El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos reclama 10.000 millones de euros en diez años para mantener y reparar los 4.000 kilómetros de la red de alta velocidad. La petición la ha expuesto Iñaki Barrón, portavoz del comité creado por el Colegio tras el choque de Urda, que dejó 69 muertos el 28 de octubre. El debate sobre la conservación coincide con la cifra de 170 incidencias del sistema LZB en la línea Madrid-Sevilla que el Ministerio de Transportes comunicó para los diez primeros meses del año.
El desglose del Colegio asigna unos 3.500 millones al mantenimiento ordinario y otros 7.000 a reparaciones e inversiones complementarias. Ambas partidas suman 10.500 millones, por encima de los 10.000 anunciados como inversión total. La propuesta equivale a unos 1.000 millones por ejercicio, frente a los 435 millones destinados en 2025 y los 628 millones presupuestados para 2030, según las cifras difundidas por El País.
Barrón ha considerado que 170 incidencias en diez meses «no es para nada normal» y ha pedido revisar cada una y determinar sus consecuencias para la regularidad y el funcionamiento del sistema. El ingeniero ha defendido que el LZB es fiable, pero ha reclamado que se investigue lo ocurrido sin atribuir responsabilidades antes de tiempo. También sostiene que el deterioro de una infraestructura se acelera si no se corrige y pide una conservación continua, supervisada y certificada.
El portavoz del comité ha planteado que la estrategia ferroviaria vaya más allá de una legislatura. «El ferrocarril es un proyecto de Estado, no es un proyecto de partido ni de legislatura», ha afirmado. El Colegio también ha señalado que la renovación de la línea Madrid-Barcelona puede hacerse sin interrumpir la circulación, en un corredor para el que hay obras previstas.
La propuesta de inversión llega mientras los operadores y los maquinistas reclaman nuevas salvaguardas para los fallos de señalización. Renfe, Iryo y el sindicato Semaf han propuesto que, si los sistemas de seguridad dejan de funcionar, los trenes no superen los 40 kilómetros por hora aunque el centro de control autorice la marcha normal. Renfe ya había enviado el 31 de octubre una instrucción para que sus maquinistas reanuden la marcha a la vista, con ese límite, tras un bloqueo del LZB. En Urda, el AVE recibió una orden de marcha normal —que permite circular hasta a 200 kilómetros por hora— mientras el tren de Iryo seguía detenido en la vía.
La sección de UGT en Renfe ha presentado una querella contra responsables de Adif por la presunta revelación de secretos relacionada con las grabaciones del centro de control. El sindicato pide esclarecer quién accedió a ellas y las difundió, e identificar a quienes pudieran haber intervenido. También advierte de que la investigación debe considerar los factores técnicos, humanos y organizativos del accidente y no anticipar responsabilidades individuales.
Esta noticia la ha redactado una inteligencia artificial a partir de las fuentes citadas, con el criterio editorial de El Autómata (equilibrio, atribución y solo hechos publicados). Puede contener errores: consulta las fuentes originales. Modelo: gpt-6-luna.