Doce días antes de que dos trenes de alta velocidad colisionaran en Urda (Toledo), causando la muerte de 69 personas, Renfe reconoció oficialmente que siete de las medidas acordadas con los sindicatos ferroviarios tras la tragedia de Adamuz continuaban en tramitación.
La admisión quedó recogida en un comunicado publicado el 16 de octubre, en plena confrontación con los maquinistas, que habían convocado una nueva huelga para exigir el cumplimiento de los compromisos de seguridad asumidos por el Ministerio de Transportes el pasado febrero.
Según la compañía pública, de las 24 actuaciones cuya ejecución correspondía a otros organismos, 17 estaban completadas y las siete restantes avanzaban mediante procedimientos administrativos, regulatorios y técnicos.
Imagen del accidente de Urda.
Rodrigo Mínguez.
Era el balance de un acuerdo que, ocho meses después de su firma, seguía enfrentando a quienes debían ejecutarlo con quienes habían exigido su aprobación.
El documento, publicado por Renfe para responder a la convocatoria de huelga del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF), defendía que la operadora había cumplido íntegramente sus propias obligaciones.
La compañía sostenía que las medidas pendientes correspondían a otras administraciones y recordaba que el pacto no había establecido plazos para su ejecución.
Sin embargo, las comunicaciones de los sindicatos firmantes permiten reconstruir algunos de los asuntos que seguían abiertos en octubre: desde la modificación de las normas que regulan los tiempos de conducción hasta la aprobación de convenios para financiar el mantenimiento de las infraestructuras, pasando por la elaboración de protocolos comunes para gestionar situaciones de riesgo en la circulación.
El origen de aquellos compromisos se encuentra en el 9 de febrero de 2026, tres semanas después del accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, que había causado 46 muertos.
Aquel lunes, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se reunió con los responsables de Renfe y Adif y los representantes de SEMAF, CCOO y UGT para poner fin a una convocatoria de huelga que amenazaba con prolongar la crisis ferroviaria.
El acuerdo permitió desconvocar las jornadas de paro previstas para los dos días siguientes y comprometió un incremento de 1.800 millones de euros en la inversión destinada al mantenimiento durante los cinco años siguientes, además de la creación de 3.650 empleos. Puente lo presentó entonces como un paso para mejorar el sistema ferroviario español.
Las cifras se repartían entre tres organismos. Adif incorporaría 2.400 plazas adicionales hasta 2030; Renfe, otras 1.200; y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), encargada de supervisar la seguridad del sistema, reforzaría su estructura con 50 puestos.
El acuerdo contemplaba también la adquisición de 300 vehículos de carretera para labores de mantenimiento, la recuperación de trabajos hasta entonces externalizados y la creación de grupos especializados en limitaciones temporales de velocidad, alertas meteorológicas y coordinación de riesgos.
El gasto anual de mantenimiento de la red convencional de Adif debía pasar de 861 millones de euros en 2026 a 1.179 millones en 2030.
Los plazos
El desarrollo comenzó una semana después. El 16 de febrero se constituyó la comisión paritaria encargada de supervisar los acuerdos, según informó el propio SEMAF, que entonces celebró los primeros avances.
En marzo, CCOO comunicó que la Agencia de Seguridad Ferroviaria había impulsado nuevos grupos de trabajo y comenzado la tramitación de reformas normativas.
Entre ellas figuraba la modificación del artículo 36 del Real Decreto 929/2020, que regula los tiempos de conducción de los maquinistas, para que las interrupciones inferiores a 45 minutos computaran como tiempo de conducción efectiva. Su finalidad era establecer un criterio homogéneo para todas las empresas ferroviarias.
Siete meses después, aquella modificación continuaba pendiente. El 16 de octubre, CCOO informó de que la AESF tenía preparada una propuesta de reforma que todavía debía remitir al Ministerio de Transportes para su tramitación.
Renfe reconocía ese mismo día que el cambio normativo seguía avanzando en la Agencia, aunque aseguraba que la interpretación reclamada por los maquinistas ya se aplicaba dentro de la compañía. La diferencia resultaba relevante para un sector en el que las reglas deben alcanzar a operadores distintos, sometidos a un mismo marco regulatorio.
Extracto del comunicado de Renfe sobre el seguimiento del acuerdo alcanzado con los sindicatos en febrero.
El Español.
Las dificultades también afectaban a los procedimientos de seguridad. En su balance de octubre, CCOO señaló que continuaba pendiente establecer criterios homogéneos ante alertas meteorológicas y coordinar las actuaciones de los distintos agentes ferroviarios.
Existía ya un procedimiento para la reapertura de infraestructuras cerradas por fenómenos adversos y Renfe había implantado desde marzo sus propias instrucciones, cuya eficacia la empresa aseguraba que había reconocido SEMAF.
La AESF, sin embargo, había trasladado a los representantes sindicales las dificultades para aprobar un protocolo común debido al reparto de competencias entre administraciones, gestores de infraestructuras y operadores.
