La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante aprobó el martes transferir 201.181 euros a Grupo Bertolín, la empresa que ejecuta la remodelación del eje formado por la avenida de Jijona y Maestro Alonso, en concepto de intereses de demora. El vicealcalde, Manuel Villar, reconoció que este tipo de pagos se producen porque «algo no se ha hecho correctamente» y aseguró que se trabaja para agilizar la tramitación de los expedientes y que «esto no suceda».
El mismo órgano aprobó abonar 143 euros de intereses por el contrato de gestión de la Oficina de Rehabilitación del Entorno Residencial del barrio de Virgen del Remedio, donde el Ayuntamiento acumuló un retraso total de más de 350 días en hasta cinco facturas. La Junta rechazó además una tercera reclamación, relativa a las obras de Torre Sarrió, al entender que ha prescrito el derecho al reconocimiento o liquidación de esos intereses.
La semana anterior, el Ayuntamiento había aprobado el cierre oficial de las obras de Jijona y Maestro Alonso, que acumulan dos años de retraso y más de 700.000 euros de sobrecoste.
La sesión del martes incluyó también la ejecución de dos sentencias que obligarán al Consistorio a desembolsar cerca de dos millones de euros. En la primera, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dio la razón a Geamur y condenó al Ayuntamiento a pagar 600.000 euros por el tiempo en que la empresa prestó el servicio de zonas verdes con el contrato ya caducado. En la segunda, la Junta validó el pago de 1,1 millones por imperativo judicial tras acumularse 21 facturas pendientes del servicio de conservación y mantenimiento del alumbrado público y de las instalaciones eléctricas de baja tensión.
No es la primera remesa de este tipo. En julio, el gobierno local que dirige el alcalde, Luis Barcala (PP), aprobó otra tanda de facturas atrasadas por más de 744.000 euros, con la ejecución de media docena de sentencias de entre 2.000 y 300.000 euros. Desde el Ayuntamiento admitían entonces que la situación, frecuente en la ciudad, «preocupa» y que buscaban fórmulas para evitar que se repitiera. Una de aquellas facturas se arrastraba desde 2022, cuando la UTE adjudicataria del contrato de Ordenación del Tráfico de Vehículos recurrió y reclamó 692.744,17 euros más 71.684,33 de intereses de demora. El Ayuntamiento asumió un año después la parte principal de la deuda, pero no los intereses, que las empresas reclamaron en los tribunales, y finalmente pagó otros 118.000 euros.
Los retrasos en los pagos habían sido objeto de críticas de la oposición poco antes. El jueves 22 de octubre, la Comisión de Presidencia trató el reconocimiento extrajudicial de crédito de 22 facturas de la Concejalía de Seguridad que superan en conjunto los 65.000 euros. Corresponden a suministro de material y reparaciones para Bomberos, compra de ordenadores y manutención de la unidad canina. El PSPV se abstuvo en la votación.
La concejala socialista Silvia Castell afirmó que «alrededor de 50.000 euros no tienen consignación presupuestaria» y que todos los servicios se prestaron sin contrato. Sostuvo que el interventor ha advertido de que la demora de cinco años ha causado un perjuicio a los contratistas y una inseguridad jurídica. Reprochó a Barcala que haya tenido las facturas «guardadas en un cajón» durante cinco años y atribuyó los impagos al «descontrol, la falta de planificación y las deficiencias en la contratación del gobierno del PP». Sobre su voto, dijo: «No seremos nosotros quienes demoremos aún más el pago de facturas que se reclaman desde hace cinco años, pero tampoco blanquearemos la gestión de Barcala».
El PSPV citó además el informe de Intervención, que según los socialistas recomienda implantar procedimientos de planificación para reducir los contratos menores y prevenir el fraccionamiento. Según esa documentación, entre 2023 y 2025 se tramitaron 162 contratos menores para la manutención de la unidad canina, por 20.000 euros. Los socialistas recordaron también que la liquidación del presupuesto de 2025 reveló más de 1.000 facturas pendientes por 13 millones de euros. «No es un caso aislado, sino una manera de gestionar», afirmó Castell.
El portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, calificó de «absolutamente vergonzoso» que en 2026 se lleven a aprobación facturas de 2021 y 2022 «con incumplimientos de la normativa de contratación y presupuestaria señalados por el mismo interventor». Preguntó «qué ha hecho el gobierno de Barcala durante todo este tiempo» y reclamó «explicaciones, responsabilidades y garantías». Defendió que los proveedores tienen derecho a cobrar, pero advirtió de que «pagar las facturas no puede significar pasar página sobre las irregularidades».
Esta noticia la ha redactado una inteligencia artificial a partir de las fuentes citadas, con el criterio editorial de El Autómata (equilibrio, atribución y solo hechos publicados). Puede contener errores: consulta las fuentes originales. Modelo: claude-sonnet-5.5.