Lo que hace unos años levantaba ampollas en la Unión Europea (UE), las deportaciones a África de peticionarios de asilo rechazados por el país de acogida, ha cobrado forma impulsado por cinco países del bloque comunitario. Ha sido en Viena, con el acuerdo suscrito con Ruanda para la instalación de un primer "centro de retorno", que fue presentado por el canciller austriaco, el conservador Christian Stocker; la primera ministra de Dinamarca, la socialdemócrata Mette Frederiksen, y los ministros de Interior o Inmigración de Alemania, Grecia y Países Bajos, los cinco países comunitarios que defienden, a modo de plan piloto, la instalación de ese primer centro de retorno fuera de la UE. Por parte ruandesa acudía el titular del Interior, Vincent Biruta, quien aseguró que su país observará "el debido respeto a los derechos humanos" de esas personas.
"Estamos ante un cambio de paradigma", afirmó Stocker, al presentar el acuerdo. Está orientado, dijo, a tres objetivos: trasladar ahí a peticionarios de asilo que hayan visto rechazada su solicitud; impedir las operaciones "criminales" de las mafias que trafican con seres humanes; y "descargar" a los países del peso de su acogida.
Empeño personal de Frederiksen
"Estoy enormemente satisfecha con un acuerdo en el que llevamos trabajando nueve años", afirmó la socialdemócrata Frederiksen, quien en materia de asilo se comporta como una aliada política de la ultraderechista italiana Giorgia Meloni. En 2022, la líder danesa a punto estuvo de lograr un acuerdo con Ruanda parecido al suscrito entre Italia y Albania. Seguía Frederiksen el modelo marcado anteriormente por el Reino Unido, pero no llegó a concretarse.
La situación ahora es distinta. El pasado septiembre, los centros de deportación en terceros países recibieron luz verde de la UE. Forma parte de una política migratoria cada vez más restrictiva en buena parte de Europa. España fue el único estado miembro que rechazó el llamado reglamento de retornos.
"Tenemos el marco legal preciso para actuar. Y vamos a hacerlo", indicó el ministro alemán de Interior, Alexander Dobrindt, en alusión a la normativa europea. Dobrindt, de la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), pertenece al ala más derechista del bloque conservador del canciller Friedrich Merz. Recientemente desató un notable revuelo en su país al denominar, sin pruebas, de "elementos caóticos de origen migratorio" a los grupos de violentos que se mezclan en las movilizaciones de los jóvenes alemanes.
Estupor entre las ONG
La presentación del plan coincidió con la celebración en la capital austríaca de la Vienna Migration Conference (VMC) y con la visita de trabajo de Frederiksen. Se materializó con la firma de un acuerdo con Ruanda y venía precidida por las críticas de ONG y organizaciones de derechos humanos proasilo.
La concreción del plan de retornos se ha producido en medio del secretismo y tras numerosas reuniones entre las partes a escala diplomática o de altos funcionarios. Unos días antes de anunciarse la firma, se conoció que acudiría a la conferencia de Viena una delegación ruandesa.
Los gobiernos de los cinco países europeos impulsores del Plan Ruanda argumentan que las deportaciones no serán masivas, sino en grupos reducidos, un centenar, en el caso danés. Sostienen que afectarán a adultos, principalmente hombres, a los que se haya denegado el asilo. Y defienden que tendrán un efecto disuasorio sobre el conjunto de la inmigración irregular.
Desde Human Rights Watch se alerta de las detenciones arbitrarias que se practican en Ruanda y de la indefensión legal en que quedan los afectados.