La comisión también fue informada de que el grupo encargado de coordinar la gestión de riesgos compartidos tenía prevista una nueva convocatoria en noviembre. Mientras tanto, la AESF preparaba una auditoría transversal sobre los sistemas de notificación de incidencias y trabajaba en recomendaciones técnicas relativas a las tripulaciones mínimas y a las comunicaciones ferroviarias en zonas sin cobertura.
En materia de infraestructuras, CCOO comunicó que el nuevo convenio de financiación de Adif y Adif Alta Velocidad seguía pendiente de aprobación, previsiblemente en el Consejo de Ministros de mediados de noviembre. La aprobación de esa financiación era una de las actuaciones necesarias para desarrollar las inversiones previstas hasta 2030.
Estos asuntos permiten identificar compromisos concretos que todavía estaban desarrollándose en octubre, aunque la documentación pública de Renfe no desglosa individualmente las siete medidas que contabilizaba como pendientes. Tampoco establece una correspondencia entre esa cifra y cada una de las actuaciones señaladas por CCOO.
La distinción es importante porque el acuerdo reunía obligaciones de distinta naturaleza, algunas de aplicación inmediata y otras, como las incorporaciones de personal o determinados incrementos de inversión, distribuidas a lo largo de varios ejercicios.
El desacuerdo
La interpretación de los plazos constituye otro punto de fricción. En su comunicado del 16 de octubre, Renfe argumentó que el acuerdo de desconvocatoria no fijaba fechas comprometidas para las actuaciones pendientes.
Sin embargo, la información oficial publicada por Transportes en febrero recogía al menos dos previsiones temporales expresas: la constitución, en el plazo máximo de un mes, del comité de coordinación de riesgos y la primera reunión de la comisión paritaria de seguimiento dentro de ese mismo periodo.
Esta última se celebró el 16 de febrero. La existencia de esos plazos no permite concluir que las restantes actuaciones tuvieran una fecha de vencimiento concreta, pero muestra que el calendario figuraba entre las condiciones del pacto.
Renfe, por su parte, defendía haber puesto en marcha todas las ofertas públicas de empleo correspondientes a las 1.200 incorporaciones adicionales y aseguraba que el personal se encontraba contratado, incorporándose o en periodo de formación.
También destacaba la internalización de distintas tareas de mantenimiento y los avances para asumir con recursos propios trabajos sobre nuevas series ferroviarias. CCOO reconocía esos progresos, aunque insistía en que todavía quedaban compromisos importantes por concretar y ejecutar, y advertía de que la mera constitución de grupos de trabajo resultaba insuficiente para dar por finalizadas las actuaciones.
El malestar había comenzado a materializarse antes del accidente de Toledo. El 5 de octubre, SEMAF solicitó la convocatoria de la Comisión de Conflictos de Renfe y, once días después, anunció una huelga de 24 horas para el día 29. Los maquinistas denunciaban el estancamiento de las negociaciones sobre seguridad, contratación, descansos, fiabilidad de los trenes y protocolos ante emergencias.
Renfe rechazó las acusaciones y recordó que varias de aquellas reivindicaciones excedían sus competencias. La controversia continuó durante las jornadas siguientes, hasta que el 28 de octubre, un día antes del paro previsto, se produjo la colisión de Urda.
Accidente ferroviario a la altura de Urda (Toledo).
Rodrigo Mínguez.
El siniestro abrió una investigación específica sobre los sistemas de protección de los trenes, las comunicaciones con el centro de control y las órdenes que permitieron reanudar la circulación.
Las medidas pendientes del acuerdo de febrero no pueden vincularse causalmente con el accidente a partir de la documentación disponible, aunque su ejecución se ha convertido en una nueva fuente de controversia sobre la seguridad ferroviaria. La huelga del 29 de octubre siguió adelante y SEMAF convocó otras dos jornadas de protesta para los días 10 y 12 de noviembre.
Este lunes, el sindicato ha vuelto a reclamar el cumplimiento de los compromisos pendientes y ha reconocido que Renfe ha incorporado una nueva consigna de seguridad para restringir la reanudación de la marcha cuando falla el sistema LZB.
SEMAF solicita ahora que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria extienda esas restricciones mediante una norma aplicable a todos los operadores. La petición surge directamente de las circunstancias investigadas en Urda y constituye una actuación distinta de las medidas pactadas en febrero.
Mientras el ministro Óscar Puente prepara su comparecencia parlamentaria de este martes, los balances oficiales y sindicales siguen ofreciendo distintas valoraciones sobre la ejecución del acuerdo firmado después de Adamuz.
Renfe mantiene que cumplió las obligaciones que le correspondían; los representantes de los trabajadores reclaman la aplicación efectiva de los procedimientos comunes y la conclusión de las reformas pendientes.
El 16 de octubre, doce días antes de Urda, la propia operadora había situado en siete las actuaciones que todavía permanecían en tramitación fuera de su ámbito competencial. Su identificación individual y el calendario de ejecución siguen siendo elementos necesarios para conocer el alcance completo de aquel acuerdo de seguridad.