El Gobierno de Ceuta ha reclamado que la investigación de la Audiencia Nacional sobre la entrada de migrantes en la ciudad los días 30 y 31 de julio llegue hasta el final y determine quién organizó o facilitó los movimientos. La petición se produce tras un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), dependiente de la Policía Nacional, que sitúa a cargos marroquíes en Castillejos durante esas jornadas.
Kissy Chandiramani Ramesh, vicepresidenta segunda y consejera de Hacienda de Ceuta, aseguró a El Español que el Ejecutivo local no ha recibido comunicación oficial sobre la investigación y que conoció los nuevos detalles a través de los medios. Chandiramani pidió al Gobierno español que explique qué información tenía, desde cuándo y por qué no la trasladó a la ciudad. También reclamó una respuesta diplomática firme si se confirma la implicación de autoridades marroquíes.
El informe del CENIF, remitido la semana pasada a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, identifica a 18 personas cuya presencia en la zona habría sido contrastada mediante imágenes y testimonios. Entre ellas figuran Younes Tazi, gobernador de Tánger-Tetuán-Alhucemas, y Mohamed El Oualidi, prefecto de Policía de Tetuán. El organismo considera que las conductas observadas —como inactividad, control o guiado— apuntan a una coordinación entre estructuras de seguridad marroquíes. Son valoraciones policiales incorporadas a la investigación, no conclusiones judiciales sobre un plan común o responsabilidades penales.
Tres jóvenes declararon como testigos protegidos ante Tardón el 10 de noviembre. Uno relató que funcionarios dijeron a la gente: «Si queréis pasar, entrad al mar»; otro aseguró que miembros de las Fuerzas Auxiliares y policías dirigían a personas hacia la playa. La jueza también ha pedido a la Comisaría General de Información un informe sobre posibles anomalías en las comunicaciones operativas entre el 28 de julio y el 5 de agosto, después de que un subinspector describiera problemas junto a la frontera el día 30.
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