La Fiscalía Europea investiga un presunto fraude en las obras de la alta velocidad tras el accidente de Urda
La UCO acude a Adif, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria a requerir documentación
La UCO acude a Adif, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria a requerir documentación

La Fiscalía Europea ha puesto en marcha una investigación por un posible fraude en la utilización de fondos de la Unión Europea en las obras de renovación y mejora de la seguridad, señalización y sistemas de comunicaciones en la línea de alta velocidad entre Madrid-Sevilla, según han informado fuentes cercanas a la investigación y ha confirmado el ministerio público de la Unión Europea, órgano independiente encargado de investigar los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE. La Fiscalía Europea ha informado de que la investigación arranca por iniciativa propia a raíz del trágico accidente del 28 de octubre de 2026 en Urda (Toledo) en el que murieron 69 personas. El organismo con sede en Luxemburgo mantiene abierta otra investigación sobre el uso de los fondos europeos tras el accidente ferroviario que costó la vida a otras 46 personas en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero. Ambas investigaciones de carácter económico corren paralelas a los sumarios sobre las causas de ambos siniestros, los más graves en 35 años de historia de la alta velocidad en España.
Dentro de la investigación sobre el siniestro de Urda, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron este viernes a las sedes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y del Tribunal de Cuentas en Madrid a requerir documentación con la que determinar si se produjo malversación de fondos europeos en varias obras de mantenimiento de la vía de alta velocidad realizadas en los últimos años y que fueron cofinanciadas con los fondos NextGeneration UE y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Los agentes han recabado, entre otros, los expedientes de tres licitaciones que supusieron un desembolso total de 136,4 millones de euros.
El de mayor importe es el contrato que Adif adjudicó en septiembre de 2021 para la renovación del sistema de seguridad LZB —que impide que dos trenes coincidan en el mismo punto— por el ERTM, más moderno, así como la mejora de las instalaciones de señalización y telecomunicaciones fijas de la línea Madrid-Sevilla. El presupuesto inicial superaba los 131 millones de euros con IVA, aunque finalmente se adjudicó el contrato a Thales España GRP por cerca de 94 millones, y posteriormente fue transferido a Hitachi Rail en julio de 2024. Fue precisamente la caída del sistema LZB a las 8.31 del pasado 28 de octubre la que provocó que se paralizaran los siete trenes que en ese momento circulaban por el tramo de más de 63 kilómetros de la vía de alta velocidad afectada por el fallo. A las 9.53, un tren de Renfe al que se le había autorizado reemprender la marcha con normalidad embistió a un convoy de Iryo que aún estaba parado y provocó el siniestro. El entonces ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguraría después que el sistema LZB se había caído en 170 ocasiones en lo que iba de 2026.
La segunda licitación investigada es la del contrato para la renovación de 63 desvíos de los 319 existentes en la línea Madrid-Sevilla. Entre ellos, los de Urda, la localidad donde se produjo el choque entre los dos trenes el 28 de octubre. El contrato fue finalmente adjudicado por 21 millones de euros en su primera fase a una unión temporal de empresas (UTE) integrada por Ferrovial Construcción, Grupo Azvi, Convensa y Agrupación Guinovart. Azvi es una de las constructoras a la que la Guardia Civil acudió el pasado jueves para hacer un requerimiento de información en su investigación sobre la trama de corrupción del denominado caso Koldo. El tercer contrato, adjudicado por 21,5 millones de euros también a Thales España, tenía como objeto la renovación de los circuitos de vía ―el sistema que permite detectar la presencia de un tren en un tramo concreto del recorrido― tanto de la línea Madrid-Sevilla como del ramal La Sagra-Toledo.
La Fiscalía Europea tiene un modelo de instrucción parecido al de numerosos países de la UE, en el que los fiscales llevan la batuta de la investigación y el juez designado en España únicamente se encarga de supervisar que el procedimiento avanza con las garantías legales, supervisando medidas restrictivas de derechos fundamentales como órdenes de entradas y registros en domicilios o intervenciones telefónicas. Para las pesquisas del caso de Adamuz, la Audiencia Nacional designó al juez José Luis Calama para ejercer este papel de magistrado de garantías. Otro juez se encargará de las ahora iniciadas por el de Urda.
Texto de El País tal como lo publicó, leído de su página y mostrado aquí con el formato de El Autómata. El original, en elpais.com · Volver a la noticia de El Autómata