La Fiscalía Europea investiga un posible fraude de casi 200 millones de euros en ayudas comunitarias destinadas a modernizar los sistemas de seguridad de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, donde ocurrió el accidente ferroviario de Urda. Fuentes conocedoras de las pesquisas han confirmado esa cuantía a El Confidencial. La investigación busca determinar si los fondos se gestionaron y emplearon de acuerdo con las condiciones de las ayudas.
La Fiscalía abrió de oficio las diligencias y las desarrolla con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Este viernes, los agentes requirieron documentación en las sedes de Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y el Tribunal de Cuentas. La información solicitada incluye expedientes de obras de mantenimiento y modernización financiadas con fondos europeos, entre ellos NextGenerationEU y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
El principal contrato investigado fue adjudicado en septiembre de 2021 a Thales España GRP por 93,83 millones de euros. Incluía renovar las instalaciones de señalización, implantar el sistema europeo ERTMS para que conviviera con el LZB y mejorar las telecomunicaciones fijas. La licitación partía de un presupuesto de 108,38 millones sin IVA; la oferta de Thales fue un 28,45% inferior y se consideró inicialmente anormalmente baja. Adif aceptó después las explicaciones de la compañía, que alegó su conocimiento de la infraestructura.
También se examina un contrato para renovar 63 de los 319 desvíos de la línea, incluidos los de Urda, y otro relacionado con los circuitos de vía, que detectan la presencia de trenes en cada tramo. Las cifras publicadas no coinciden: El País situó en 136,4 millones el valor conjunto de tres licitaciones requeridas por la UCO; ABC atribuyó a fuentes próximas al caso 86 millones en fondos comunitarios bajo examen, mientras que El Confidencial cifra en cerca de 200 millones las ayudas investigadas y en más de 183 millones las adjudicaciones relacionadas.
El accidente se produjo el 28 de octubre, después de que la caída del sistema LZB a las 8.31 detuviera siete trenes en un tramo de más de 63 kilómetros. A las 9.53, un tren de Renfe autorizado a reanudar la marcha alcanzó a un convoy de Iryo que seguía parado. El choque dejó 69 fallecidos. La investigación sobre el uso de fondos europeos discurre en paralelo a las diligencias judiciales que buscan esclarecer las causas del siniestro.
La Fiscalía Europea ya había abierto en marzo otra investigación sobre fondos comunitarios destinados a la misma línea tras el accidente de Adamuz, en Córdoba, en el que murieron 46 personas. Las pesquisas sobre Urda se refieren al posible uso irregular de recursos de la Unión Europea y no constituyen por sí mismas una conclusión sobre las causas del accidente.
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