Tres accidentes de tren (en Adamuz, Gélida y Urda) con 116 muertos en tan sólo un año han desatado una crisis de seguridad en la red ferroviaria española (de más de 15.000 km) que para muchos de los que están dentro no es casual, sino que era algo que "tenía que pasar".
¿Por qué? Porque desde hace tiempo maquinistas, ingenieros, controladores, personal de talleres y otros colectivos ferroviarios vienen denunciando "la gran brecha de seguridad" existente en las empresas públicas Renfe y Adif, según cuentan distintos trabajadores de estos puestos a EL ESPAÑOL-Invertia.
La más visible tras el reciente accidente de Urda (Toledo) que ha dejado al menos 69 muertos es la que hay en los Centro de Regulación y Control de Adif (CRC).
El siniestro ha destapado una situación laboral que no ayuda a controlar el tráfico ferroviario en condiciones seguras, como falta de personal, brecha generacional, fatiga, estrés...
Y la peor de todas: presiones al personal de circulación para que los trenes no lleguen con retrasos en un momento en el que la carga de trabajo ha aumentado por la liberalización ferroviaria.
Lo mismo ocurre si bajamos a las vías. Sindicatos como Alferro denuncian la obsolescencia de sistemas de protección como el LZB y averías recurrentes (hasta 170 en 2026) que obligan a circular en condiciones degradadas.
Se trata de una situación que se produce cuando fallan los sistemas automáticos de seguridad (como pasó con el LZB en Urda) obligando a operar el tren bajo protocolos de emergencia o de atención manual.
En general, los trabajadores consultados por EL ESPAÑOL-Invertia apuntan a una pérdida de experiencia acumulada por renovaciones precipitadas de plantilla, subcontratación excesiva en el mantenimiento de vías y trenes, y falta de inversión en talleres.
En el caso de los talleres, aseguran que se "invierte lo mínimo" y "se subcontrata casi todo para abaratar" dejando a un lado la seguridad.
De hecho, el 22 de julio de 2026 en la Base de Mantenimiento Integral (BMI) de Renfe en Villaverde (Madrid) un operario de una subcontrata perdió la vida y otros dos compañeros resultaron heridos en un accidente laboral.
Por aquel entonces, sindicatos como CCOO y Alferro denunciaron la creciente externalización de los talleres, la precarización de las subcontratas y la falta de protocolos de seguridad suficientes en las bases de mantenimiento.
Huelgas
La situación, como hemos comentado, no es nueva, pero sí preocupante desde el punto de vista de la seguridad.
De hecho, el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, nada más estrenar cartera ministerial consiguió desconvocar la huelga estatal de cinco días en noviembre de 2023 .
Incluso llegó a frenar parte de la convocada en febrero de 2026 tras el accidente de Adamuz con un acuerdo histórico que incluyó 3.600 plazas más para Renfe y Adif y muchos compromisos de mejora y seguridad.
Pero no ha logrado contener las movilizaciones más recientes: el sindicato de maquinistas Semaf mantuvo la huelga del 29 de octubre de 2026 en Renfe.
Paros que convocaron porque precisamente se quejan de que los acuerdos no se están cumpliendo.
Aunque Renfe defiende que este año se han incorporado 1999 personas a la plantilla, quedando aún 157 plazas por convocar.
Y ahora han convocado nuevos paros para los días 10 y 12 de noviembre tras el accidente de Urda (Toledo), denunciando el incumplimiento de los compromisos de seguridad firmados meses atrás.
No serán los únicos. CGT también está buscando fecha para parar y alzar la voz contra las brechas de seguridad y la carga laboral.
Denuncia ante Europa
El sindicato Alferro fue más allá de las huelgas y en marzo envió una carta al Parlamento Europeo tras los accidentes de tren de Adamuz (con 46 muertos) y Gélida (un muerto).
En ella, solicitaron las instituciones de la Unión Europea que tutelen el cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de seguridad ferroviaria y prevención de riesgos laborales en España, exigiendo que la seguridad no quede subordinada a intereses empresariales, económicos o políticos.
Denuncian el deterioro de la seguridad ferroviaria en España, reflejado "en deficiencias estructurales de mantenimiento, prevención, trazabilidad técnica, control del riesgo, respuesta a avisos de seguridad, supervisión pública y protección de las personas trabajadoras y de los viajeros".
Entre otras cuestiones, pidieron la elaboración de un plan público y auditable de revisión de vías, catenarias y taludes, con transparencia de datos sobre fechas y anomalías.
Averías en la red
Y aquí viene otro de los grandes problemas de la red: el mantenimiento. Los expertos y los ingenieros coinciden en que es mejorable.
España cuenta con una red ferroviaria total de aproximadamente 15.652 kilómetros gestionada por Adif, de los cuales cerca de 4.000 kilómetros corresponden a líneas de alta velocidad. Y todos esos kilómetros hay que mantenerlos e invertir en ello.
Pero la crisis en mantenimiento es visible y el deterioro va a más cada año.
Prueba de ello son las limitaciones temporales de velocidad (LTV) que existen en las líneas de la red convencional (Cercanías, Media y Larga Distancia y Mercancías).
En lo que va de año, la cifra está por encima de las 1.000 averías. Los problemas más recurrentes en la infraestructura ferroviaria tienen que ver con el mal estado de la vía y el estado de aparatos de vía (desvíos, agujas, cruzamientos o corazones de desvío).
También hay restricciones por defectos de nivelación, alineación, geometría de la vía, deformación o mal estado del carril o falta de balasto.
Y aunque son minoría, hay limitaciones relacionadas con las obras propias de mantenimiento o renovación de las líneas.
Medidas del Gobierno
Ante esta situación, Renfe ya ha movido ficha tras el accidente de Urda y está preparando un plan con medidas para reforzar la seguridad y evitar nuevos siniestros.
Y el propio ministro de Transportes no descarta realizar una auditoría en toda la red (algo a lo que se negó tras Adamuz) e incluso parar el servicio ferroviario cuando arranquen las obras del corredor Madrid-Barcelona.