Las decisiones de Alberto Núñez Feijóo sobre el reparto eólico gallego acabaron en dos frentes judiciales: los tribunales declararon que la Xunta no podía suspender el concurso anterior y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló en 2016 el procedimiento que lo sustituyó. Un balance publicado este domingo por Público sostiene que el modelo también quedó lejos de sus previsiones de empleo e ingresos.
El Gobierno de PSOE y BNG había asignado en 2008 derechos para instalar 2.290 megavatios, con compromisos de inversión local y participación pública en los beneficios. Feijóo suspendió ese concurso en el verano de 2009. El TSXG falló contra la decisión en 2011 y 2012, y el Tribunal Supremo confirmó en 2015 que la suspensión no se ajustó a derecho y apreció «desviación de poder». En marzo de 2010, la Xunta había presentado otro concurso, para 2.325 megavatios, y anunció entre 10.000 y 12.000 empleos y 1.032 millones de euros de ingresos por el canon en dos décadas. El TSXG anuló ese procedimiento en 2016 tras el recurso de una empresa excluida; otras compañías también ganaron recursos.
La potencia eólica instalada en Galicia aumentó un 36% entre 2005 y 2009 y un 18% entre 2010 y 2022, según el Instituto Enerxético de Galicia. La comunidad pasó de concentrar el 19,8% de la potencia eólica estatal en 2008 al 12,9% en 2022, y descendió en el ranking autonómico. La Asociación Eólica de Galicia cifró en 5.436 los empleos directos e indirectos del sector en 2020, frente al objetivo de entre 10.000 y 12.000 anunciado para el concurso.
La Xunta comunicó al Parlamento gallego en febrero de 2022 que el canon había recaudado 273 millones de euros desde 2010, frente a los 1.032 millones previstos para dos décadas. Público atribuye parte del menor crecimiento relativo a la inseguridad jurídica derivada de las decisiones judicializadas. En 2017, la Xunta consignó una modificación presupuestaria de tres millones de euros para hacer frente a indemnizaciones que previsiblemente tendría que pagar.
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