El Tribunal Constitucional acuerda elevar al Pleno el recurso del Concello contra Ence
La Sala Segunda decide dejar la resolución del caso en manos de los doce magistrados que integran el alto tribunal, presidido en la actualidad por Cándido Co...
La Sala Segunda decide dejar la resolución del caso en manos de los doce magistrados que integran el alto tribunal, presidido en la actualidad por Cándido Co...

La batalla judicial del Concello de Pontevedra frente a la permanencia de Ence en Lourizán sube de escalón. El Tribunal Constitucional ha decidido elevar al Pleno de esta institución la resolución del recurso presentado por el Gobierno local para intentar revocar la sentencia del Tribunal Supremo que validó la prórroga de la concesión de la pastera hasta 2073.
Los seis magistrados que integran la Sala Segunda se reunieron este lunes con la previsión de deliberar sobre este asunto, pero finalmente han acordado avocar el caso al Pleno. Como consecuencia, la sentencia correrá a cargo de los doce jueces que conforman el alto tribunal, de los que siete se encuadran en el sector progresista y cinco en el bloque conservador.
Los motivos de esta decisión no han trascendido, dado que esta primera reunión se ha llevado a cabo a puerta cerrada. Sin embargo, cuando una de las dos salas acuerda recurrir a este procedimiento lo suele hacer por tres causas fundamentales: por la falta de consenso entre los magistrados que integran la Sala, por la posible necesidad de apartarse de la doctrina previamente sentada por el tribunal o por la complejidad o especial relevancia del caso. Unas circunstancias que recomiendan que la decisión final recaiga sobre los doce magistrados del tribunal y no solo sobre seis.
La magistrada que ha evaluado el caso y que ha sido la encargada de exponer una propuesta de resolución es la actual vicepresidenta del alto tribunal, Inmaculada Montalbán Huertas, una jueza que está vinculada al sector progresista de la judicatura española y que accedió al Constitucional en 2021 tras ser elegida por el Congreso de los Diputados a instancias del PSOE.
El caso fue abordado en el séptimo punto de una sesión que comenzó a las 10.30 horas y que introdujo este asunto dentro de los temas a resolver por sentencia y, en particular, de aquellos que se someten a una primera deliberación. En esta participaron otros cinco magistrados: los progresistas María Luisa Balaguer, Ramón Sáez y Laura Díez, y los dos jueces adscritos al sector conservador Enrique Arnaldo y César Tolosa.
El Pleno del Constitucional se reúne de forma ordinaria cada dos semanas, pero no existe una periodicidad fijada por ley y el orden del día depende de la carga de trabajo del tribunal y la prioridad que fije la Presidencia.
Esta última corre a cargo de Cándido Conde-Pumpido; un magistrado que, si bien nació en A Coruña, mantiene vínculos personales y familiares con la Boa Vila, donde pasó gran parte de su infancia y juventud, y donde en agosto de 2022 recibió la Insignia de Oro de la asociación Amigos de Pontevedra en reconocimiento a su trayectoria y vinculación con la ciudad.
A falta de conocer el cronograma, el Constitucional decidió abordar las reivindicaciones del Concello después de haber rechazado otros dos recursos de amparo presentados por la Abogacía del Estado y la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR). La razón es que el alto tribunal apreció una "especial trascendencia constitucional" en el recurso municipal, en el que se denunció la supuesta vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva durante el proceso judicial previo.
El conflicto surge a raíz de la sentencia de la Audiencia Nacional de 2021. Esta llegó a declarar nula la concesión de Ence, pero según denuncia el Concello, lo hizo apoyándose únicamente en el artículo 32.1 de la Ley de Costas, el cual establece que el dominio público marítimo terrestre solo puede ser ocupado por "actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación".
Como resultado, el fallo dejó sin examinar otros cinco argumentos denunciados desde Michelena, como la ausencia de un concurso público tal y como exige la directiva europea de servicios, el incumplimiento de normativas ambientales, la falta de informes municipales preceptivos y la concesión de una moratoria de 60 años por parte de un gobierno en funciones (el de Mariano Rajoy en 2016).
La Audiencia Nacional llegó a emitir otras dos sentencias que también concluyeron anulando la prórroga de Ence en respuesta a los recursos presentados por Greenpeace y la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR). Sin embargo, Celulosas recurrió con el apoyo de la Autoridad Portuaria y empresas afines ante el Tribunal Supremo, cuyos magistrados terminaron dictando otras tres sentencias que revocaron los fallos de la Audiencia Nacional y validaron la prórroga.
El Supremo argumentó que las concesiones anteriores a la Ley de Costas de 1988 pueden ampliarse si cuentan con informes medioambientales favorables, algo que considera que cumplió Ence al obtener su primera concesión en 1958 y recabar evaluaciones favorables de la Xunta de Galicia.
El principal escollo, según el Concello, es que en estos casos el Supremo tampoco estudió los argumentos municipales que habían quedado sin responder en la primera instancia, ni devolvió el caso a la Audiencia Nacional. Razón por la que pide al Constitucional que se examine esta supuesta situación de indefensión.
La demanda del Concello fue elaborada por el despacho CCS Abogados que coordina el letrado Francisco Caamaño, exministro de Justicia durante el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
Su resolución por parte del Constitucional plantea distintos desenlaces, de los que destacan dos: la aceptación o, por el contrario, la desestimación del recurso del Concello. Si la mayoría del órgano aprecia que se vulneró la tutela judicial efectiva, el Constitucional no decidiría directamente sobre la prórroga de la concesión, pero sí podría anular la sentencia del Supremo y emplazarle a dictar una nueva resolución respetando los derechos vulnerados, lo que reabriría el litigio sobre la continuidad de la factoría en la ría.
Por el contrario, si se concluye que las sentencias previas del Supremo y la Audiencia Nacional no incurrieron en los errores que denuncia el Concello, se ratificaría la validez de la prórroga y se cerraría de forma definitiva la vía judicial en España.
Ahora bien, esto no quita que haya otras posibles resoluciones y es que, pese a haber admitido la causa, el tribunal también puede dictar una sentencia de inadmisión sin entrar en el fondo del asunto. Además, aunque las sentencias del Constitucional son firmes y no admiten ningún recurso en España, el Concello ya ha avanzado su disposición a recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Texto de Diario de Pontevedra tal como lo publicó, leído de su página y mostrado aquí con el formato de El Autómata. El original, en diariodepontevedra.es · Volver a la noticia de El Autómata