La primera ministra danesa, la socialista Mette Frederiksen, ha anunciado este lunes un acuerdo para crear el primer centro de deportación de migrantes irregulares amparado por la legislación de la Unión Europea, que se pondrá en marcha en Ruanda.
La Comisión de Ursula von der Leyen respalda la iniciativa, impulsada también por Alemania, Países Bajos, Grecia y Austria, con el objetivo de poner en marcha el centro en 2027.
Los cinco países enviarán a Ruanda a los migrantes adultos -hombres y mujeres sin menores a su cargo- que entren irregularmente en su territorio y que no puedan ser devueltos a sus países de origen, para que desde allí se gestione su retorno. Si no es posible ejecutar el retorno, podrían permanecer indefinidamente en Ruanda.
"Creo que esto supondrá un antes y un después y nos permitirá hacer frente a los enormes desafíos que plantea la inmigración irregular", ha dicho la primera ministra danesa durante la rueda de prensa conjunta para presentar el acuerdo.
"Desmantelaremos el modelo de negocio de los traficantes de personas, recuperaremos el control de nuestras fronteras y eliminaremos los incentivos para la inmigración irregular".
"Gracias a nuestra cooperación con Ruanda, garantizaremos que quienes no tengan derecho legal a permanecer en Europa sean devueltos de forma digna", sostiene Frederiksen, que espera que muchos otros Estados miembros se sumen a la creación de centros de deportación fuera de la UE y lo hagan en otros países extracomunitarios.
Ni ella ni el resto de los participantes han precisado cuántas personas prevén deportar a Ruanda, aunque han dejado entrever que no serán números muy elevados y que, como mucho, se situarán en "algunos miles". "La cifra más importante es la que nunca llegaremos a conocer porque, esperemos, esas personas ni siquiera emprenderán el viaje hacia Europa", ha señalado la danesa.
Por su parte, el ministro del Interior ruandés, Vincent Biruta, también presente en Viena para el anuncio, ha dicho que su país "ofrecerá una segunda oportunidad a las personas que ya no tienen derecho legal a permanecer en los países socios".
"A quienes sean acogidos en Ruanda se les ofrecerá la posibilidad de regresar voluntariamente a sus países de origen, integrarse en la sociedad ruandesa o trasladarse a otro destino en el que tengan derecho legal a residir, según sus preferencias (...) No permanecerán en un campo ni en una zona habilitada específicamente para ellos, se integrarán en nuestra sociedad".
"La migración desordenada, que empuja a las personas a emprender rutas peligrosas y expuestas a la explotación, no beneficia ni a los países de origen ni a los de acogida», ha subrayado Biruta, que ha dado a entender que los cinco países impulsores deberán asumir los costes de reubicación e integración de los migrantes que acoja Ruanda.
"Acogemos con satisfacción esta iniciativa y hemos seguido muy de cerca los trabajos preparatorios de los cinco Estados miembros para establecer un centro de retorno de este tipo", ha explicado el portavoz de Interior del Ejecutivo comunitario, Markus Lammert.
"Valoramos los esfuerzos realizados y tomamos nota del cuidadoso trabajo preparatorio, también en lo que respecta a garantizar el respeto de los derechos humanos y a la estrecha cooperación con los organismos de Naciones Unidas en este proceso".
"Mejorar la eficacia del sistema de retornos de la UE es una prioridad para la Comisión. Por eso, las nuevas normas sobre retornos ofrecen a los Estados miembros la posibilidad de establecer centros de retorno".
"Este enfoque innovador puede contribuir a combatir la migración irregular y a mejorar la eficacia de los retornos, con pleno respeto del derecho de la UE y del derecho internacional", ha subrayado el portavoz.
El Ejecutivo comunitario no ha querido aclarar si destinará ayudas europeas al centro de deportación en Ruanda y se ha limitado a señalar que estudiará cualquier petición que le manden los Estados miembros. La normativa europea ya permite financiar estas instalaciones.
El Gobierno de Pedro Sánchez fue el único de la Unión Europea que votó en contra del reglamento para acelerar las expulsiones de migrantes irregulares, la norma que da cobertura legal para crear centros de deportación en países extracomunitarios.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, alega que los centros en terceros países generan "inseguridad jurídica", ofrecen "garantías limitadas" y podrían permitir incluso trasladar a familias con hijos a países "con los que no tienen absolutamente ninguna vinculación".
El presidente francés, Emmanuel Macron, aunque apoyó la norma, también se ha manifestado en contra de crear estos centros.
El acuerdo de Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Grecia y Austria con Ruanda sigue el modelo del convenio que firmó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con Albania, que todavía arrastra problemas judiciales y operativos. Meloni no se ha sumado de momento al pacto con Ruanda.
Reino Unido ya firmó un acuerdo similar con Ruanda en diciembre de 2023, bajo el Gobierno del conservador Rishi Sunak, para establecer en el país africano un centro de deportación de migrantes.
Sin embargo, el Tribunal Supremo británico declaró ilegal el convenio al considerar que los migrantes trasladados a Ruanda corrían el riesgo de sufrir vulneraciones de sus derechos humanos. Finalmente, el Gobierno laborista de Keir Starmer renunció al proyecto.
Pese a ello, en la cumbre de la Comunidad Política Europea celebrada la semana pasada en Dublín, el nuevo primer ministro británico, el también laborista Andy Burnham, impulsó junto a Frederiksen y Meloni una declaración conjunta en la que reafirman su "compromiso de seguir reduciendo la inmigración irregular hacia Europa y dentro del continente, conscientes de que constituye un desafío para todos".
La declaración ha recibido el respaldo de 41 jefes de Estado y de Gobierno europeos. Entre los países de la UE, los únicos que no la han suscrito son España -Pedro Sánchez no acudió a la cumbre de Dublín por coincidir con la campaña electoral-, Francia, Portugal y Luxemburgo.
Sánchez ha recibido fuertes críticas de buena parte de sus socios europeos por desmarcarse sistemáticamente de la línea migratoria dominante en la UE, en particular por la regularización masiva de migrantes. La mayoría de los Gobiernos denuncian que esta medida ha generado un "efecto llamada" con consecuencias negativas para el conjunto del espacio Schengen.