El Consejo de Ministros ha aprobado este martes varias medidas relacionadas con el transporte ferroviario. Por un lado el Gobierno ha dado luz verde a un Real Decreto por el que se crea el "Defensor/a de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo". "Esta nueva figura será estable y permanente y coordinará la atención a las víctimas y a sus familiares, dando continuidad en el tiempo al trabajo de todos los que intervienen tras un accidente", han informado desde el ministerio de Transportes que ahora lidera Carlos Cuerpo tras la renuncia de Óscar Puente.
Por otro lado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobadoun Real Decreto-ley de "medidas urgentes para el refuerzo de la seguridad operacional en el transporte ferroviario y la protección social de los profesionales del sector". Entre las medidas destacadas se encuentra la clarificación del cómputo de los tiempos de conducción de los maquinistas, el refuerzo de las facultades de supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria o la incorporación de "los principios de la cultura justa".
La nueva estructura creada será una figura diferenciada dentro del Ministerio de Transportes y tendrá rango de subsecretario. "Su objetivo es garantizar a las víctimas una asistencia psicológica, social y jurídica continuada, y proteger así sus derechos, su dignidad y sus necesidades", señalan fuentes de Transportes.
El nuevo Defensor, en el plazo de tres meses desde su nombramiento, presentará, con la participación de las asociaciones un proyecto de mejora del marco normativo de atención a las víctimas. "Este proyecto abordará, entre otras cuestiones, la estructura institucional de atención y las formas de colaboración entre administraciones y entidades. Así se podrán integrar las lecciones de los recientes accidentes y de otros anteriores en todos los modos de transporte, y estudiar con detalle las cuestiones que exigen una norma con rango de ley", añaden en el ministerio.
Las nuevas medidas
Respecto a la otra medida, en Transportes destacan que la norma "busca dar respuesta a las reivindicaciones de las organizaciones sindicales". Respecto al tiempo de conducción, se incluyen en el cómputo total las maniobras que impliquen el manejo del vehículo ferroviario en movimiento y las interrupciones durante las cuales el maquinista siga siendo responsable del vehículo, con atención a la circulación ferroviaria o a las maniobras.
Además el proyecto propone que toda persona física o jurídica objeto de una acción de supervisión estará obligada a facilitar al personal supervisor el acceso a sus instalaciones y equipos en el ejercicio de sus funciones. "Las entidades ferroviarias deberán facilitar el acceso a sus instalaciones, material rodante y equipos cuando resulte necesario para desarrollar una actuación de supervisión", añaden en Transportes.
Otro de los elementos centrales del proyecto es la incorporación de los principios de la cultura justa a la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, "mediante la creación de un capítulo específico que regula la comunicación de riesgos para la seguridad operacional ferroviaria y la protección del personal"-
"El nuevo marco permitirá que el personal con funciones de seguridad operacional pueda comunicar los riesgos para la seguridad ferroviaria a través de canales internos o sistemas públicos de notificación que garanticen la confidencialidad de las personas informantes. Asimismo, se establece que no se producirán sanciones cuando la información se comunique previamente, se cese la conducta infractora y exista plena colaboración con la investigación", añaden en el Gobierno.
Por último, el Real Decreto-ley extiende el régimen de Seguridad Social previsto en el artículo 3 del Real Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre, al personal de las empresas ferroviarias que operan en líneas interoperables y/o en la Red Ferroviaria de Interés General. Esta medida permite garantizar la igualdad de trato en materia de coeficientes reductores de la edad de jubilación para los profesionales ferroviarios que desempeñan las mismas funciones, en el marco de las actividades excepcionalmente penosas o peligrosas integradas en el Régimen General de la Seguridad Social.