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Pontevedra · Recurso de amparo

El Constitucional llevará al Pleno el recurso de Pontevedra sobre la prórroga de Ence

La Sala Segunda ha decidido que los doce magistrados del tribunal resuelvan la impugnación municipal. La elevación no decide el fondo del recurso y el Constitucional no ha fijado la fecha del debate.

Foto: vía Diario de Pontevedra

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La Sala Segunda del Tribunal Constitucional acordó este lunes avocar al Pleno la resolución del recurso de amparo del Ayuntamiento de Pontevedra contra la prórroga de Ence en Lourizán. El cambio traslada el asunto de los seis magistrados de la Sala a los doce que componen el Pleno. La reunión comenzó a las 10.30 y la vicepresidenta del tribunal y ponente del caso, Inmaculada Montalbán, expuso un borrador de resolución.

La decisión de elevar el recurso no resuelve la impugnación ni anticipa el sentido del fallo. El tribunal no ha comunicado por qué ha optado por llevar el asunto al Pleno ni cuándo prevé debatirlo. La fecha dependerá de la organización de las sesiones y de la carga de trabajo del órgano.

El Ayuntamiento presentó el recurso en 2023, después de que el Tribunal Supremo rechazara sus incidentes de nulidad. El Consistorio sostiene que se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva porque la Audiencia Nacional anuló la prórroga en 2021 basándose en el artículo 32.1 de la Ley de Costas, sin examinar otros motivos alegados. Entre ellos figuran la falta de un concurso público, la ausencia de informes municipales preceptivos y que la concesión se otorgara durante un Gobierno en funciones. El Constitucional admitió el amparo en mayo de 2025 al apreciar especial trascendencia constitucional.

El Supremo revocó después tres sentencias de la Audiencia Nacional y validó la continuidad de la fábrica hasta 2073. Consideró que las concesiones anteriores a la Ley de Costas de 1988 podían ampliarse si contaban con informes ambientales favorables; la Xunta había emitido uno para Ence. La prórroga se concedió en enero de 2016 por 60 años adicionales desde la solicitud de 2013. La empresa sostiene que el recurso municipal no afecta a la validez de la concesión.

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