Iustitia Europa presentó este martes un recurso de reposición ante el Tribunal Supremo para que revoque la decisión que mantiene el derecho de voto de 189.678 hijos de personas nacionalizadas por la Ley de Memoria Democrática en las elecciones generales del 29 de noviembre. El recurso impugna el rechazo a suspender cautelarmente a ese colectivo, cuyo sufragio permanece habilitado mientras sigue vigente la suspensión relativa a sus progenitores.
La formación sostiene que esos votos podrían alterar el reparto de escaños en circunscripciones donde el último diputado se adjudique por una diferencia estrecha. En el escrito pide que se determine cuántos de los descendientes figuran en el censo y dónde están inscritos. También afirma que propuso identificarlos y custodiar sus papeletas mientras se comprobaban sus casos. Alega que, tras el recuento, el secreto del voto impediría separar esos sufragios y que una eventual rectificación censal llegaría tarde.
El Supremo rechazó la medida por el calendario electoral. La Sala consideró que excluir a los hijos obligaría a identificarlos, revisar cada situación, comunicarles la decisión y abrir un trámite de alegaciones, actuaciones que difícilmente podrían completarse a tiempo. Añadió que revisar ahora el censo de residentes ausentes (CERA) afectaría a la seguridad jurídica y a la estabilidad electoral.
El auto contó con un voto discrepante y otro concurrente. En el mismo pronunciamiento, el tribunal desestimó las alegaciones de asociaciones y particulares contra la suspensión cautelar del voto de 163.355 progenitores, aunque 901 quedaron fuera de la medida tras acreditar que cumplían los requisitos. La mayoría apreció indicios racionales de presuntas irregularidades en la configuración del censo.
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