Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia de la Xunta en abril de 2009 con una promesa firme sobre uno de los asuntos que habían monopolizado el debate político en Galicia durante los meses previos: poner orden en el desarrollo del modelo de producción de energía eólica. De hecho, uno de sus primeros movimientos al frente de la Administración autonómica fue suspender ese mismo verano el concurso mediante el que el Gobierno de PSOE y BNG había repartido el año anterior derechos de asignación de nuevos parques, equivalentes a 2.290 megavatios de potencia instalada.
Una instalación de un megavatio de potencia funcionando ininterrumpidamente durante todo un año a toda capacidad genera una energía equivalente a la que consumen en esos 12 meses unos 1.100 hogares promedio, siguiendo los datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) del Ministerio para la Transición Ecológica. El plan del Gobierno bipartito suponía aumentar a medio plazo en un 75% los 3.122 megavatios de capacidad productiva eólica que tenía entonces la comunidad. Equivalían, siguiendo esos mismo cálculos, al consumo de 3,4 millones de familias.
Aquel concurso, que el PP consideraba incompatible con su programa sobre energía, no fue solo un reparto de negocio entre la industria. El Gobierno bipartito había vinculado las adjudicaciones a compromisos de inversión en las comarcas afectadas y a la participación pública en los beneficios que generase la explotación eólica. La idea era que el viento gallego no se limitara a alimentar la red eléctrica, sino que sirviera para crear empresas locales, puestos de trabajo y actividad económica en la comunidad. Feijóo lo calificó de "esperpento", y cuando accedió a la Xunta, no tardó ni cuatro meses en desmontar el sistema alegando que incurría en "tachas graves de legalidad". Paradójicamente, lo que la Justicia acabó declarando ilegal fue su decisión de anularlo.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), primero, en 2011 y en 2012, y el Tribunal Supremo después, en 2015, declararon que la suspensión decretada por la Xunta de Feijóo no se había ajustado a derecho, que la Administración gallega había incurrido en "desviación de poder" y que, en consecuencia, tenía indemnizar con fondos públicos a las empresas perjudicadas.
Participación pública en las plusvalías
La ley mediante la que Feijóo tumbó el reparto eólico y promovió uno nuevo enterró la idea de comprometer a las empresas beneficiarias en el desarrollo industrial de las comarcas y municipios donde iban a operar, así como con la participación pública en las plusvalías de la explotación de los nuevos parques. A cambio, introdujo un canon destinado a nutrir un fondo de compensación ambiental para proyectos de conservación del medio, el paisaje y el patrimonio histórico y natural en los municipios afectados por los molinos.
En marzo de 2010, cuando no había pasado ni un año de su investidura, Feijóo presentó su nuevo concurso eólico, que repartió 2.325 megavatios y que presentó como la principal apuesta energética de su gestión en la Xunta. El hoy presidente del PP defendió que el procedimiento permitiría asentar el liderazgo eólico de Galicia, atraer inversiones y crear empleo. En noviembre de aquel año, su Gobierno anunció que el concurso generaría entre 10.000 y 12.000 puestos de trabajo y que en las dos décadas siguientes generaría 1.032 millones de euros de ingresos por el nuevo canon.
En febrero de 2016, sin embargo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló ese procedimiento tras un recurso de una de las empresas que habían quedado fuera del nuevo reparto. Otras compañías también acabaron ganando en los juzgados sus respectivas apelaciones. En 2017, la Xunta tuvo que consignar una modificación presupuestaria de tres millones de euros en sus cuentas de ese año para hacer frente a las indemnizaciones que previsiblemente iba a tener que pagar por las sentencias judiciales en contra que iba recibiendo. La oposición en el Parlamento de Galicia llegó a exigir a Feijóo que abonara esa cantidad de su bolsillo.
A lo largo de sus años en la Xunta, Galicia mantuvo un crecimiento constante del sector eólico, pero lo hizo a menor ritmo que en los períodos precedentes, lastrado en buena medida por la sensación de inseguridad jurídica que provocaron aquellas decisiones. Según datos del Instituto Enerxético de Galicia (Inega), la potencia instalada de los aerogeneradores en Galicia se incrementó en un 36% en el quinquenio 2005-2009. En los 13 años siguientes, entre 2010 y 2022, el aumento se quedó en la mitad: el 18% en todo su mandato.
Pérdida de peso en el contexto estatal
Galicia también perdió peso en la producción eólica estatal. En 2008, con 3.122 megavatios, ocupaba el tercer puesto del ranking por detrás de Castilla La Mancha (3.416) y Castilla y León (3.334), según los datos de ese año de Red Eléctrica Española (REE). Cruzándolos con los del Inega, resulta que Galicia acumulaba en 2008 el 19,8% de la potencia eólica instalada en el Estado. En 2022, esa participación había caído casi siete puntos, hasta el 12,9%. Con 3.879 megavatios, la comunidad también había bajado un puesto en el listado por autonomías, tras Castilla y León, que duplicó su potencia hasta los 6.617 megavatios; Aragón (5.028), y Castilla-La Mancha (4.706).
El bajón en el ritmo de crecimiento del sector también cuestionó las promesas de creación de empleo que acompañaron al concurso de 2010. La Xunta de Feijóo había asegurado que su modelo generaría entre 10.000 y 12.000 puestos de trabajo. Diez años después, sumando los asociados de manera directa e indirecta a la industria eólica, había ocupadas en ella 5.436 personas, según las estadísticas de la Asociación Eólica de Galicia, que agrupa a una treintena de empresas. Entre ellas algunas de las principales productoras del Estado, como Acciona, Endesa, Iberdrola y Naturgy.
Feijóo aseguró en 2010 que su modelo eólico generaría entre 10.000 y 12.000 puestos de trabajo, pero cuando dejó la Xunta 12 años después el sector proporcionaba menos de 5.500 puestos de trabajo
Esa diferencia sirvió para que la contestación social y política a la estrategia eólica de Feijóo reforzara sus advertencias sobre el escaso impacto económico que tenía sobre el territorio y sobre la ciudadanía de Galicia: sin que las empresas estén obligadas a desarrollar planes industriales concretos, la actividad productora no se traduce necesariamente en empleo permanente en los municipios que la albergan. La construcción de un parque concentra trabajadores durante un período limitado, pero su explotación posterior requiere una plantilla mucho menor.
Los ingresos para el Tesoro autonómico también distaron mucho de los 1.032 millones de euros que Feijóo había augurado que se recaudarían gracias a su gestión. En febrero de 2022, pocos días antes de que el líder del PP anunciara que optaría a la presidencia estatal del partido, la Xunta anunció en el Parlamento de Galicia que el canon eólico había recaudado 273 millones de euros desde 2010. Es decir menos de 23 millones al año. A ese ritmo, en 2030, al término del plazo señalado por Feijóo para llegar a los mil millones de ingresos a través de esa tasa, se habrán obtenido 460 millones, menos de la mitad.
1.229 millones de facturación de la industria
En el ejercicio de 2019 –son los últimos datos que ofrece la Asociación Eólica de Galicia–, la industria del viento instalada en la comunidad había facturado 1.229 millones de euros. Pero sólo una mínima parte de esa riqueza llegó a los municipios que albergan parques de aerogeneradores –en 2022 eran 121 de los 313 de Galicia– mediante las ayudas que les proporciona la Xunta con cargo al fondo de compensación creado por Feijóo. Ese instrumento tenía ese año un presupuesto de 11,3 millones, de los que 7,7 millones se destinaron a subvenciones los ayuntamientos. Salían a 63.000 euros de media por concello.
La expansión eólica ha llenado Galicia de molinos. Hay más de 4.000, según el Observatorio Eólico de la Universidad de Vigo, y su impacto es cada vez mayor porque los aerogeneradores son cada vez más grandes. Hoy se instalan modelos de 175 metros de altura y 117 metros de diámetro de rotor que exigen desmontes que alteran por completo la naturaleza, el paisaje de las zonas donde se instalan, con infraestructuras conexas como las subestaciones eléctricas y las líneas de evacuación de energía. La modernización del sector ha permitido producir más electricidad con menos máquinas, pero ha aumentado la dimensión visual de las instalaciones y su afectación a la naturaleza.
