Iustitia Europa ha recurrido la negativa del Tribunal Supremo (TS) a suspender de forma cautelar el voto de los hijos de nacionalizados por la "ley de nietos", que afecta a 189.678 personas. En su recurso de reposición, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se queja de que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo haya denegado la medida por la proximidad electoral, "cuando fue precisamente esa circunstancia la que llevó a esta parte a reclamar una resolución inmediata". "Habiéndose solicitado en tiempo una tutela de especial urgencia, el transcurso de los días durante la sustanciación del incidente no puede hacerse recaer sobre la solicitante sin examinar qué medidas conservaban todavía utilidad y podían acordarse", expone. Y menos aún, añade, "cuando se habían propuesto fórmulas de identificación y custodia destinadas a permitir la continuación del proceso electoral mientras se practicaban las comprobaciones necesarias".
La formación que lidera el letrado Luis María Pardo pone de relieve que el auto recurrido "no concreta una perturbación grave que justifique sacrificar la tutela solicitada", sino que se limita a enumerar "dificultades de ejecución" y a expresar "dudas sobre la posibilidad de superarlas dentro del tiempo disponible".
"La dimensión del colectivo examinado -189.678 personas- y la distribución territorial de esos votos puede resultar decisiva allí donde la adjudicación del último escaño dependa de diferencias reducidas y repercutir, por esa vía, en la composición de las Cortes Generales y en las mayorías parlamentarias", alerta.
La proximidad del 29N "agrava el peligro"
Una vez celebradas las elecciones del 29N y contabilizados los sufragios, advierte, "la eventual estimación del recurso llegará tarde para impedir sus efectos sobre la representación política y también sobre la legitimación que deriva de la voluntad popular".
La asociación recurrente invoca el voto particular del magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero para incidir en el hecho de que "celebradas las elecciones y computados los votos, la posterior rectificación censal puede llegar demasiado tarde". "La proximidad del escrutinio agrava, por tanto, el peligro que la medida debía evitar", asegura. Para Iustitia Europa, para fundar la denegación era preciso "justificar por qué las comprobaciones propuestas resultaban inviables y por qué tampoco cabía una ejecución parcial, apoyada en los antecedentes y certificaciones ya disponibles".
"La necesidad de realizar comprobaciones, dar audiencia y comunicar sus resultados forma parte de la ejecución de la cautela; su sola mención no
acredita una perturbación grave del proceso electoral.
Permitir que los votos de los hijos de nacionalizados por la "ley de nietos" se incorporen al resultado del 29N "antes de esclarecer el vínculo con los
progenitores afectados", advierte, "puede consumar precisamente el perjuicio que este procedimiento pretende evitar".
"Perturbación grave" del proceso electoral
Iustitia Europa cree que el Supremo debe explicar por qué razones qué actuaciones necesarias para aplicar la medida cautelar "podían causar una perturbación grave del proceso electoral y por qué". La suspensión denegada, razona, "podía llevarse a efecto mediante requerimientos inmediatos y comprobaciones apoyadas en la documentación disponible sobre los progenitores". En este sentido, asegura que las 901 certificaciones de nacionalizados que sí han acreditado documentalmente el exilio (del total de 163.355 analizados) "ofrecían un punto de partida para determinar qué hijos debían quedar excluidos de la suspensión".
Y en cuanto a la necesidad de hacer prevalecer la seguridad jurídica y la estabilidad electoral que pone sobre la mesa la Sala para denegar la suspensión del voto, Iustitia Europa considera que debe anteponerse el interés general de que las elecciones "se celebren sobre un censo formado conforme a Derecho".
La proximidad de las elecciones, sostiene, "incrementa la necesidad de resolver las comprobaciones pendientes". Para la formación recurrente, justificar la denegación exigía establecer que la ejecución de la suspensión ocasionaría "una perturbación grave superior al perjuicio de celebrar el escrutinio sin haber esclarecido las inscripciones controvertidas".
Votos que pueden decidir escaños
Según pone de manifiesto, "debían aprovecharse las comprobaciones ya realizadas sobre los progenitores, requerirse de inmediato la información restante y aplicar las medidas a los supuestos que fueran quedando identificados". De esta forma, argumenta, "la continuidad de los envíos electorales y la conservación diferenciada de los sobres permitían avanzar en esas actuaciones sin exigir la paralización del proceso electoral".
Pardo avisa de que "después del escrutinio puede ser demasiado tarde" porque los votos cuestionados "podrían haber decidido escaños". "Llevamos desde junio advirtiendo de este problema. No podemos permitir que los retrasos administrativos conviertan en irreparable una posible irregularidad electoral", asegura el líder de Iustitia Europa.
En la resolución en la que deniega suspender el voto de los hijos de nacionalizados por la "ley de nietos", el Supremo pondera "la importancia capital de asegurar la limpieza y pulcritud del censo electoral, porque de ello depende la legitimidad democrática de los representantes elegidos por el voto de la ciudadanía". Pero, al mismo tiempo, señala que "no menos relevante en un proceso electoral es el principio de seguridad jurídica", que en este caso "se traduce en que el censo electoral esté cerrado con la debida antelación a la votación", para lo que la Ley Electoral "establece plazos estrictos para su revisión en periodo electoral".
"Iniciar ahora un proceso de revisión del CERA -matizaron los magistrados-, además de los interrogantes que suscita la posibilidad material de ejecución efectiva en el breve lapso temporal existente hasta la fecha de votación y de su escrutinio, entendemos que resulta contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral".