Alberto Núñez Feijóo propone centros de retorno y patrullas de Frontex en aguas africanas
El programa prevé instalaciones fuera de la UE para ejecutar expulsiones y alojar a solicitantes de asilo mientras se tramitan sus expedientes.
El programa prevé instalaciones fuera de la UE para ejecutar expulsiones y alojar a solicitantes de asilo mientras se tramitan sus expedientes.

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El PP propone crear centros de retorno fuera de la Unión Europea para expulsar a personas en situación irregular con una orden firme de repatriación y alojar a solicitantes de asilo mientras se tramitan sus expedientes. El programa electoral con el que Alberto Núñez Feijóo concurrirá a las generales del 29 de noviembre plantea también ampliar la estancia en los centros de internamiento de extranjeros (CIE) y ejecutar en España las decisiones de retorno dictadas por otros Estados miembros.
El programa pide la activación permanente de Frontex en Canarias, Ceuta y la ruta entre Argelia y Baleares. Feijóo defiende además que la agencia europea despliegue buques frente a las costas africanas para impedir la salida de cayucos hacia Canarias. El PP apuesta por aplicar el Reglamento europeo de retornos y acelerar las repatriaciones.
En materia de regularización, el partido plantea reformar la Ley de Extranjería para prohibir las regularizaciones masivas e indiscriminadas y limitar el arraigo a casos individuales excepcionales. También propone que el empadronamiento, por sí solo, no baste para acceder a ayudas económicas no urgentes.
Los extranjeros que renueven una residencia temporal en el régimen general tendrían que firmar un compromiso de integración y acreditar que han aprendido español, conocen la Constitución y los valores de la UE y, cuando corresponda, han recibido formación laboral. Las administraciones asumirían tareas de orientación y formación. El texto incluye también el respeto a la ley y a la igualdad entre mujeres y hombres.
El PP condiciona la política migratoria a la cooperación de los países de origen en las readmisiones. Vincula esa colaboración al acceso a visados, la ayuda al desarrollo, la posición española en la política comercial europea y los cupos de trabajadores extranjeros. Estos últimos se reservarían a países cooperantes y se revisarían cada año atendiendo al paro, las vacantes y la capacidad de empleo, vivienda y servicios públicos. El partido plantea evaluar anualmente el impacto de la inmigración en los salarios, el mercado laboral y las cuentas de la Seguridad Social.
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