Manolo Copé, portavoz de EU-Podem en el Ayuntamiento de Alicante, ha defendido este martes el carácter pacífico de la protesta del 16 de julio de 2025 contra un desahucio en la calle Benilloba. Lo ha hecho tras conocerse que un juzgado le ha citado como investigado, junto a nueve miembros de los sindicatos de vivienda de Carolinas y la Zona Norte, por un posible delito de resistencia o desobediencia a la autoridad.
Los diez deben comparecer el 17 de diciembre en la plaza número 8 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante. La citación fue dada a conocer por el Sindicat de Vivenda Carolines en un comunicado difundido este martes. Según ese comunicado, ambos sindicatos convocaron la protesta para intentar frenar el desahucio de un matrimonio mayor de 65 años sin alternativa habitacional.
«Nuestra resistencia fue pacífica. No estábamos allí para enfrentarnos a nadie, sino para intentar evitar que una familia perdiera su vivienda», afirmó Copé en un comunicado. Añadió que defender a quienes sufren un desahucio «no debería convertirse en un problema judicial» y que «la solidaridad no puede tratarse como si fuera un delito». El portavoz subrayó que son diez los citados, pero que detrás hay «un movimiento social que lleva años llenando calles y plazas» por el derecho a la vivienda.
Copé y Esquerra Unida Alacant vinculan la citación con la actuación policial de aquel día. La coordinadora de la formación, Lucía Ibáñez, recordó que EU denunció entonces «el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza policial» y la ausencia de identificación visible en numerosos agentes. Copé dijo en aquel momento que un agente de la Policía Nacional se había negado a darle su número de identificación cuando se lo pidió.
El portavoz reclama ahora a la Subdelegación del Gobierno en Alicante que explique qué actuaciones se llevaron a cabo para esclarecer esos hechos y si se abrió alguna investigación sobre la intervención policial. «No puede ponerse el foco únicamente en quienes nos movilizamos pacíficamente y dejar sin esclarecer las actuaciones policiales que denunciamos», declaró. Esquerra Unida pide, además, que se garantice el derecho a la protesta y que la actuación de las fuerzas de seguridad se rija por criterios de proporcionalidad y legalidad. La formación reitera su exigencia de derogar la ley mordaza.
Ibáñez, por su parte, criticó que quienes se movilizan contra los desahucios acaben ante los tribunales mientras no se garantiza el acceso a una vivienda digna, y reclamó políticas públicas que protejan a las familias. Copé e Ibáñez aseguraron que EU seguirá acompañando a quienes afronten un desahucio.
El desahucio afectaba a Roberto y Fanny, un matrimonio mayor de 65 años con la vulnerabilidad acreditada que llevaba 25 años en el número 41 de la calle Benilloba. Habían entregado el piso al banco mediante una dación en pago y siguieron en él con un alquiler social. Según los sindicatos, el inmueble perteneció después al fondo Promontoria Coliseum y fue vendido a un inversor extranjero con numerosos inmuebles, cuando la pareja aún vivía allí.
Más de medio centenar de personas se concentraron ante el edificio, entre ellas integrantes de los dos sindicatos, vecinos y Copé. Formaron una cadena humana frente al portal y atrancaron la entrada con electrodomésticos. La intervención de la Policía Nacional, con tres furgones, duró más de media hora. Los agentes rompieron la cadena y abrieron la puerta con un ariete para que accediera la comisión judicial. El desalojo se ejecutó ese mismo día. Los colectivos calificaron la jornada de «miércoles negro» porque hubo otros dos desalojos en la ciudad.
Los sindicatos sostienen que la libertad de expresión y de protesta amparaba la convocatoria y que «el sindicalismo, el apoyo a una familia vulnerable y la defensa del derecho a la vivienda no deberían ser constitutivos de delito». Relacionan la citación con las multas, por valor de miles de euros, que dicen acumular los colectivos de vivienda. Hablan de un aumento generalizado de la represión contra los movimientos sociales, en especial los sindicatos de vivienda y el sector educativo. Las citaciones coinciden con protestas y acampadas por la vivienda en la Montañeta de Alicante.
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