De recuperar la sedición a ilegalizar partidos: esto dicen PP y Vox sobre Cataluña en sus programas electorales
La lucha contra el independentismo ya no ocupa tanta centralidad en las propuestas de la derecha, pero sigue habiendo referencias
La lucha contra el independentismo ya no ocupa tanta centralidad en las propuestas de la derecha, pero sigue habiendo referencias

Durante años, la cuestión territorial y el desafío independentista catalán constituyeron uno de los principales asuntos de la política española. La posibilidad de una ruptura con el resto de España, el referéndum del 1-O, la aplicación del artículo 155 y las sucesivas negociaciones entre el Gobierno central y los partidos nacionalistas situaron a Cataluña en el centro del debate político. Sin embargo, con el suflé del independentismo a la baja y el conflicto territorial perdiendo protagonismo en la agenda pública, también ha cambiado el espacio que ocupa esta cuestión en los programas electorales de los partidos de ámbito nacional.
Esa evolución se aprecia en las propuestas del PP y Vox. Las dos formaciones mantienen entre sus prioridades la defensa de la unidad de España, la garantía del castellano y el rechazo a determinadas concesiones al nacionalismo, pero sus documentos electorales contienen menos referencias explícitas a Cataluña y al conflicto independentista de las que cabría esperar en otras etapas.
En el caso de los populares, el primer capítulo del programa lleva por título «Reparar el Estado» y contiene varias propuestas relacionadas con el funcionamiento de la Administración central y la organización territorial. En el apartado 1.3, titulado «El Estado estará presente en toda España», el partido plantea recuperar la presencia de la Administración General del Estado allí donde considera que se ha debilitado.
La propuesta es especialmente explícita al mencionar a Cataluña. El PP se compromete a revisar las oficinas, plantillas e instalaciones de cada comunidad autónoma, provincia, isla y ciudad autónoma, con el objetivo de aprobar posteriormente un Plan Nacional de Presencia del Estado. El documento señala que se actuará primero en aquellos territorios donde la presencia estatal se haya debilitado, «con especial atención al País Vasco, Navarra y Cataluña». Entre las medidas concretas figuran cubrir vacantes, incentivar los destinos de difícil cobertura, rehabilitar oficinas, comisarías y cuarteles y reforzar las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.
En esa misma línea, los populares defienden que la Administración General del Estado ejerza sus competencias «en toda España». El partido asegura que defenderá tanto el Estado de las Autonomías como el autogobierno de las comunidades dentro del marco constitucional, pero advierte de que el Estado debe ejercer directamente las competencias exclusivas que la Constitución le atribuye. Para aquellas materias cuya gestión ya corresponde a las autonomías, propone impulsar estándares comunes y sistemas digitales interoperables.
La unidad nacional aparece también de forma expresa en el programa. Bajo el compromiso de «defenderemos la unidad de España y el orden constitucional», el PP plantea recuperar en el Código Penal el delito de sedición, adaptado a la legislación contemporánea, así como el delito de convocatoria de referéndum ilegal. «Las ideas pueden defenderse democráticamente, pero ningún proyecto político está por encima de la ley», sostiene el documento.
Otro de los puntos con incidencia en Cataluña es el compromiso de blindar la unidad de la Agencia Tributaria y la caja única de la Seguridad Social. El PP asegura que «la gestión de los tributos del Estado no se fragmentará más», en contraposición a los pactos entre ERC, Salvador Illa y Pedro Sánchez para cederle a Cataluña, de manera progresiva, la gestión del IRPF y otros tributos. La propuesta adquiere especial relevancia en el contexto del debate sobre la financiación autonómica y las demandas de un modelo singular para Cataluña. El planteamiento popular se opone a fragmentar territorialmente la gestión de los tributos estatales y a dividir los recursos de la Seguridad Social.
El tercer capítulo del programa del PP, titulado «Reunir a la Nación», contiene otras medidas que afectan directamente a algunos de los principales debates políticos en Cataluña. En el apartado 3.1, «Una ciudadanía común», los populares abordan la cuestión lingüística y, aunque sin mencionarla, plantean eliminar la inmersión. El punto 96 se compromete a garantizar el derecho a recibir enseñanza en castellano en toda España. El partido recuerda que el español es «la lengua común de los españoles», que tienen el deber constitucional de conocerla y el derecho a utilizarla, al tiempo que define las lenguas cooficiales como un patrimonio cultural que debe ampararse.
El siguiente punto, el 97, lleva por título «Defenderemos la cordialidad entre la lengua común y las lenguas cooficiales». El PP defiende que ambas convivan dentro de un proyecto compartido y sostiene que los requisitos lingüísticos deben respetar las libertades y los derechos fundamentales. Además, propone que las administraciones de los territorios con lenguas cooficiales se dirijan a los ciudadanos en castellano o en la lengua cooficial, a elección de estos.
Por otro lado, la financiación autonómica constituye otro de los frentes. En el apartado 3.2, «Unir territorios, generaciones y personas», el punto 101 establece que «ninguna comunidad saldrá del sistema común». El PP rechaza que las comunidades que actualmente forman parte del régimen común abandonen ese modelo y descarta la creación de nuevos regímenes singulares negociados bilateralmente al margen del sistema multilateral. «Lo que es de todos se decidirá entre todos, en los foros multilaterales previstos para ello», recoge el programa, en referencia a los pactos entre el PSOE y ERC, o las exigencias de Junts, para sacar a Cataluña del régimen común.
Vox, históricamente el partido más beligerante contra el nacionalismo catalán, las concesiones al independentismo y el modelo territorial autonómico, también incluye varias propuestas relacionadas con Cataluña. En el apartado dedicado a la «Independencia de la Justicia y lucha contra la corrupción», el punto 103 plantea una «respuesta contundente frente a los ataques contra la Unidad Nacional». Para ello, Vox propone recuperar el delito de sedición, agravar el tipo delictivo de la malversación de caudales públicos y prohibir los indultos para delitos relacionados con la corrupción política, la forma política del Estado o la integridad territorial.
Pero el partido va más allá y plantea directamente la ilegalización de «los partidos políticos, asociaciones u organizaciones de cualquier tipo que atenten contra la soberanía e independencia de España, su unidad e integridad territorial», recuperando su clásica propuesta. Es uno de los planteamientos más duros del programa en relación con el independentismo catalán. Aunque no cita a ninguna formación concreta, la medida va dirigida, principalmente, a los partidos independentistas catalanes que durante años han hecho bandera de la ruptura con España.
La educación y la lengua constituyen otro de los ámbitos en los que el partido introduce medidas que tendrían una incidencia directa en Cataluña. En el apartado de «Educación, cultura y deporte», Vox defiende «garantizar la educación en español en todo el territorio nacional», en referencia al modelo lingüístico. Aunque Vox no menciona expresamente la inmersión lingüística catalana, esta propuesta se enmarca en la oposición que el partido ha mantenido al actual modelo educativo de Cataluña y a la ausencia de una garantía general de enseñanza en castellano.
Texto de La Razón tal como lo publicó, leído de su página y mostrado aquí con el formato de El Autómata. El original, en larazon.es · Volver a la noticia de El Autómata