El Ministerio de Transportes ha llevado al Consejo de Ministros de este martes una batería de medidas en busca de cerrar la brecha de confianza que afecta al transporte ferroviario, ensanchada tras el grave accidente ocurrido el 28 de octubre en Urda (Toledo), donde perdieron la vida 69 personas en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. En la reunión se ha dado el visto bueno a avances como un mayor papel de inspección para la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) o el reconocimiento a los maquinistas de tren de la capacidad de decisión para no iniciar la marcha, o parar en plena circulación, cuando advierten condiciones de riesgo en las vías. Todo ello se incluye en un real decreto ley de medidas urgentes para el refuerzo de la seguridad operacional en el transporte ferroviario y la protección social de los profesionales del sector. La norma, subraya Transportes, trata de dar respuesta a las reivindicaciones de los sindicatos en medio de una huelga convocada en todo el grupo Renfe por el de maquinistas, Semaf, para este martes y el próximo jueves. La acción sindical, que persigue mejoras en la seguridad ferroviaria, tiene bloqueadas distintas líneas de Cercanías en Madrid y de Rodalies en Barcelona.
El decreto recoge con mayor precisión el cómputo de los tiempos de conducción de los maquinistas; el referido refuerzo de las facultades de supervisión e inspección de la AESF; incorpora los principios de la cultura justa en la seguridad de la operación ferroviaria y amplía la protección social en materia de coeficientes reductores al personal. El apuntalamiento de la tarea de supervisión de trenes y equipos fue reclamado este fin de semana por Iñaki Barrón, expresidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), en una entrevista concedida a EL PAÍS. “La agencia de seguridad es suficientemente capaz y tiene el nivel técnico y conceptual para garantizar una serie de parámetros a cumplir. Lo que no sé es si tiene suficientes efectivos. Tendría que actuar como la Guardia Civil de Tráfico, con agentes que se personen en cualquier tren, a cualquier hora, y en cualquier línea”, pidió el veterano ferroviario Barrón.
Sobre el asunto de las jornadas de los maquinistas, se precisa qué actividades y periodos deben computarse como tiempo de conducción, incluyéndose las maniobras que impliquen el manejo del vehículo ferroviario en movimiento y las interrupciones durante las que el maquinista siga siendo responsable del mismo. Se computará la totalidad de cada periodo inferior a 45 minutos comprendido entre el cese de una actividad de conducción y su reanudación por el mismo maquinista. Estos periodos se contabilizarán íntegramente, incluso cuando el maquinista haya quedado relevado de la responsabilidad del vehículo, no deba prestar atención a la circulación, no realice ninguna actividad o sea destinado a otras tareas, explica el ministerio que ahora lidera el vicepresidente Carlos Cuerpo. También se considerarán tiempo de conducción las interrupciones de duración igual o superior a 45 minutos que se produzcan durante pruebas, ensayos, auscultaciones o verificaciones.
La iniciativa aprobada este martes propone que todo el que sea objeto de una acción de supervisión en el sistema ferroviario, ya sea trabajador o empresa, esté obligado a facilitar a los supervisores el acceso a las instalaciones y equipos, lo que apuntala el papel de inspección de la Agencia de Seguridad Ferroviaria. Las compañías ferroviarias, por tanto, deberán permitir el acceso a sus sedes, trenes y equipos cuando resulte necesario en el marco de actuaciones de supervisión e inspección.
En el apartado de la seguridad, se incorporan los principios de la cultura justa a la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario. Se hace a través de un capítulo específico que regula la comunicación de riesgos para la seguridad operacional ferroviaria y la protección del personal. En este caso, los operarios con funciones de seguridad operacional podrán comunicar los riesgos para la seguridad del transporte en tren a través de canales internos o sistemas públicos de notificación que garanticen la confidencialidad. Queda fuera de juego cualquier tipo de sanción cuando la información se traslade previamente, se cese la conducta infractora y se ofrezca colaboración con la investigación.
Los trabajadores también tendrán derecho a adoptar “las medidas necesarias y proporcionadas ante situaciones de riesgo grave e inminente para la seguridad, con el objetivo de evitarlas o limitarlas”. Esta capacidad incluye “la interrupción de la marcha de un tren o la decisión de no iniciarla, con la obligación de comunicarlo sin demora a los agentes correspondientes”. En este caso son los maquinistas quienes salen reforzados, estableciéndose la protección frente a posibles represalias laborales. Un blindaje que “no será aplicable en los supuestos de actuación dolosa, mala fe o negligencia grave”.
El Real Decreto-ley que sale del Consejo de Ministros extiende el régimen de Seguridad Social previsto en el artículo 3 del Real Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre, al personal de las empresas ferroviarias que operan en líneas interoperables y en la Red Ferroviaria de Interés General. Con ello se busca garantizar la igualdad de trato en materia de coeficientes reductores de la edad de jubilación para los trabajadores que desempeñan las mismas funciones, en el marco de las actividades excepcionalmente penosas o peligrosas integradas en el Régimen General de la Seguridad Social.
El ministerio también pondrá en marcha un procedimiento de revisión de los coeficientes reductores (conforme al Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo) para incluir, junto a los maquinistas, nuevas categorías profesionales ferroviarias expuestas a trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres.
Cambios en el ministerio
El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, asumió las riendas del ministerio de Transportes el miércoles día 4, tras la renuncia de Óscar Puente la noche antes en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, y ya mueve piezas en el organigrama. La más sensible a un cese era la jefa de gabinete del ministro, Encarnación Sandonis, persona de la máxima confianza de Puente. La licenciada en periodismo Sandonis ejerció previamente la dirección de gabinete en el ayuntamiento de Valladolid entre 2019 y 2023, coincidiendo con el segundo mandato de Óscar Puente como alcalde. En el puesto que sirve para coordinar las áreas operativas del ministerio aterriza Jorge Fabra Portela, quien fue director general del Plan de Recuperación y Resiliencia hasta febrero de 2024. Se trata deuna figura más cercana a Carlos Cuerpo, que le sirve de enlace para dirigir Transportes hasta la formación de nuevo Gobierno. Fabra es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Análisis Económico por la Universidad de Essex (Reino Unido). Pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado desde 2008 y ha sido subdirector adjunto de Análisis Estratégico y Sistema Financiero Internacional en la Secretaría General del Tesoro, encargado de los asuntos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y asesor en el gabinete de la presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).
La dimisión del presidente del gestor de la infraestructura ferroviaria Adif, en este caso el pasado viernes, también podría dar lugar a cambios en la estructura de la compañía. Se prevé un mayor peso para la dirección de Seguridad, se espera el nombramiento de nuevo presidente y, con ello, quedaría a su disposición el destino de la jefatura de gabinete que ocupa Salvador Almenar. Las fuentes cotejadas afirman que Cuerpo no ha tomado aún estas decisiones relacionadas con Adif.
Antes de cualquier movimiento en el organigrama, Transportes ha sacado adelante una segunda iniciativa en el Consejo de Ministros, esta en forma de Real Decreto, por la que se crea la figura del Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo y todo un andamiaje a su alrededor. Tendrá alto rango, de subsecretario del ministerio, y su papel esencial será el de coordinar la atención a las víctimas y a sus familiares. “El objetivo es garantizar una asistencia psicológica, social y jurídica continuada, y proteger así los derechos de las víctimas, su dignidad y sus necesidades”, ha apuntado Transportes tras recibir la demanda de una atención más ágil y cercana desde las asociaciones de afectados por siniestros ferroviarios.
En un plazo de tres meses desde su nombramiento, el nuevo Defensor deberá presentar un proyecto de mejora del marco normativo de atención a las víctimas, que se abrirá a los distintos colectivos creados tras las tragedias de Angrois en 2013, la de Adamuz en enero de este año y la de Urda, el mes pasado. En ese informe deben tocarse desde la estructura institucional de atención a las víctimas hasta los modelos de colaboración entre administraciones y entidades.
La Oficina del Defensor se convertirá en una nueva dirección general, de la que dependerán una secretaría general y una subdirección general de Atención a las Víctimas, además de un Gabinete Técnico, con rango de subdirección general, que servirá de plataforma de asesoramiento. El máximo responsable será nombrado por el Ministerio de Transportes y actuará en los accidentes de transporte colectivo de viajeros de competencia estatal, ya sea en el ferrocarril, aviación comercial, transporte marítimo de pasaje o en el autobús. Otra de sus funciones será la cooperación con las investigaciones técnicas que pueda llevar a cabo la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes (AITAT), “respetando su independencia”, matiza el ministerio.
La futura oficina emitirá informes sobre la atención prestada en cada accidente, recogiendo también las reclamaciones recibidas, además de promover un código de buenas prácticas con las asociaciones de medios de comunicación para el tratamiento “ético de la información sobre estos accidentes”.