La controversia sobre los parques se ha trasladado así a la evaluación ambiental y a la protección de la población, el medio y el paisaje. Una ley autonómica de 2021 estableció distancias mínimas a los núcleos de población de 500 metros o cinco veces la altura total del aerogenerador, pero, según las asociaciones vecinales y ecologistas, eso no ha impedido que los parques afecten negativamente a la forma y a la calidad de vida de centenares de aldeas y a sus posibilidades de desarrollo futuro. Un ejemplo paradigmático es Muras, un municipio de Lugo que cuenta con más de 380 aerogeneradores, algunos de más de 140 metros. Muras tenía 611 empadronados en 2022 y 577 en 2025, según el Instituto Galego de Estatística. Es decir, tres vecinos por cada dos molinos.
En 2017, el Ayuntamiento, gobernado por el BNG con el apoyo del PSOE, puso en marcha una línea de ayudas de entre 300 y 600 euros mensuales por hogar, según su renta, y de hasta 1.500 euros anuales para las pymes, para sufragar sus gastos energéticos. Se financiaron con cargo al presupuesto municipal porque, según el alcalde, se trataba de una cuestión de equidad: no era justo que ellos pagaran la electricidad al mismo precio que en Madrid, la única comunidad española que no tenía ni un sólo parque eólico.
Agravio
El supuesto agravio de muchas familias gallegas que conviven con aerogeneradores a la vista mientras apenas pueden sufragar los gastos de calentar sus hogares es extensible a la industria. Las líneas de evacuación eléctrica transportan a la meseta más de un tercio de la electricidad que se produce en Galicia, pero en la comunidad hay empresas que amenazan con deslocalizar sus fábricas y los puestos de trabajo que proporcionan por los elevados precios de la energía. Otro caso paradigmático es el de Alcoa, de producción electrointensiva y que asume enormes costes para pagar la factura de sus consumos. Según las asociaciones contrarias a la expansión eólica incontrolada, en los 50 kilómetros a la redonda alrededor del complejo de fábricas de alúmina y de aluminio de Alcoa en San Cibrao (Lugo) hay instalados 1.500 aerogeneradores.
La gestión eólica de la Xunta de Feijóo provocó la acumulación de centenares de proyectos, lo que, unido a la creciente conflictividad judicial, llevó a su Gobierno a decretar a finales de 2021 una moratoria de 18 meses que entró en vigor en 2022 y que impedía admitir nuevas solicitudes. Por entonces, la Administración autonómica tramitaba cerca de 275 expedientes que sumaban 7.200 megavatios de potencia, casi el doble de toda la capacidad instalada en la comunidad. Además, muchas de las autorizaciones se frenaban en los tribunales. El TSXG suspendió cautelarmente numerosos parques y anuló varias licencias por evaluaciones ambientales incorrectas, por la fragmentación artificial de proyectos para simular un impacto menor o por defectos en los procedimientos de información pública.
En la primavera de 2022, Feijóo dejó la presidencia de la Xunta para asumir el liderazgo del PP nacional. Su etapa como impulsor y gestor del desarrollo eólico de Galicia consolidó un modelo basado en la regulación autonómica, el canon y la promoción de nuevos parques, pero dejó una sucesión de conflictos judiciales, controversias ambientales y debates sobre el retorno económico para el territorio.
Ese legado está sujeto a un debate mucho más valorativo del que, sin embargo, admite el mero análisis de los datos. En 2010, cuando su primer Gobierno anuló el concurso eólico anterior y repartió de nuevo los derechos de asignación de parques de molinos, Galicia tenía una potencia instalada de 3.285 megavatios. Feijóo distribuyó derechos por otros 2.325 megavatios, lo que suponía superar a medio plazo los 5.600. Cuando dejó la Xunta la potencia eólica instalada en la comunidad no alcanzaba los 3.900. Los cerca de 1.700 megavatios restantes, si los molinos funcionaran ininterrumpidamente a plena potencia durante doce meses, generarían la energía equivalente al consumo anual de 1,8 millones de hogares.