La formación de un Gobierno integrado por PP y Vox tras las elecciones generales del 29N -ahora mismo la opción más probable, según la mayoría de las encuestas- tendría un impacto muy significativo en Catalunya, con medidas que debilitarían la lengua catalana, supondrían torpedear la regulación de los alquileres, conllevarían un retroceso en el autogobierno y se impondría un marco legislativo que facilitaría volver a reprimir al independentismo. Al menos, si hacemos caso de lo que dicen las promesas y propuestas programáticas de las dos formaciones.
El partido de extrema derecha no presentó hasta el jueves su programa para los comicios, pero el del PP ya recogía en gran parte el marco defendido por la formación de Santiago Abascal, con propuestas totalmente asumibles para la extrema derecha. De hecho, se puede afirmar que el programa de los populares anticipa que, si los números les dan, el acuerdo entre ambas formaciones no será especialmente complicado.
Entre otras cuestiones, el PP recoge la filosofía de la "prioridad nacional" a la hora de tener acceso a determinadas ayudas públicas, en lo que supondría aplicar al Estado una de las ideas más polémicas de sus pactos autonómicos con Vox. El partido de Abascal, obviamente, también menciona la "prioridad nacional" en su programa. La derogación de las leyes de vivienda y de memoria democrática, la revisión de la ley trans para "eliminar la libre autodeterminación registral del sexo" o un claro endurecimiento de las políticas migratorias, de seguridad o en materia penal son solo algunos ejemplos de ideas escritas en el programa del PP con las que comulga totalmente Vox.
En cuanto a Catalunya, el diagnóstico del PP -y que también hace suyo Vox- es que el Estado ha perdido presencia y, por tanto, se tiene que reforzar. Una cuestión que tiene como evidente contrapartida un retroceso en el autogobierno catalán, bajo el objetivo de uniformizar las competencias autonómicas y, de rebote, ir hacia una recentralización en favor del Estado. En el programa que el PP presentó el martes se puede leer que "se ha aceptado que la igualdad puede negociarse, que las competencias exclusivas del Estado entren en intercambios parlamentarios y que las identidades pesen más que la ciudadanía compartida", en una clara alusión a los pactos del Ejecutivo de Sánchez con formaciones soberanistas, sobre todo catalanas.
Si las urnas permiten un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, el PP avisa de que "el Estado estará presente en toda España". ¿En qué se traducirá esto? De entrada, el documento expone que en los seis primeros meses de mandato "auditaremos dónde ha desaparecido la Administración general del Estado y restableceremos su presencia". Y, lisa y llanamente, ya adelanta que "actuaremos primero donde aquella presencia se haya debilitado, con especial atención al País Vasco, Navarra y Catalunya". Paralelamente, el programa detalla que "la Administración general del Estado ejercerá sus competencias en toda España", para añadir que "en las competencias que ya gestionan las Comunidades Autónomas, impulsaremos estándares comunes y sistemas digitales que se comuniquen entre sí".
Represión al independentismo
Si PP y Vox gobiernan también prometen una clara involución en las medidas que han permitido la desjudicialización del conflicto político entre Catalunya y el Estado. Ambas formaciones coinciden en anunciar la derogación de la Ley de Amnistía, un gesto que en todo caso no tendría ningún impacto para todas aquellas personas a las que ya se les ha aplicado la normativa de olvido judicial. En su programa, el PP añade que "prohibiremos que el derecho de gracia se utilice como contraprestación política para formar o mantener un Gobierno", en clara referencia a los acuerdos de investidura que en 2023 ERC y Junts firmaron con el PSOE. Asimismo, el PP dice que aprobará una nueva ley del indulto para que, entre otros, no se pueda aplicar en "delitos contra la integridad territorial o el orden constitucional", lo que excluiría a los que en 2021 se aplicaron a varios dirigentes independentistas. Un punto que reproduce exactamente el programa de Vox.
PP y Vox prometen recuperar el delito de sedición e impedir indultos como los del 'procés'
En la línea de endurecer la represión al independentismo, tanto PP como Vox quieren recuperar el delito de sedición, que se derogó en diciembre de 2022 tras un acuerdo del Ejecutivo de Sánchez con ERC. Además, los populares también quieren volver a contar con el delito de "convocatoria de referéndum ilegal", con el argumento de que "las ideas pueden defenderse democráticamente, pero ningún proyecto político está por encima de la ley". Vox añade que quiere "agravar el tipo delictivo de malversación de caudales públicos", además de plantear la "ilegalización" de los partidos políticos, asociaciones u organizaciones de cualquier tipo" que atenten contra la soberanía e independencia de España, su unidad e integridad territorial".
Por último, el partido de Feijóo plantea que el "Tribunal Constitucional no será una segunda instancia sobre el Tribunal Supremo", por lo que un recurso de amparo "no servirá para volver a revisar la interpretación de la legalidad ordinaria que corresponde al Tribunal Supremo". Hay que recordar que la presentación de recursos de amparo ha sido la vía utilizada por los dirigentes independentistas condenados por el procés para acabar consiguiendo la aplicación de la amnistía.
El PP cierra la puerta a la singularidad de la financiación catalana
La aspiración de un sistema de financiación "singular" para Catalunya, como el que defiende ERC, o de un concierto económico como el vasco o navarro, como el que reivindica Junts, será del todo inviable con un Gobierno de PP y Vox. Al respecto, los populares subrayan que "vamos a blindar la unidad de la Agencia Tributaria y la caja única de la Seguridad Social", para añadir que "la gestión de los tributos del Estado no se va a fragmentar más". Dicho con otras palabras, en el programa cierra la puerta a la delegación a Catalunya de tributos estatales -como el IRPF, una reclamación de ERC-, pero también a la creación de organismos como el consorcio tributario, que ve con buenos ojos el PSC. Por si no había quedado claro, en otro apartado del programa, el PP afianza que "ninguna comunidad saldrá del sistema común [de financiación] (...), ni habrá nuevos regímenes singulares negociados bilateralmente al margen de ese sistema", en lo que no deja de ser otra referencia a un acuerdo de Sánchez con ERC. El programa de Vox no hace ninguna mención explícita a la financiación autonómica, pero el partido ya dejó claro su rechazo al modelo pactado entre socialistas y republicanos.
Retroceso del catalán
La presencia del catalán en las instituciones estatales y en la escuela del Principado experimentará un retroceso si PP y Vox cumplen sus promesas electorales. El partido de derechas quiere tirar atrás la reforma del reglamento del Congreso que permite el uso del catalán, el vasco y el gallego en la cámara. En su programa, el PP asegura que el "castellano volverá a ser la lengua común de trabajo en el Congreso", si bien no cierra la puerta a "mantener la posibilidad de uso de las lenguas cooficiales en el Senado". No todo el mundo en el partido comparte la propuesta de impedir el uso del catalán en la cámara baja. De hecho, su cabeza de lista en Catalunya y alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, manifestó en el reciente debate electoral de RTVE que "no molesta a nadie" que se pueda hablar catalán en el Congreso.
En materia de lengua, sin embargo, el gran campo de batalla de PP y Vox es el modelo de inmersión lingüística en la escuela, que en la práctica quieren torpedear. El PP reitera en el programa que "garantizaremos el derecho a recibir enseñanza en castellano en toda España", algo que también recoge Vox. Los de Feijóo dicen que lo harán "desde el respeto a las lenguas cooficiales de cada una de las comunidades y en cumplimiento de las sentencias judiciales", aunque no avanza qué porcentaje de enseñanza debería ser en castellano.
A nivel de enseñanza, también plantea una uniformización de las PAU, con la implantación de una prueba de acceso a la universidad "común", que "se aplicará a todo el territorio nacional", en lo que no deja de ser una propuesta recentralizadora, que recoge igualmente Vox. La formación ultra, además, habla de acabar con "las diferencias en los contenidos curriculares", otro retroceso en la soberanía autonómica.
Catalunya fue la primera autonomía en aplicar el índice de precios que permite limitar los alquileres en las zonas tensionadas en materia de vivienda, una medida que según datos recientes del Govern ha permitido contener las rentas y en algunos casos, como en la ciudad de Barcelona, incluso reducirlas ligeramente. El sistema no continuará si gobiernan el PP y Vox, que prometen la derogación de la Ley estatal de vivienda y, paralelamente, "de las zonas tensionadas y el índice de precios, que han introducido más intervención, más incertidumbre y menos oferta en el mercado del alquiler". Antes de la normativa estatal, Catalunya ya había intentado fijar topes al precio de los alquileres, pero el Tribunal Constitucional dictaminó que la medida excedía sus límites competenciales. La derogación de las "medidas intervencionistas" en vivienda también la comparte plenamente Vox.
En materia energética, el PP y Vox quieren eliminar el actual calendario de cierres de las centras nucleares, que en el caso de Catalunya afectaría a las de Ascó I -fijado para octubre de 2030-, Ascó II -con fecha actual de octubre de 2032- y Vandellós II -previsto para febrero de 2035-, algo que Feijóo se compromete a lograr en los primeros 100 días de gobierno.
El programa del partido de extrema derecha no explicita algunas propuestas que sí que recogió Vox tras su asamblea general del año pasado, entre las que estaban "reducir drásticamente todo el gasto de la Administración territorial del Estado" y "limitar al máximo constitucionalmente permitido las transferencias a Comunidades Autónomas y administraciones locales". Asimismo, también planteaba centralizar a nivel estatal las compras "para todos los sistemas autonómicos sanitarios, farmacéuticos y de educación". Medidas claramente destinadas a reducir la capacidad y autonomía de los gobiernos, para avanzar hacia el proyecto final de Vox a nivel territorial, que es "la recuperación completa de todas estas competencias y la eliminación del Estado autonómico".