ofrecer una respuesta firme.
“Una información de esta gravedad exige explicaciones y una respuesta diplomática firme del Gobierno de España”, y que si se confirma la participación de autoridades marroquíes en la organización de la entrada masiva, “debe tener consecuencias en las relaciones bilaterales”.
Para Chandiramani, "una actuación contra la integridad territorial de España no puede quedar sin respuesta".
Aunque reconoce que corresponde al Ejecutivo de Pedro Sánchez determinar las medidas concretas, considera imprescindible exigir el esclarecimiento de los hechos, la depuración de responsabilidades y garantías para evitar que una situación similar vuelva a producirse.
“Las relaciones con Marruecos deben sustentarse en el respeto a la soberanía española y a la seguridad de nuestros ciudadanos. La protección de Ceuta debe ser una prioridad irrenunciable en esa relación”, defiende la vicepresidenta y consejera.
Otro de los aspectos que más preocupan al Gobierno de Ceuta es la ausencia de información y comunicación oficial por parte del Ejecutivo central sobre la posible implicación de responsables civiles, policiales y militares marroquíes en los acontecimientos de julio.
Por ello, reclama al Ejecutivo de Sánchez que explique "qué información tenía, desde cuándo y por qué no se trasladó al Ejecutivo local", aunque reconoce que cualquier comunicación debería respetar las reservas que pudiera exigir la investigación judicial.
Así, el Gobierno de la ciudad considera que la coordinación entre administraciones resulta especialmente importante ante un asunto que afecta directamente a la seguridad de la ciudad. "La coordinación institucional exige que el Gobierno de Ceuta disponga de la información necesaria para proteger y atender a su población", concluye.
Mientras tanto, la Audiencia Nacional mantiene abierta la investigación sobre los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio.