La Fiscalía Europea ha abierto una investigación sobre un posible desvío de fondos comunitarios, fraude en subvenciones y malversación en contratos de mantenimiento de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, tras el accidente de Urda. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado documentación a Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y el Tribunal de Cuentas sobre actuaciones de renovación y mejora de la seguridad, la señalización y las comunicaciones.
Adif confirmó que personal de la Fiscalía Europea acudió este viernes a sus dependencias y que entregó la información requerida; precisó que no se realizó ningún registro. La Fiscalía no ha facilitado más detalles y mantiene contacto con los juzgados que investigan los accidentes de Adamuz y Urda, aunque sus pesquisas son independientes. Es la segunda investigación de oficio relacionada este año con la línea: la anterior se abrió tras el siniestro de Adamuz, el 18 de enero.
El choque entre un tren de Iryo y un AVE de Renfe en Urda, Toledo, ocurrió el 28 de octubre y causó 69 muertos. Dos días antes, el convoy de Iryo había pasado una revisión en los talleres de Renfe de Santa Catalina, en Madrid. El País informó, citando fuentes cercanas a la operadora, de que el resultado fue favorable y de que la inspección realizada por personal de Hitachi Rail incluyó el sistema de señalización LZB embarcado.
El fallo del LZB dejó sin cobertura un tramo de 63 kilómetros de la línea y provocó la detención automática de siete trenes. La maquinista del Iryo comunicó a las 8.41 que estaba parada en Urda e intentó rearmar el sistema en dos ocasiones, sin éxito. A las 8.48 volvió a avisar de que no lograba conectarlo; el choque se produjo a las 8.53, según la reconstrucción publicada por El País.
El País también informó de que el centro de control transmitió al maquinista del AVE un telefonema LZB4, que indicaba avanzar a marcha normal pese a que había otro tren en el tramo. El código LZB3 habría ordenado circular a marcha a la vista. Las investigaciones estudian si se producen errores de este tipo. Adif reconoció en 2019 que el sistema de telefonemas, dictados por voz y anotados en libros de papel, podía ser susceptible de errores o manipulación. El proyecto para digitalizarlos continúa sin desplegarse: Adif ha comprometido algo más de 2,9 millones de euros en tres contratos y licita otro de 1,7 millones. La prueba piloto está prevista para 2027 y la implantación en toda la red, para después.
La normativa europea establece que los sistemas de gestión de la seguridad deben tener en cuenta las capacidades y limitaciones humanas. El sistema ERTMS, que todavía no estaba completamente implantado en la línea Madrid-Andalucía, debe desplegarse en los principales corredores europeos para 2030 y en el conjunto de la Unión para 2050. Álvaro Aznar, instructor de los dos maquinistas del AVE fallecidos, rechazó los enfoques que, a su juicio, simplifican la labor del colectivo y pidió respeto para los profesionales.
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