La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz registró este jueves ante la Diputación Permanente del Congreso una propuesta de pacto de Estado sobre seguridad ferroviaria, atención a las víctimas y justicia. El plazo para que las formaciones se adhieran vence el 11 de noviembre; la entidad ha anunciado que comunicará a los medios qué partidos aceptan y cuáles no.
La asociación sostiene que el accidente de Urda y los anteriores de Angrois y Adamuz no pueden tratarse como hechos aislados ni esperar a una nueva tragedia para corregir deficiencias. La iniciativa se presenta antes de la campaña electoral para los comicios del 29 de noviembre: el plazo de adhesión termina dos días antes de su inicio formal.
El pacto plantea tres compromisos. En seguridad ferroviaria, pide mantener como prioridades la prevención, el mantenimiento, la inversión, la supervisión independiente y la transparencia. Para las víctimas, propone una respuesta institucional coordinada que incluya asistencia médica, psicológica, jurídica y social, información clara y acompañamiento continuado. En materia de justicia, reclama investigaciones rigurosas, recursos suficientes y procedimientos con plazos razonables, respetando las garantías procesales.
La investigación del siniestro de Urda, que dejó al menos 69 muertos y cientos de heridos, sigue reconstruyendo la secuencia previa al choque. La reconstrucción publicada por El País sitúa hacia las 8.30 la caída del sistema LZB en un tramo de más de 63 kilómetros, que detuvo siete trenes. Seis minutos después, un trabajador del centro de control de Atocha ordenó al AVE 2080 reanudar la marcha normal, pese a que el protocolo exigía circular a una velocidad que permitiera detenerse ante un obstáculo. A las 8.41, la maquinista del Iryo detenido en Urda comunicó que no había logrado conectarse al LZB. Diecisiete minutos después de la caída, el AVE chocó con el otro convoy a entre 160 y 200 kilómetros por hora.
El LZB había sufrido 170 caídas en lo que va de 2026, con duraciones desconocidas, según esa reconstrucción. La línea Madrid-Sevilla es la única que opera sin el sistema ERTMS, aunque ya está instalado y continúa en pruebas. Además, peritos judiciales que investigan el accidente de Adamuz localizaron al menos tres deformaciones en un tramo reformado en octubre de 2025. Han pedido a la jueza que requiera a Adif la documentación completa de la obra, que no se había entregado íntegramente. Adif anunció obras urgentes en ese tramo.
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha reclamado 10.000 millones de euros durante la próxima década para mantener y reparar la alta velocidad. Iñaki Barrón, portavoz de su comité de seguimiento del accidente de Urda y expresidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, pidió prudencia antes de atribuir responsabilidades. También planteó que los centros de control incorporen a representantes de las operadoras con capacidad para tomar decisiones.
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