El intento de impedir que una pareja mayor de 65 años y en situación de vulnerabilidad perdiera su casa en Alicante ha desembocado en una investigación judicial contra nueve integrantes de los sindicatos de vivienda de Carolinas y la Zona Norte y el portavoz municipal de EU-Podemos, Manolo Copé. Los diez están citados como investigados por un presunto delito de resistencia o desobediencia a la autoridad durante el desahucio ejecutado el 16 de julio de 2025 en el barrio de Nou Alacant, según han informado los colectivos. Deberán comparecer el próximo 17 de diciembre.
La causa se tramita ante la Plaza número 8 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, a raízde la denuncia de un agente de la Policía Nacional. La citación identifica el procedimiento por un presunto delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, agentes o personal de seguridad privada.
Los sindicatos lamentan que su intervención para acompañar a una familia sin alternativa habitacional pueda tener consecuencias penales. Defienden que la convocatoria estaba amparada por las libertades de expresión y protesta y sostienen que “el sindicalismo, el apoyo a una familia vulnerable y la defensa del derecho a la vivienda no deberían ser constitutivos de delito”. A su juicio, las citaciones forman parte de una presión creciente sobre los movimientos sociales que pretende frenar su actividad.
Copé ha defendido el carácter pacífico de la movilización y ha cuestionado que sus participantes deban responder ante la Justicia después de haber denunciado públicamente una actuación policial que consideraban desproporcionada. “No estábamos allí para enfrentarnos a nadie, sino para intentar evitar que una familia perdiera su vivienda”, ha manifestado. El portavoz municipal de EU-Podemos ha reivindicado el apoyo colectivo a las personas amenazadas de desahucio: “La solidaridad no puede tratarse como si fuera un delito”.
Defender a quienes sufren un desahucio no debería convertirse en un problema judicial
Manolo Copé
— Portavoz municipal de EU-Podemos en Alicante
El edil reclama explicaciones a la Subdelegación del Gobierno en Alicante sobre qué medidas se adoptaron para esclarecer el uso de la fuerza y la falta de identificación visible de agentes que su formación denunció tras el desalojo. EU pide conocer si se abrió una investigación interna, si se identificó a los policías implicados y qué actuaciones se realizaron. Copé también ha reclamado la derogación de la ley mordaza y ha reafirmado que seguirá acompañando a quienes afrontan la pérdida de su vivienda.
Víctimas de la crisis
Detrás del procedimiento está el desalojo de Roberto y Fanny, que llevaban 25 años viviendo en el número 41 de la calle Benilloba. El matrimonio, con su situación de vulnerabilidad acreditada, había entregado la vivienda al banco en dación en pago durante la crisis económica y después permaneció en ella con un alquiler social. Según explicaron entonces los sindicatos, el inmueble pasó de la entidad bancaria a un fondo inversor y terminó vendido a un particular. La transmisión se produjo con la pareja todavía dentro de la casa.
Más de medio centenar de personas se concentraron aquel día para intentar impedir el lanzamiento. Había miembros de los dos sindicatos, vecinos y otros ciudadanos, además de Copé. Formaron una cadena humana frente al portal y se atrancó la entrada con electrodomésticos. La intervención policial se prolongó durante más de media hora entre gritos y momentos de tensión. Tras romper la cadena humana, los agentes utilizaron un ariete para abrir la puerta y permitir el acceso de la comisión judicial. Hasta tres furgones de la Policía Nacional se desplazaron a la calle.
La resistencia no consiguió evitar que Roberto y Fanny fueran desalojados. Desde el balcón colgaba una pancarta con el lema “De este bloque no nos vamos” y el matrimonio contempló entre lágrimas la intervención. Su hijo explicó entonces que sus padres habían pagado un alquiler social hasta que dejaron de cobrárselo tras la venta. “Ahora no tienen ninguna alternativa a dónde ir, no pueden pagar mil euros por un alquiler”, relató durante el desahucio. Sus palabras resumían la dificultad de encontrar otra vivienda con unos ingresos que no permitían afrontar los precios del mercado.
Fanny describió desde el rellano la precipitación con la que había tenido que abandonar el que había sido su hogar durante un cuarto de siglo. “Han llegado y nos han dicho que sacáramos lo que pudiéramos de la casa. No he podido sacar ni mi ropa. Ya no puedo llorar más”, expresó aquel día. Tras el desalojo, EU-Podemos cuestionó la actuación policial y denunció un uso de la fuerza que consideraba innecesario.
Las citaciones llegan en un contexto de movilización por la vivienda en Alicante, con protestas y acampadas en la Montañeta por las dificultades para acceder a un alquiler y la falta de alternativas para quienes pierden su casa. Los colectivos combinan esas convocatorias con el acompañamiento a residentes amenazados de desahucio y la intervención ante los desalojos. La concentración de Benilloba formaba parte de esa actividad de apoyo, aunque no logró mantener al matrimonio en el piso.
Los sindicatos de Carolinas y la Zona Norte afirman que este procedimiento se suma a las multas de miles de euros que acumulan por su actividad en defensa del derecho a la vivienda. Denuncian lo que consideran un aumento de la represión contra los colectivos de vivienda y otros movimientos sociales, entre ellos el educativo. Frente a esa situación, reivindican la legitimidad de organizarse y prestar apoyo a familias vulnerables, una labor que sitúan en el centro de la respuesta vecinal a la crisis habitacional.